La demanda judicial de artistas plásticos de Perú contra una revista de arquitectura para que pague por publicar fotos de pinturas de Pablo Picasso provocó una fuerte polémica acerca del límite entre comercio y difusión de obras de arte.
La Asociación para la Protección de Artistas Visuales (Aspav) demandó en diciembre a la revista Arkinka e informó que cobrará a los medios de prensa por cada fotografía que reproduzca los trabajos de sus 82 miembros o de pintores extranjeros, cuyos derechos de autor dice cautelar.
Arkinka no ha incluido en sus páginas ninguna imagen de cuadros pintados por los miembros de Aspav. Pero esa asociación reclama el pago por la publicación de obras de famosos pintores extranjeros, como los españoles Picasso y Salvador Dalí, los rusos Marc Chagall y Vassily Kandinsky, los franceses Pierre Bonnard y Henri Matisse, y otros artistas.
El enfrentamiento también presenta aristas políticas, pues Aspav es presidida por Victor Delfín, un pintor cercano al presidente Alejandro Toledo, a quien acompañó en las protestas callejeras que contribuyeron a derrocar el gobierno de Alberto Fujimori en noviembre de 2000.
El triunfo electoral de Toledo, que asumió la presidencia en julio pasado, convirtió a Delfín en el artista con mayor influencia política en el país y en presidente de la estatal Comisión Nacional de Cultura.
La Aspav fue creada en 1997 por Yiva Villavicencio, una abogada que se especializó en derechos de autor en un curso realizado en 1996 en Londres, donde también se relacionó con la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), radicada en París.
La Cisac, encargada internacional del cobro de derechos de autor, supervisa, entre otras cosas, la aparición de imágenes de sus representados en libros de arte, diseños textiles, elementos de decoración y de otras maneras.
También cobra una tarifa por la utilización de esas imágenes, cuando las reproducciones no han sido autorizadas por los propietarios de los respectivos derechos, además de representar a los herederos de famosos artistas ya fallecidos.
«Los derechos de autor tienen un plazo de expiración de 70 años después de la muerte del artista y la Cisac vigila, a través de filiales como Aspav, si las obras creadas por sus representados se están utilizando con fines comerciales», explicó Villavicencio.
La Aspav entiende que también están obligados a pagar derechos los medios que utilizan fotos de obras de arte para ilustrar informaciones, reclamo que no fue aceptado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) durante el gobierno de Fujimori, iniciado en 1990.
Sin embargo, las nuevas autoridades del Indecopi, impuestas por Toledo, reconocen a Aspav el derecho a cobrar por las reproducciones de cuadros incluidas en las notas periodísticas.
En base a esa autorización, la asociación de artistas demandó a la revista Arkinka el pago de las fotos de cuadros incluidas en sus crónicas sobre exposiciones en museos de diversas capitales del mundo.
El director de Arkinka, el arquitecto Frederick Cooper, se rehúsa a pagar 80 dólares por cada una de las 24 fotos de cuadros que, en promedio, publicó mensualmente desde enero de 1997 a la fecha, en los informes sobre exposiciones en París, Londres, Madrid o Nueva York.
«De pronto nos llegó el alud de facturas, que no estamos en condiciones de pagar. Si nos obligan a hacerlo tendremos que cerrar la revista, pues Arkinka no es un negocio lucrativo y la editamos por vocación», señaló Cooper.
En cambio, Delfín sostuvo que «Arkinka es una revista para arquitectos pitucos (petimetre)», por lo cual no hay razón para que no paguen. «Si la obra de un pintor o un escultor aparece en algún medio de comunicación, el artista tiene derecho a cobrar alguna regalía», añadió.
Pero el juicio contra Arkinka no es la única contienda planteada por Aspav. El poeta Enrique Verastegui fue conminado judicialmente a pagar por utilizar en la portada de su poemario un fragmento de una pintura de Alberto Aragón.
La inclusión no autorizada de las obras de un pintor en una enciclopedia artística puede también ser materia de cobro por vía judicial.
La editorial Ponce se enteró de esa situación cuando recibió una citación judicial por incluir en la enciclopedia «Pinturas y Pintores del Perú» una foto de un cuadro de Alberto Quintanilla, sin pagar los derechos de autor.
El periodista Pablo Bonilla explicó la controversia a su manera, al apuntar que Delfín «tiene éxito desde la década del 70 con sus esculturas hechas con chatarra de hierro, pero su pintura es calificada como mediocre por los críticos de arte, a quienes en respuesta, Delfín detesta».
La evolución del juicio contra Arkinka podría determinar que en el futuro los diarios y revistas de Perú se inhiban de publicar fotos de cuadros de pintores nacionales o extranjeros, una posibilidad que preocupa a la mayoría de la comunidad artística del país.
«Se debe cobrar a quienes reproducen obras artísticas para su venta o para la publicidad, pero es absurdo considerar explotación comercial a la difusión periodística, opinó Mariana Vega, columnista del diario Correo.
Esa divulgación «forma parte del ejercicio de la libertad de información de la prensa y del derecho del público a ser informado», puntualizó.
El pintor Gerardo Chávez también cuestionó al presidente de la Comisión Nacional de Cultura.
«No entiendo como Delfín, a quien se le encargó el diseño de la política cultural oficial, promueve el virtual bloqueo de la difusión masiva a través de la prensa de las creaciones artísticas, que forman parte del patrimonio de la humanidad», comentó.
Otro pintor, Fernando de Szyszlo, sostuvo que cobrar a la prensa por difundir fotos de cuadros perjudica las posibilidades de promoción de los artistas, «porque a los pintores nos conviene que la prensa se ocupe de nuestras obras».
Chavez y Zzyszlo son dos de los más importantes pintores peruanos y ambos aceptaron inicialmente la invitación de Delfín de formar parte de la Aspav, pero, al igual que otros destacados artistas plásticos, renunciaron al conocer su intención de cobrar a la prensa por informar sobre obras de arte.
«Los artistas somos así, tornadizos, pero los que no estén de acuerdo, que se retiren, nadie los obliga a ser miembros de una asociación. Aunque me quede solo cumpliré con el deber de ayudar a mi tribu. Si mi tribu se desbanda, no es mi problema. La Aspav seguirá exigiendo el cobro», replicó Delfín. (FIN/IPS/al/dm/cr/02
