El escándalo causado por el colapso de la empresa de energía Enron Corp. llegó a las puertas de los organismos gubernamentales de Estados Unidos que financian y facilitan proyectos privados en países en desarrollo.
La quiebra de Enron puso de relieve la necesidad de supervisar más de cerca a la Corporación de Inversiones Privadas de Ultramar (OPIC, por sus siglas en inglés) y al Export-Import Bank (Ex-Im), según grupos ambientalistas y de derechos humanos.
Juntas, las dos agencias financiaron o aseguraron proyectos de Enron en América Latina y Asia por 2.300 millones de dólares, afirmó el sociólogo Aaron Goldzimer, de la organización Defensa Ambiental, de Washington.
Al menos algunos de esos proyectos fueron ambientalmente destructivos y asociados con violaciones a los derechos humanos, por lo que nunca debieron recibir el apoyo financiero de Washington en primer lugar, arguyeron los ecologistas.
No sólo empleados y accionistas resultaron estafados por los oscuros programas financieros de la compañía texana, según Goldzimer.
«Los contribuyentes han sido coinversionistas en proyectos que beneficiaron a Enron pero dañaron al ambiente y a comunidades locales», sostuvo.
A diferencia de otras agencias de créditos para la exportación, como las de Japón y Europa, OPIC y Ex-Im están limitadas por pautas ambientales y sociales, como la realización obligatoria de estudios sobre el impacto ecológico de los proyectos propuestos.
Sin embargo, según los activistas, esas pautas no se cumplieron y ambas agencias financian todavía proyectos perjudiciales, entre ellos algunos de Enron.
En 1999, por ejemplo, OPIC aprobó un seguro de riesgo político por 200 millones de dólares para el gasoducto de Cuiabá, un proyecto conjunto entre Enron y la anglo-holandesa Shell Oil para transportar gas natural desde el este de Bolivia hasta una central de energía en la ciudad de Cuiabá, en el norte de Brasil.
Grupos conservacionistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el estadounidense Amazon Watch se oponen radicalmente al plan.
El respaldo de la OPIC al proyecto de Cuiabá viola las propias normas del organismo, desarrolladas durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), que prohíben la financiación de programas de infraestructura en bosques tropicales primarios, afirmaron ambos grupos.
El gasoducto atraviesa el mayor bosque tropical seco intacto del mundo, conocido como el Chiquitano. Los nuevos caminos abiertos en la selva facilitarán la caza furtiva, la tala ilegal, las actividades agrícolas y la instalación de asentamientos humanos, advirtieron los ambientalistas.
«La ruta de acceso al gasoducto, de 200 kilómetros de largo y 30 metros de ancho, dividirá en dos y lastimará de forma permanente uno de los bosques tropicales más prístinos del planeta, además de acelerar la desforestación», previno Atossa Soltani, director de Amazon Watch.
El proyecto ya contaminó fuentes locales de agua, promovió la caza ilegal y realizó construcciones con impacto perjudicial sobre las comunidades indígenas del lugar.
Otro polémico proyecto de Enron respaldado por el gobierno de Estados Unidos es la central de energía a gas de Dabhol, diseñada para generar 2.015 megavatios de electricidad y descripta como la mayor inversión extranjera en India.
Enron era el socio mayoritario en el proyecto de 2.800 millones de dólares, que incluye también a General Electric, Bechtel y al gobierno de la provincia occidental de Maharashtra.
La central de Dhabol recibió 640 millones de dólares de OPIC y el Ex-Im a mediados de la década de 1990, sumando un préstamo de 300 millones de dólares del Ex-Im y un total de 340 millones entre créditos y seguro de riesgo político de OPIC.
En 1999, Human Rights Watch (HRW), una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, acusó a subsidiarias de Enron de pagar a funcionarios de seguridad locales en Maharashtra para que reprimieran la oposición a la construcción de la central.
«Ahora, Enron es acusada de arrogancia y falta de transparencia, pero la gente de Dabhol ha sabido esto por mucho tiempo», señaló Arvind Ganesan, directora del programa de negocios y derechos humanos de HRW.
Enron, aseguró, ha sido cómplice de violaciones a los derechos humanos en India desde 1992, cuando la oposición local denunció actos de corrupción y negociaciones apresuradas sobre las condiciones de la inversión de Enron.
Grupos de agricultores protestaron porque la central había adquirido sus tierras de manera injusta y había desviado los escasos cursos de agua.
HRW documentó persecusiones y ataques a opositores del proyecto por parte de contratistas. La policía se negó a investigar las acusaciones y en varios casos realizó arrestos con falsas acusaciones, acusó el grupo.
En una ocasión, en junio de 1997, la policía de Maharashtra golpeó y detuvo arbitrariamente a decenas de aldeanos opuestos al proyecto, el cual está ahora a la venta.
«El gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad especial por las consecuencias de la inversión de Enron sobre los derechos humanos, debido a su fuerte presión a favor de las tres empresas estadounidenses que desarrollan el proyecto», acusó Ganesan.
Derechos humanos aparte, OPIC y el Ex-Im nunca debieron respaldar el proyecto por razones puramente financieras, señalaron activistas.
El Banco Mundial se negó reiteradamente a financiar el proyecto porque no lo consideraba económicamente viable y sus términos eran beneficiosos sólo para Enron.
Ganesan exhortó a los legisladores de Estados Unidos a no aprobar nunca más asistencia gubernamental a ese tipo de proyectos y a establecer en el Ex-Im una oficina de evaluación de derechos humanos subordinada al Congreso.
Esa oficina fue propuesta el año pasado, pero la administración de George W. Bush y las grandes empresas se opusieron, y finalmente la iniciativa murió en una comisión de la Cámara de Representantes, el pasado noviembre. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/mlm/if-hd-en/02
