La inédita beligerancia política de militares venezolanos en servicio activo responde en realidad al papel institucional que ha dado a los uniformados el propio gobierno de Hugo Chávez.
El vicealmirante Carlos Molina Tamayo se convirtió el 18 de este mes en el tercer oficial en actividad y el de más alto rango en pedir públicamente la renuncia de Chávez, un teniente coronel retirado que trata de implementar la llamada «revolución social bolivariana» desde que asumió el gobierno en febrero de 1999.
Molina Tamayo criticó el papel político dado a las Fuerzas Armadas y el carácter autoritario de Chávez, elegido en las urnas, pero que en febrero de 1992 encabezó una frustrada rebelión militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, cuando éste cumplía su segundo mandato (1989-1993).
Similar posición sostuvo el día 8 el primer oficial en pronunciarse, el coronel de aviación Pedro Soto, a quien luego se le unió el capitán de la militarizada guardia nacional Pedro Flores. Ninguno de los tres ha sido detenido, pero se enfrentan a procesos internos en sus respectivos cuerpos.
Analistas políticos consultados por IPS coinciden en descartar que ese tipo de pronunciamiento responda a la gestación de un golpe de Estado contra Chávez y precisan que las expresiones responden en realidad al nuevo escenario planteado por el gobierno.
Paralelamente, se han intensificado las protestas callejeras desde el 10 de diciembre, tanto a favor como en contra de Chávez. En ese marco, el coronel Soto fue convertido en héroe por la oposición, que ha tomado como centro de sus protestas la plaza Francia, ubicada en un barrio de clase media alta de Caracas.
Desde comienzos de este mes se reúnen a diario centenares de opositores al gobierno en plaza Francia, mientras que los partidarios de Chávez lo hacen frente a las puertas del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, «urge crear una referencia política que articule el vasto sentimiento mayoritario que desea una solución pacífica y democrática a la crisis y rechaza las posiciones radicales», señaló Teodoro Petkoff, director del vespertino Tal Cual.
En tanto, el general retirado y profesor universitario Alberto Muller Rojas dijo a IPS, respecto de las críticas de oficiales activos, que «las Fuerzas Armadas no están aisladas del debate político que tiene lugar en el país».
«Los pronunciamientos no son ninguna amenaza de que puedan tomarse acciones por la vía de la fuerza, pues la gran mayoría de los efectivos no están en uno de los puntos de la polarización que se vive tan marcada en el país», aseveró Muller Rojas, antiguo colaborador de Chávez y ex embajador venezolano en Chile.
Por su parte, el analista político Manuel Felipe Sierra aseveró a IPS que «hay tensión dentro de las Fuerzas Armadas, pero las expresiones de descontento son individuales, se han dado aisladamente».
Opinó que la posición de beligerancia política que han evidenciado los oficiales está relacionada «con la politización de las Fuerzas Armadas y el involucramiento político que ha tenido el sector castrense con el gobierno de Chávez».
La Constitución Bolivariana, impulsada por Chávez y aprobada en 1999, habilitó el voto de los militares y no puso límites a la expresión de opiniones políticas por parte de los miembros activos de las Fuerzas Armadas.
Además, el mandatario ha colocado a militares, retirados y activos, en altos cargo públicos que en el pasado eran ocupados por civiles, como los responsables de programas sociales, de la industria petrolera y de las telecomunicaciones.
Al mismo tiempo, Chávez suele exhibir en actos oficiales su uniforme militar, pese a que está en situación de retiro. Este conjunto de factores ha implicado un nuevo escenario político en Venezuela.
«Hay un deseo de pronunciarse, pero no con el poder de las armas sino con expresiones políticas, y en los pronunciamientos (los oficiales) han aclarado que son ciudadanos más que militares y que actúan 'ciudadanamente'», explicó Muller Rojas.
Para Sierra, tampoco esta coyuntura castrense no debe ser vista como la gestación de un golpe.
«Cada quien monta su show (espectáculo), pero nadie está preso. En el antiguo orden legal eso habría sido imposible, porque no se permitía el pronunciamiento público de un militar sobre asuntos políticos», comentó el experto.
A su vez, Petkoff apuntó, en tono irónico, que el aporte venezolano «a la historia universal de los golpes de Estado» será el carácter «mediático y a cuenta gotas» de los pronunciamientos castrenses en contra del gobierno.
El director del vespertino Tal Cual recalcó que los sucesos de este mes evidencian una crisis que «no involucra a las Fuerzas Armadas como institución, hasta ahora, sino a militares en tanto que individuos».
Sin embargo, los distintos análisis políticos advierten que Chávez debe trazar una nueva estrategia para el sector militar, que podría pasar por la dimisión del ministro de Defensa, José Vicente Rangel.
El periodista Rangel es el primer civil al frente de la cartera de Defensa en más de un siglo en Venezuela. Según Sierra, fue designado hace más de un año para aplacar los conflictos que existían entre las distintas fuerzas, debido a que Chávez había privilegiado al ejército, del cual proviene como militar.
«Rangel ha fracasado como ministro», enfatizó Sierra, para quien el colaborado del presidente sólo logró posponer las situaciones de inconformidad, por ejemplo en materia de ascensos, un asunto que estuvo presente en la demanda de Soto.
Por eso Chávez deberá moverse con cuidado cuando haga nuevas designaciones castrenses, para evitar que lo que hasta ahora son expresiones individuales tengan una resonancia institucional de impredecibles consecuencias en el mundo militar y político venezolano, concluyó Soto. (FIN/IPS/ac/dm/ip/02
