Las protestas en Argentina adquieren cada vez más organización y blanco definido a medida que pasan los días y se agudiza la falta de trabajo, la moneda local pierde terreno frente al dólar y siguen congelados los depósitos bancarios.
Las movilizaciones populares espontáneas provocadas por el colapso económico, que pusieron en jaque a las instituciones a fines de diciembre, comienzan ahora a ser lideradas por grupos de interés específico o vecinales con creciente incidencia frente a las autoridades.
El espacio para esas nuevas formas de organización de la sociedad civil aumenta a la par de que el gobierno de Eduardo Duhalde trata de recuperar la actividad económica, reestructurar el sistema financiero y bancario y encaminar el cambio de sistema monetario de la manera menos traumática posible.
Al respecto, una comisión técnica internacional colaborará con el equipo económico de Duhalde, designado presidente el 1 de este mes por el Congreso para completar el mandato hasta 2003 de Fernando de la Rúa, quien renunció el 20 de diciembre cuando sólo había cumplido dos años de gobierno.
El grupo es integrado por el presidente del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga, su par de Chile, Carlos Massat, el mexicano Miguel Mansera Aguaya, quien encabezó la entidad rectora bancaria de su país durante la crisis de fines de 1994 y 1995, y un delegado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La conformación de esta asesoría surgió de un contacto telefónico entre el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y Horst Kohler, director gerente del Fondo Monetario Internacional, que pide a Argentina «un plan económico sustentable» para salir de la crisis y recuperar la confianza internacional.
Entre las cuestiones a resolver por el gobierno y los asesores se cuenta el diseño de un cronograma de liberación de depósitos de miles de ahorristas, que evite el retiro masivo de dinero efectivo de los bancos, y la adecuación de la economía a la pesificación tras 10 años de paridad de la moneda local con el dólar.
Precisamente, la clase media afectada por el llamado «corralito financiero», las restricciones al movimiento de depósitos bancarios impuestas el 3 de diciembre e incrementadas este mes, se sumó cacerola en mano en los últimos 30 días a las protestas de grupos sociales y políticas tradicionales.
Los «cacerolazos» barriales espontáneos de sectores de ingresos medios, profesionales y empresarios pequeños y medianos han confluido en los últimos días en convocatorias más amplias y simultáneas con experimentadas asociaciones de pensionados y de trabajadores desocupados, sindicatos y otros grupos sociales.
Una experiencia de ese tipo ocurrió el día 22, cuando trabajadores de 76 hospitales de la central provincia de Buenos Aires realizaron una huelga simultánea en defensa de la salud estatal y en reclamo de insumos para atender a los pacientes y el pago de salarios atrasados.
«No tenemos alcohol, gasas, ni jeringas», explicó una enfermera del hospital Posadas, quien se preguntó «qué va a ser de la gente que menos tiene si ni siquiera puede acudir por asistencia a un hospital público».
El eje de las protestas en Buenos Aires y en su zona metropolitana, que concentran un tercio de los 36,6 millones de argentinos, pasa por demandas de trabajo, subsidios de desempleo, el levantamiento del «corralito» y de deudores hipotecarios en dólares que temen perder sus viviendas por la fuerte devaluación.
Así, los manifestantes, que en los primeros días de este mes se concentraban en los barrios o frente a los bancos, pasaron ahora a realizar asambleas vecinales multitudinarias, como las convocadas los domingos por la tarde en el parque Centenario, ubicado en una zona céntrica de la capital argentina.
Los vecinos se nuclean en torno a carteles identificatorios de sus barrios para discutir propuestas y reclamos precisos, como el «no pago de la deuda externa», el rechazo al «corralito», «a la pesificación de los depósitos» bancarios y al recorte de salarios públicos y de pensiones decretado en el último tramo del gobierno de De la Rúa.
El movimiento de vecinos también demanda la renuncia en pleno de la Corte Suprema de Justicia, acusada de beneficiar a ex funcionarios procesados por actos de corrupción, como fue el fallo que dejó en libertad al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) en la causa por venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
«Nos están robando el futuro», es una de las frases que repiten los manifestantes y que denota la incertidumbre y la desesperación reinantes en la población.
En los bancos han quedado retenidos los ahorros de jubilados, de trabajadores y de pequeños empresarios, depositados en dólares cuando regía la hoy derogada ley de convertibilidad, que fijaba la paridad de un peso argentino igual a un dólar.
Esos fondos fueron convertidos ahora a moneda local al cambio oficial fijo de 1,40 pesos por dólar, mientras la cotización de la moneda estadounidense fluctúa en el mercado libre entre 1,70 y dos pesos.
El colapso de la economía también llevó a al ruina al sistema estatal de asistencia de salud.
Los pensionados y jubilados, que perciben salarios ínfimos, ni siquiera pueden disponer de sus ahorros para comprar medicamentos, y la población de menores recursos se encuentra desamparada, como es el caso de los hemofílicos u otros enfermos crónicos que dependían de esa atención gratuita para sobrevivir.
En tanto, el empresariado pequeño y mediano debe afrontar el cierre de sus establecimientos por el corte de la cadena de pagos y la consecuente falta de recursos para hacer frente a los insumos y a los salarios de sus empleados.
Otros argentinos notoriamente afectados por la crisis y en especial por el cambio de sistema monetario son los deudores hipotecarios, que accedieron a su vivienda a través de créditos mayores a 100.000 dólares, quienes cambiaron las cacerolas por las llaves para protestar.
Este sector, que quedó excluido de la pesificación de sus deudas, ya concentra en las manifestaciones entre 5.000 y 7.000 personas sólo en Buenos Aires y prepara una movilización nacional para el día 30, denominada «el llaverazo».
La dirigente de la Asociación de Defensa del Consumidor y del Usuario de Argentina, Sandra González, informó sobre la presentación de «un recurso de amparo, en el que se pide la pesificación de todas las deudas hipotecarias, ya sea con bancos u otras instituciones financieras».
«Pedimos igualdad ante la ley», explicó González, quien advirtió que son más de tres millones los que mantienen deudas en dólares con empresas constructoras y financieras privadas, y «corren el riesgo de perder sus casas si el gobierno no toma una medida al respecto».
Por su parte, profesionales de todas las áreas han convocado a una asamblea pública en una plaza de Buenos Aires para redactar propuestas de soluciones a los problemas administrativos del Estado para presentar al gobierno.
Mientras se desarrollan y cobran fuerzas estas protestas de grupos de interés específico o barriales, los desempleados vinculados a organizaciones más experimentadas, como la Corriente Clasista y Combativa y otras, siguen con manifestaciones en ocho provincias y cortes de ruta de acceso a la capital argentina.
«Nosotros no golpeamos cacerolas, porque no tenemos. No tenemos nada que cocinar. No golpeamos llaves porque no tenemos casas. No reclamamos el pago de salarios porque no tenemos trabajo», dijo un joven del movimiento de desocupados, conocido como «piquetero» por su práctica de corte de rutas.
El dirigente añadió, a modo de explicar las diferencias con las otras protestas, que «tampoco tenemos dinero en el banco, pero nos solidarizamos con los que están siendo afectados por el 'corralito', porque si tienen sus ahorros en el banco tienen que dárselos».
Reconoció el crecimiento y la permanencia de la movilización popular y el mayor grado de organización, aunque destacó que se encaran con sentido sectorial.
«Nosotros somos solidarios, pero creemos que tenemos que salir todos juntos a la calle, porque si cada grupo se moviliza sólo por lo que lo afecta particularmente no vamos a encontrar la solución», advirtió. (FIN/IPS/va/dm/ip/02
