Trabajadores y organizaciones civiles de Egipto se oponen a un proyecto de ley de flexibilización laboral del gobierno que, afirman, favorecerá a las empresas instaladas en nuevos parques industriales.
El Comité para la Defensa de los Sindicatos, integrada por partidos opositores, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, condenaron el proyecto de ley, al que consideraron «una masacre de los trabajadores egipcios».
Una declaración del Comité denunció que, de ser aprobada, la ley dará a los empleadores «el derecho unilateral de poner fin a un contrato laboral, alterar la descripción de las tareas, recortar salarios y asignar a trabajadores a puestos no previstos en los contratos».
Como parte de los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el gobierno de Egipto cerró o privatizó un buen número de fábricas que han sido reemplazadas por nuevos parques industriales, considerados por los trabajadores como «cementerios de los derechos sindicales».
Uno de estos parques industriales es el de Ramadán, unos 70 kilómetros al nordeste de El Cairo. El complejo de fábricas es una de las banderas de las reformas económicas del gobierno.
Las reformas comenzaron en Egipto en 1991, cuando el FMI concedió a Egipto un préstamo de 372 millones de dólares condicionado a un ajuste estructural de la economía. El Cairo se comprometió a privatizar empresas, a eliminar controles de la producción e inversión y a reducir el déficit fiscal.
«Todos los nuevos parques industriales, incluyendo el de Ramadán, representan una pérdida sin precedentes de las condiciones laborales», dijo Karam Saber, director del Centro de la Tierra, organización civil de defensa de los derechos sindicales.
«En los últimos dos años se registraron crecientes violaciones de derechos laborales como consecuencia directa del programa de reformas económicas», agregó Saber.
Youssef Farahat, de 29 años, trabaja 10 horas diarias en una empresa química privada en el parque industrial de Ramadán. Todos los días emplea otras cuatro horas en viajes de ida y vuelta en un autobús de la compañía. Su salario es de 80 dólares mensuales.
Como en la mayoría de las nuevas compañías, en la fábrica en que trabaja Farahat han cambiado las normas que rigen la relación entre obreros y patrones, forzando a a los trabajadores a firmar cartas de renuncia como condición para ser aceptados en el puesto de trabajo, sostuvo el joven.
De ese modo, el empleador pueda deshacerse de ellos cuando mejor le convenga.
La firma anticipada de renuncias «es una práctica común en la mayoría de las ciudades industriales creadas como parte de las reformas del gobierno», dijo Saber.
Muchos trabajadores denuncian casos de compañeros que sufrieron accidentes laborales y no recibieron atención médica ni compensaciones de los empleadores o del gobierno, al que acusan de velar por los intereses de los empresarios y desconocer las leyes laborales.
«Queremos seguros de salud y sociales. No queremos dejar de trabajar, sino sentirnos humanos. Si tengo un accidente, mi familia no obtendrá ni un centavo del dueño del complejo industrial», reclamó Mostapha Alí, conductor de autobuses en el complejo industrial.
La disconformidad de los trabajadores no se limita al sector privado.
En la mayor industria textil del país y principal firma exportadora, la estatal Misr, en la ciudad de Mehala el-Kobra, 120 kilómetros al norte de El Cairo, los empleados trabajan ocho horas diarias, seis días a la semana, por una retribución promedio de 65 centavos de dólar la hora.
Según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo alcanza 13 por ciento en Egipto. Muchos trabajadores aceptan salarios bajos y malas condiciones laborales por esa causa.
Una estrategia utilizada por los empleadores consiste en transferir a los trabajadores a áreas alejadas para silenciar las protestas sindicales o decidir el fin de la relación laboral alegando que los empleados desobedecieron instrucciones.
El gobierno permite la organización de sindicatos, pero no reconoce el derecho de huelga y el de negociación colectiva. Los sindicatos existentes orientan su actividad en conformidad con las demandas del Estado.
En El-Mehala, algunos trabajadores denunciaron que la policía contrata a espías para que vigilen a sus compañeros para evitar intentos de huelga y otras medidas de fuerza. Otros hablan de visitas de funcionarios vestidos de particular que entrevistan a los trabajadores para reunir información.
Sin embargo, la situación de explotación y falta de garantías para los trabajadores originó un aumento de las protestas y manifestaciones.
«En 1997, registramos 35 huelgas y protestas. En 2001 fueron 130. No todos se conforman: algunos se defienden y luchan», dijo Saber. (FIN/IPS/tra-en/em/aa/lp/mj/lb/02
