La discusión en el parlamento de Brasil de un proyecto que haría prevalecer las negociaciones sindicales sobre la legislación laboral reactiva la polémica sobre la flexibilización como forma de reducir el desempleo.
La propuesta presentada por el ministro del Trabajo, Francisco Dornelles, fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados, por 264 votos contra 213, tras varios intentos frustrados en las dos semanas anteriores.
Sin embargo, ese paso no asegura el triunfo del proyecto de flexibilización de las leyes laborales, ya que encontrará mayor resistencia en el Senado.
La iniciativa del gobierno de Fernando Henrique Cardoso será rechazada por la cámara alta si el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con 24 de los 81 senadores, se mantiene aliado de la oposición izquierdista en esta materia, aunque forme parte de la coalición en el poder.
El gobierno presentó el proyecto en carácter de urgente votación, lo cual obliga al Congreso a decidir en un plazo de 45 días a partir de su presentación, provocando con ello protestas y disensiones, incluso en otros sectores oficialistas, además del PMDB.
Los diputados se vieron en medio de dos fuegos cruzados en las últimas semanas, por la presión del gobierno, ejercida incluso por el propio Cardoso, y por las duras críticas de sindicalistas contrarios al proyecto.
Las protestas sindicales se manifestaron incluso con violencia, como la ejercida contra Dornelles, por ejemplo, cuyo automóvil sufrió la perforación de los neumáticos.
Pero también el sindicalismo se dividió. La Central Unica de Trabajadores (CUT), la mayor organización laboral del país, encabezó la movilización de rechazo a lo que considera un nuevo factor de reducción de derechos sociales y de precarización del trabajo.
En cambio, el presidente de Fuerza Sindical, Paulo Pereira da Silva, declaró su apoyo a la propuesta del gobierno, aunque su postura no tiene consenso en esa central, la segunda más importante del país.
Neusa Barbosa de Lima, secretaria de Política de la Mujer de Fuerza Sindical, aclaró a IPS que esa central no apoya en pleno el proyecto, como informara la prensa de manera equivocada, según dijo.
«El momento es inoportuno» y «no se justifica la urgencia» en decidir sobre una cuestión tan polémica, que exige mayor discusión de toda la sociedad, en especial de los sindicatos, argumentó la sindicalista, una obrera de la industria de alimentos.
La urgencia requerida por Cardoso es una prerrogativa que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo. Por eso, superado los 45 días de plazo, su votación pasa a ser condición obligatoria para que la Cámara de Diputados o el Senado puedan decidir sobre otras cuestiones.
Esa fue la razón por la cual la pauta de la Cámara, que incluye temas importantes como una enmienda constitucional, estuvo bloqueada por más de dos semanas.
De esta manera y ante el acuerdo entre el PMDB y la oposición de extender el plazo hasta el máximo, la decisión final en el Senado demorará por lo menos hasta marzo, pues el Congreso entrará en receso dentro de dos semanas y sólo retomará sus sesiones a mediados de febrero.
Así, la polémica cobrará intensidad hasta esa fecha, con debates que involucran, además de políticos y sindicalistas, a economistas, sociólogos, abogados y jueces.
El Colegio de Abogados de Brasil, por ejemplo, ya anunció que cuestionará la constitucionalidad de la ley ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de ser aprobada finalmente por el Senado.
Dornelles sostuvo que su propuesta no deroga ningún derecho laboral, sino que sólo agrega un mecanismo que concede a las negociaciones entre sindicatos y empresas el poder de sobreponerse a las numerosas disposiciones legales hoy en vigor.
Los trabajadores, si consideran desventajosa una propuesta de los patrones, pueden simplemente rechazarla y seguirán protegidos por las leyes actuales, observó.
El ministro de Trabajo entiende que, sin embargo, la flexibilización legal permite crear nuevos empleos y la reducción del trabajo informal, que afecta a 35 millones de brasileños.
Los argumentos de Dornelles son apoyados por muchos economistas y expertos en cuestiones laborales, que destacan como «sobrepasada» la legislación brasileña, cuyo eje central ya cumplió 58 años.
Los defensores del proyecto aseguran que la regulación del mercado de trabajo por las leyes actuales, en desmedro de la negociación, hace que Brasil sea un campeón de acciones en la justicia laboral, donde se tramitan dos millones de procesos cada año, frente a sólo 17.000 en Estados Unidos y 1.500 en Japón.
La experiencia de otros países, como Alemania, Argentina y España, reveló que esa flexibilización aumentó el desempleo, la precariedad y la inseguridad social, contrarrestan la CUT, partidos y economistas de oposición.
En Brasil, los efectos serán más graves, porque la mayor parte de los sindicatos son débiles, sin capacitación ni representatividad, agrega una mayoría de jueces y abogados laboralistas.
Las mujeres, principales víctimas de la globalización y de la consecuente precarización del empleo, verían «agravarse su situación» en caso de aprobación del proyecto gubernamental, sostuvo Barbosa de Lima.
La sindicalista añadió que no son los sindicatos sino «el empresariado brasileño el que no está preparado para soluciones negociadas», porque pocos tienen responsabilidad social como los europeos. (FIN/IPS/mo/dm/lb/01
