Guatemala está controlada por una «mafia corporativa» en que firmas transnacionales actúan «en connivencia» con policías, militares y delincuentes, afirmó la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
La investigadora estadounidense Tracy Ulltveit-Moe afirmó, al participar en la presentación el jueves en Madrid del informe «El legado mortal de Guatemala», que en ese país los violadores de derechos humanos que actuaron en el pasado continúan en el poder, a pesar de que la democracia formal fue restaurada hace dos decenios.
El informe sobre «el pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos» fue presentado, además, por el presidente de la filial española de Amnistía, Esteban Beltrán, el fiscal guatemalteco Celvin Galindo y Denise Becker, sobreviviente en 1982, cuando tenía nueve años, de una masacre en que murieron sus padres.
Guatemala soportó 36 años de guerra civil hasta 1996, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgente Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, tras negociaciones iniciadas en Madrid en 1987.
Beltrán señaló que Guatemala aparece en las noticias cuando se registran desastres naturales, como el huracán Mitch en 1998, pero no por las continuas violaciones de derechos humanos, algo a lo que, sostuvo el activista, se le debe prestar máxima atención en la actualidad.
Ulltveit-Moe afirmó que Guatemala se diferencia de otros países de América Latina que padecieron dictaduras, como Chile o Argentina, en que responsables de violaciones de derechos humanos siguen en el poder.
El general Efraín Ríos Montt, dictador entre 1982 y 1983, «el período de mayor recrudecimiento de las masacres», acusado de genocidio ante el juez español Baltasar Garzón, es en la actualidad el presidente del Congreso de Diputados, indicó la investigadora.
El informe documenta la impunidad del asesinato en 1998 del obispo Juan José Gerardi, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Galindo, fiscal especial en esa investigación, dijo que él y una decena de personas que actuaban en el juicio debieron abandonar el país en 1999 debido a las amenazas.
Nueve testigos que permanecieron en Guatemala fueron asesinados, indicó.
El informe también documenta la impunidad del asesinato del empresario Edgar Ordóñez Porta, cuyo cadáver apareció mutilado en 1999. Un hermano y socio de la víctima acusa del crimen a integrantes del ejército cuyos intereses económicos se veían amenazadas por la pequeña refinería que acababa de abrir la familia.
Ese caso, según Amnistía, «es un claro ejemplo de las violaciones de derechos humanos en el marco del Estado de Mafia Corporativa en el que ciertos agentes económicos, como filiales de corporaciones transnacionales, actúan en connivencia con sectores de la policía, el ejército y delincuentes comunes».
«La matanza de miles de indígenas y las graves violaciones de derechos humanos sufridas por muchos más durante las operaciones de contrainsurgencia nunca se han abordado adecuadamente, y los responsables a todos los niveles continúan en libertad y ejerciendo el poder en la Guatemala actual», según la organización.
Esa impunidad «transmite a quienes están en el poder el mensaje de que pueden asesinar sin que pase literalmente nada, y abona el terreno para nuevos abusos».
Becker habló en inglés, con voz entrecortada, pues tras la masacre fue adoptada por una familia estadounidense. «Hasta perdí mis lenguas madres», el español y el achí, dijo.
La joven se llamaba Dominga Sic Ruiz y tenía nueve años cuando en 1982, en el poblado achí de Río Negro, presenció el asesinato de sus padres a manos de soldados y paramilitares que condujeron a 177 mujeres y niños a las montañas, donde fueron masacrados.
La niña, escondida entre los árboles, pudo escuchar los disparos.
Becker está casada y tiene dos hijos pequeños. Volvió a Guatemala en 2000 para buscar a sobrevivientes de su familia y exigir justicia.
«Para que Guatemala por fin pueda dejar atrás su terrible pasado, es fundamental abordar el legado de impunidad de las violaciones de derechos humanes actuales y las cometidas en el pasado», sostuvo Amnistía.
«Hasta que se emprenda (una) reforma de raíz de la judicatura guatemalteca para ajustarla a las normas internacionales, y hasta que se haga llegar claramente el mensaje de que no se tolerará ni quedará impune ningún abuso contra los derechos humanos, no puede haber una paz real y duradera en Guatemala», agregó.
La primera medida que recomienda Amnistía es la aplicación de los elementos del Acuerdo de Paz de 1996 referidos a los derechos humanos y al estado de Derecho, entre ellos determinar el destino de los desaparecidos.
La organización también aconsejó establecer un programa eficaz de protección del personal judicial y los testigos, garantías de seguridad para defensores de los derechos humanos, asegurarse de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley respeten las normas internacionales y desmantelar los «escuadrones de la muerte», ejércitos privados y fuerzas paramilitares. (FIN/IPS/td/mj/hd/02
