El contrabando a Brasil de semillas argentinas, alentado por omisiones del gobierno en materia de fiscalización, amenaza con diseminar la soja transgénica en este país, a pesar de la prohibición de tales cultivos.
La siembra de la soja Round-up Ready (RR), desarrollada por la empresa estadounidense Monsanto para resistir al herbicida glifosato y reducir así costos de manejo, está prácticamente sin control, según un informe del diputado Ronaldo Vasconcellos, del Partido Liberal.
La producción comercial de la soja RR fue autorizada en 1998 por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, pero luego embargada por la justicia, ante cuestionamiento de organizaciones no gubernamentales por la ausencia de estudios de impacto ambiental y sanitario, exigidos por la legislación.
Las semillas traídas de Argentina desde 1997 o 1998, y multiplicadas dentro del país, equivalen a 60 por ciento de la siembra en el estado de Río Grande del Sur y se expandieron hacia el norte a casi todos las regiones productoras del país, según varios testimonios recogidos por el diputado Vasconcellos.
La estimación se basa en la caída de las ventas de semillas certificadas, que se limitan hoy a sólo un tercio de las sembradas en el estado más meridional de Brasil, según Joao Henrique Hummel, presidente de la Asociación Brasileña de Semillas.
Dos tercios estarían ocupados por los transgénicos ilegales.
No hay como comprobar las cifras, destacó el diputado, observando que la difusión de datos exagerados interesa a los sectores favorables a la liberación de los transgénicos en el país.
El objetivo, aseguró, es crear un hecho consumado, de modo de desalentar resistencias ante la diseminación irreversible de la soja RR.
El ministro de Agricultura, Marcus Pratini de Moraes, favoreció los cultivos ilegales, al manifestarse públicamente a favor de los organismos genéticamente modificados, acusó Vasconcellos, en su informe a la Comisión de Defensa del Consumidor, Medio Ambiente y Minorías de la Cámara de Diputados.
En consecuencia de esa postura por encima de la ley, el Ministerio de Agricultura comete omisión en su deber de inspeccionar e impedir la siembra ilegal, estimulándola de hecho, señaló el diputado del Partido Liberal, ingeniero electricista de profesión.
Vasconcellos acusó también la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de favorecer a la compañía Monsanto y actuar más como promotora de la biotecnología que como órgano técnico de evaluación de riesgos.
La liberación de la producción de la soja RR en 1998 fue precipitada, y no se justifica la autorización de siembras experimentales de hasta 110 hectáreas, con los mayores predios atribuidos a Monsanto, observó el legislador.
Vasconcellos sospecha que en esas haciendas se produjeron semillas ilegales que se sumaron a las contrabandeadas.
La batalla no está perdida y Brasil aún puede ser territorio libre de transgénicos, dijo a IPS el presidente de la Compañía de Abastecimiento de Río Grande del Sur, Silvio Porto.
El gobierno del estado prohibió estos productos e intenta controlar la extensa frontera con Argentina, país donde la soja transgénica se cultiva con libertad y domina el mercado.
El contrabando disfrutó de relativa libertad hasta 2000, por un conflicto de competencias que impidió las autoridades del estado hacer inspecciones en la frontera, mientras el gobierno federal no cumplía sus funciones de fiscalización, según Porto.
Pero es posible contener el tráfico de semillas, tal como se está evitando el contagio del ganado brasileño por los brotes de fiebre aftosa en Argentina, aseguró. Análisis sistemáticos de las cosechas y castigos, como la suspensión de los créditos a quienes siembran transgénicos, podrían eliminar el problema, acotó.
Las noticias sobre la expansión descontrolada de los transgénicos preocupa también al gobierno del estado de Paraná, también meridional, segundo productor nacional de soja.
La Secretaría de Agricultura de Paraná desplegó en marzo una ofensiva contra los cultivos ilegales de soja RR, comprobados en 17 áreas que, por esa razón, sufrieron interdicciones y cuyo destino dependerá de la Justicia.
Es la primera vez que los análisis rutinarios, hechos desde 1998, detectan transgénicos. Además, las siembras irregulares suman sólo 0,01 por ciento del area sembrada de soja en el estado, advirtieron las autoridades, temerosas de perder exportaciones.
La Federación de Agricultura de Paraná, así como la de Mato Groso del Sur, el estado brasileño de mayor producción, acompañan a los gobiernos locales en el rechazo a los transgénicos, pues sus grandes mercados, los de la Unión Europea y Japón, prefieren el grano sin modificaciones genéticas.
Liberar los transgénicos en Brasil o admitir la contaminación por siembras ilegales, representaría una temeridad y una pérdida enorme de ingresos, advirtió la Comisión Técnica de Granos de la Federación de Agricultura de Paraná.
El país no puede asegurar la entrega de la soja tradicional requerida por sus mayores importadores, pues el sistema nacional de almacenamiento no permite una segregación confiable de los dos tipos de grano, explicó.
Además, Brasil se ha beneficiado por ofrecer soja no transgénica. En las dos últimas cosechas su participación en el mercado mundial aumentó de 24 a 36 por ciento, mientras la de Estados Unidos, campeón de los organismos genéticamente modificados, bajó de 57 a 46 por ciento, señalaron los técnicos. (FIN/IPS/mo/mj/en dv/02
