El programa de emergencia del gobierno argentino comenzó a regir este lunes, a pesar de las presiones de las empresas afectadas por la devaluación, y ahora debe enfrentar una gran prueba en el mercado: la de los precios.
«El éxito del plan depende de que la gente (los consumidores) discuta los precios, para que haya pocos cambios», dijo el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. El funcionario reconoció que, de todos modos, habrá un impacto inevitable en los valores de productos importados y en mercaderías exportables.
El gobierno espera pasar la prueba de fuego de los precios para presentar el presupuesto de 2002 y sólo en 15 o 20 días comenzar una negociación formal con el Fondo Monetario Internacional para obtener una ayuda financiera adicional, explicó Remes.
El ministro destacó que la nueva ley aprobada el domingo por el congreso, que puso fin a la convertibilidad del peso, faculta al gobierno a imponer precios máximos en rubros sensibles como combustibles y medicamentos, y que las autoridades harán uso de esos poderes en caso de abuso de posición monopólica por parte de los proveedores.
Las medidas promulgadas tuvieron aparentemente la aceptación de público. Esta vez no hubo golpes de cacerolas, como ocurrió con el final de la gestión presidencial de Fernando de la Rúa o con su primer sucesor, Adolfo Rodriguez Saá. La población parece haber valorado la firmeza del gobierno de Eduardo Duhalde para no ceder a las presiones de empresarios.
Duhalde y Remes Lenicov se negaron a recibir durante al fin de semana la visita y los llamados de representantes de empresas privatizadas, de petroleros y de banqueros, sobre todo de España, primer inversor extranjero en el país. La frustrada presión estaba orientada a evitar una devaluación que recortará las utilidades de esos grupos.
Empresas españolas invirtieron cerca de 40.000 millones de dólares en Argentina en los años 90, según destacó la prensa de ese país. Las acciones de esas compañías y de los bancos que las siguieron hasta Argentina pierden terreno en la bolsa de valores de Madrid.
De producirse, el incremento de los precios determinará de inmediato el aumento de la pobreza. La firma Artemio López y Asociados calculó que una eventual alza de 20 por ciento del costo de la vida incrementará la población pobre de 14,5 a 17,8 millones de personas, sobre un total de 36 millones de habitantes.
Para contrarrestar el aumento de la pobreza y neutralizar nuevos conflictos, Duhalde prometió que se mantendrán los actuales subsidios de empleo y que incluso se ampliarán, pero aún no se conoce cuál será la fuente de financiamiento de estos planes.
«Los pobres ya hicieron muchos esfuerzos y ahora les toca a los ricos, que deben ser solidaros», dijo Remes Lenicov el domingo de noche. Lo hizo en respuesta a una consulta sobre la reacción de las empresas españolas, que cuestionan el cambio de reglas en sus contratos con el gobierno.
El programa de emergencia de Duhalde ha dejado sin efecto una cláusula de esos contratos que actualizaba las tarifas en función del valor del dólar.
La petrolera española Repsol YPF ganó más de 1.000 millones de dólares en el primer semestre de 2001. Otra empresa de ese país, Telefónica, reconoció haber ganado en Argentina, el mismo periodo, 1.044 millones de dólares, 16 por ciento más que en los primeros seis meses de 2000, a pesar de la profunda recesión argentina.
Resignados a ceder parte de esas ganancias, los empresarios extranjeros se muestran ahora más dispuestos a negociar. Edenor, una compañía eléctrica de Francia, que presta el servicio en una zona de Argentina, se declaró dispuesta a acatar la nueva norma.
Por su parte, el canciller español Josep Piqué dijo que seguirá dialogando con Argentina para hallar una salida «realista» a la crisis.
El Estado tampoco podrá esta vez compensar las pérdidas de los bancos y de las empresas privatizadas, pues está virtualmente quebrado, en suspensión de pagos y con una recaudación tributaria que cayó 30 por ciento en diciembre.
La eventualidad de un fuerte aumento de precios tras la devaluación de casi 30 por ciento parece neutralizada por un mercado empobrecido, con consumidores sin empleo ni dinero en efectivo, que optaron por abstenerse de comprar o por adquirir sólo lo que se mantiene a bajo costo.
En el fin de semana, cuando se celebraba el día de Reyes, las ventas en jugueterías y tiendas de vestido y calzado infantil cayeron entre 35 y 50 por ciento respecto del año pasado, de acuerdo con un sondeo de la cámara de pequeños comerciantes. En este contexto, parece difícil pensar en un aumento masivo de precios.
Por de pronto, la misma ley promulgada estableció que los créditos hipotecarios, prendarios y de tarjetas de crédito menores a 100.000 dólares se pasarán a pesos con la paridad vigente hasta la víspera. Es decir, un dólar igual a un peso. También se traducen a pesos los contratos de alquiler -por 180 días- y las tarifas de servicios públicos.
Las medidas del gobierno para hacer frente a una de las peores crisis de la historia de Argentina fueron criticadas por las empresas privatizadas y por los exportadores de hidrocarburos, que soportarán un nuevo impuesto.
