La presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri, arriesga su reputación en materia de respeto por los derechos humanos en la noroccidental provincia de Aceh, donde un movimiento independentista gana fuerza cada año.
Activistas humanitarios señalan que el aumento del número de muertes violentas en esa provincia, rica en recursos naturales, es un claro indicador de la política de Megawati, quien ocupaba la vicepresidencia antes de asumir el gobierno a fines de julio, cuando el parlamento destituyó a Abdurrahman Wahid.
Wahid se enfrentó al Poder Legislativo cuando éste decidió someterlo a juicio político por corrupción e incompetencia.
2001 fue uno de los años más violentos en la historia de Aceh, con casi 1.700 personas muertas en incidentes relacionados con el separatismo, el doble que en 2000, y cerca de la mitad de esas muertes ocurrieron después de que Megawati asumiera el gobierno, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Entre los muertos estuvieron un hombre y sus tres hijos, cuyos cadáveres acribillados a balazos fueron hallados el lunes en una aldea de la región oriental de la provincia.
Graves violaciones de los derechos humanos, «entre ellas torturas y ejecuciones ilegales, se cometen todos los días» en Aceh, según la activista Lucia Withers, supervisora en Indonesia de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.
Civiles «son sometidos con frecuencia a castigos colectivos» por las fuerzas de seguridad gubernamentales, tras ataques contra éstas del Movimiento Aceh Libre (GAM, por sus siglas en indonesio), afirmó.
«Esa es la realidad diaria, que afectaría las credenciales democráticas de cualquiera. La situación en Aceh no es peor ni mejor desde que Megawati Sukarnoputri asumió la presidencia», añadió.
El GAM comenzó a actuar en 1976, y desde entonces se han registrado más de 10.000 muertes relacionadas con su lucha independentista, afirman activistas humanitarios.
La actitud de Megawati ante la cuestión de Aceh es similar a la que adoptaron Wahid y su predecesor, Bacharuddin Jusuf Habibie, quienes expresaron preocupación por la violencia al comienzo de sus mandatos, pero no fueron capaces de adoptar medidas que la detuvieran.
«La presidenta pidió perdón al pueblo de Aceh por las violaciones de los derechos humanos cometidas por gobiernos anteriores, como lo habían hecho Wahid y Habibie, pero al igual que ellos, no ha actuado en forma coherente con sus palabras», apuntó Withers.
«Armados con el juramento del soldado y las leyes vigentes, cumplan sus deberes y responsabilidades del mejor modo posible, sin preocuparse por la violación de los derechos humanos», dijo Megawati en un discurso ante soldados el sábado, durante la celebración del Día del Ejército, según versiones periodísticas.
Organizaciones humanitarias locales criticaron esas palabras, dirigidas a integrantes de un ejército con graves antecedentes en materia de violación de los derechos humanos.
El lunes, la Comisión Indonesia para las Personas Desaparecidas y las Víctimas de Violencia (KONTRAS, por sus siglas en indonesio) y otras instituciones humanitarias acusaron a la presidenta de complicidad con los violadores de los derechos humanos.
«El gobierno no ha demostrado que esté comprometido con seriedad a juzgar a los responsables de abusos» en ACEH, dijo Ori Rahman, de KONTRAS, en declaraciones publicadas el lunes pasado por el diario Jakarta Post.
Quizá Megawati desee que los militares aplasten al movimiento independentista de Aceh y a los que comienzan a actuar en otras provincias, para mantener la integridad de la república fundada hace décadas por su padre, Ahmed Sukarno, líder de la lucha contra el dominio colonial holandés y primer presidente del país.
La presidenta «tiene hondas convicciones nacionalistas, y ha dejado claro desde que asumió el gobierno que considera importante preservar el territorio indonesio», comentó Arif Rusli, coordinador de proyectos en Indonesia de la organización no gubernamental humanitaria Forum-Asia, con sede en Bangkok.
Ese punto de vista es común en Yakarta, donde «los políticos siempre han deseado mantener control sobre las provincias», señaló.
Rusli es poco optimista en relación con las medidas adoptadas por el gobierno para responder a las demandas en Aceh, que incluyeron el año pasado un estatuto especial de autonomía.
Ese estatuto «no fue recibido con euforia en la provincia», pese a que marcaba una gran diferencia con la situación previa en Aceh y en otras provincias, como la centroseptentrional de Kalimantán Oriental y la oriental de Irian Jaya, apuntó.
Las poblaciones de esas provincias tienen poca participación en la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras y de otros recursos naturales, y perdieron el derecho a fijar una agenda política propia.
El estatuto especial para Aceh incluye mayor participación local en las decisiones sobre las reservas de petróleo y gas natural de la provincia, así como la proclamación de la vigencia de la shari'a (ley islámica) a partir del martes.
Esa ley establece los deberes religiosos de los musulmanes e incluye la aplicación de severas penas, como la de muerte y la de amputación de miembros.
Sin embargo, los académicos islámicos de Aceh, cuya población profesa con fervor la religión musulmana, dijeron a periodistas que no había nada especial que celebrar, porque la shari'a se aplica en esa provincia desde hace años.
Muchos conflictos en la región se deben a que Yakarta no reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, dijo a IPS la abogada pakistaní Hina Jilani, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones UNidas, Kofi Annan, para la defensa de los derechos humanos.
«La democracia y los derechos humanos en un país son incompletos mientras no se admite esa autodeterminación, y no será posible poner fin a la lucha mediante la represión», aseguró. (FIN/IPS/tra-eng/mmm/ccb/mp/ip hd/02