Ese derecho sobre la exportación de petróleo se destinará a garantizar la emisión de un título público para compensar a los bancos por la conversión a pesos devaluados de las deudas en dólares.
Todas estas reglas son un freno para la inflación. Pero, además, un desempleo cercano a 20 por ciento, la escasez de circulante -por las restricciones a la extracción de depósitos de los bancos- y la determinación del gobierno de no convalidar los aumentos mediante una nueva emisión monetaria parecen bloquear la posibilidad de un aumento descontrolado de precios al consumo.
En 1989, cuando los precios crecieron en un año casi 5.000 por ciento, la tasa de desempleo se ubicaba en sólo seis por ciento de la población económicamente activa. Ahora, Argentina padece una profunda recesión de más de 42 meses, el desempleo se ha disparado y el dinero en efectivo es escaso.
Más de 60.000 millones de dólares en depósitos y cuentas de ahorro quedaron atrapados en los bancos a fines de noviembre cuando el gobierno de De la Rúa, que renunció el 20 de diciembre, intentó frenar de ese modo una corrida bancaria.
El nuevo gobierno considera ahora ampliar el tope de extracciones en efectivo y prevé un cronograma de largo plazo para la devolución de depósitos.
En una recorrida realizada por IPS, se repitió una misma queja en el pequeño comercio. Algunos proveedores mantuvieron los precios y otros pretendieron aumentarlos, pero los comerciantes no les compraron. De esa forma, no sólo mantienen los precios ante su clientela sino que intentan forzar a la baja los que exigen los intermediarios.
«El kilo de pan yo lo mantengo igual, pero hace dos semanas, la bolsa de 50 kilos de harina nos costaba 14,80 dólares y ahora (el molinero) pretendió vendernos la del tipo más común a 18,20. Lo que hicimos fue no comprarle, porque por suerte todavía tenemos», comentó la propietaria de una panadería de la periferia de Buenos Aires.
Otros panaderos optaron por aumentar por precaución o porque no tenían más harina y debieron aceptar la nueva cotización. El problema con la harina es que las nuevas medidas disponen una devaluación que beneficiará a los exportadores, y se teme entonces el desvío de la producción hacia el exterior.
En el caso de los productos importados, la devaluación se trasladó casi por completo a los precios al consumidor. En artículos de perfumería, papelería, y limpieza, importados de Brasil en muchos casos, ya se observaron aumentos. Otros productos con insumos importados para su fabricación también se incrementaron, aunque en menor medida.
«Lo que aumenta no lo traigo, así conseguimos que (las empresas) Sancor y Parmalat bajaron los lácteos, que los habían aumentado», comentó el propietario de un pequeño comercio. No obstante, admitió que hay pañales descartables y productos de limpieza que aumentaron, pero no más de 10 por ciento. «La gente no los va a comprar», aseguró.
Respecto del transporte, la situación es crítica, y los empresarios descuentan la necesidad de negociar con el Estado las nuevas condiciones. El gasoil, el combustible que se utiliza para el transporte de pasajeros, tuvo un incremento de ocho por ciento el fin de semana y también subió el papel para la impresión de los pasajes, que es importado.
Los empresarios tienen deudas en dólares superiores a 100.000 dólares, y por lo tanto, las nuevas medidas los dejaron fuera de los beneficios. «Esto para nosotros implica la quiebra», protestaban este lunes algunos de ellos, conscientes de que el mercado no está en condiciones de absorber un aumento de la tarifa.
El presidente de la Cámara de Actividades Mercantiles Empresariales, Osvaldo Cornide, sostuvo que en el sector de pequeños y medianos comerciantes y empresarios puede haber un pico inicial de incrementos. Pero «se va a atenuar en seguida, porque la capacidad adquisitiva del mercado no permite absorber nuevos aumentos».
Los cigarrillos, refrescos y cervezas ofrecidos en los kioskos no aumentaron. En cambio, se incrementó el precio de algunas golosinas procedentes de Brasil -alrededor de 20 por ciento- y productos farmacéuticos que los pequeños comercios optaron por abstenerse de reponer hasta que el Estado imponga controles.
«Bayer nos quería vender las aspirinas con un aumento de 80 por ciento», comentó indignada la propietaria de un kiosco, aludiendo al laboratorio extranjero de especialidades medicinales que amenazó a las farmacias con fuertes aumentos y provocó desabastecimiento en algunos productos.
La cotización del tipo de cambio oficial será fijada en los primeros meses por el Banco Central y se utilizará para las operaciones de comercio exterior. Pero habrá además un dólar de venta libre, que Remes Lenicov cree que no se cotizará muy lejos del anterior, cuya paridad es de 1,40 pesos.
Pero este lunes -y a pesar del feriado cambiario que se extenderá hasta el miércoles- el dólar se cotizaba a 1,40 pesos para la compra y 1,60 para la venta. (FIN/IPS/mv/ff/01
