Organizaciones de la sociedad civil de 13 países de América constituyeron este miércoles en la capital de Chile el primer Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes.
El organismo, pionero en América Latina, recopilará información, realizará acciones legales y educativas e interpelará a los gobiernos respecto de la defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos, dijo a IPS Diego Carrasco, Secretario Técnico del Capítulo Chile Ciudadanía.
La iniciativa se concretó en el seminario internacional «Globalización de la ciudadanía», citado por organizaciones no gubernamentales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional de los Migrantes.
A la conferencia asistieron expertos y activistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú para considerar el asunto y elaborar una propuesta de cambios en la legislación.
Carrasco señaló que este organismo será la contraparte de un observatorio integrado por los gobiernos que se constituirá en Quito en mayo.
Un estudio sobre la emigración ecuatoriana hacia España elaborado por el experto Patricio Benalcázar y presentado en el seminario indica que «la globalización económica demanda violentamente la apertura de los mercados, de los capitales y de la tecnología, pero cierra las oportunidades para el libre traslado de las personas».
La emigración «del Sur al Norte» solo es admitida por los países industriales «hasta el límite de sus propios intereses», según el informe.
Esta situación se ha agravado después de los atentados cometidos el 11 de septiembre contra Estados Unidos, según Roberto Garretón, asesor regional para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«En algunos países se ha comenzado a responsabilizar de los hechos a los migrantes. Una falta migratoria ahora se ha vuelto causal de detención», dijo Garretón.
Harvey Suárez, subdirector de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia, señaló que «la lucha antiterrorista planteada en términos de intervención militar formula grandes desafíos en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales».
«En el caso colombiano, esta nueva retórica del terrorismo universal como el nuevo enemigo resulta funcional a la implantación de medidas de mano dura», agregó.
En su estudio «La migración forzada en Colombia», Suárez señaló que la guerra y los intereses político-militares de los actores armados no son la única ni la principal causa del desplazamiento forzado y la búsqueda de refugio en los países armados.
«La globalización excluyente ha acelerado la migración forzada. Territorialidades y formas de gobernabilidad medianamente ajenas al conflicto interno fueron incluidas en el mapa geoestratégico de los 'actores' armados y en el de muy poderosos intereses transnacionales legales e ilegales», explicó Suárez.
El documento advierte que el desplazamiento forzado se desbordó en Colombia durante 2001, constituyendo la cifra más alta de las ultimas dos décadas.
«Entre enero y septiembre alrededor de 277.927 personas fueron expulsadas de sus lugares de vivienda y trabajo por grupos paramilitares y de guerrilla, sin que el Estado haya evitado esta sistemática y masiva violación de los derechos humanos», indica el informe.
Tampoco los guerrilleros y paramilitares han «respondido a la exigencia nacional e internacional de respetar a la población civil en el marco del derecho humanitario», agrega.
Cada año, millones de personas en América Latina dejan sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida.
Estos movimientos migratorios provocan enormes cambios en las sociedades de destino, que fácilmente se transforman en xenofobia o discriminación, si su ingreso no va acompañado de una política realista y mancomunada entre la sociedad civil, el Estado y el resto de los ciudadanos, coinciden activistas y expertos.
En Chile, por ejemplo «se ha permitido una inmigración salvaje o espontánea. No se ha aplicado una política de migración determinada, teniendo los instrumentos legales para ello», señala un estudio elaborado por Juan Domingo Milos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
«No es admisible bajo ningún concepto que flujos tan importantes de personas no dispongan de un tratamiento especial y se les deje 'abandonados' a la legislación común», agrega el informe, que concentra la atención en los derechos económicos, sociales y culturales de inmigrantes peruanos y bolivianos en Chile.
Más que una postura hostil del gobierno chileno hacia los inmigrantes, reflejo de un fenómeno mayor relacionado con la crisis económica internacional, la falta de decisiones estratégicas que causan efectos sociales, finalmente asumidos por organismos humanitarios y no gubernamentales, añade.
Según el estudio, en Chile viven, de manera legal o clandestina, entre 40.000 y 60.000 peruanos. En 1998, cuando se realizó el último estudio al respecto, se calculaba en 9.377 la cantidad de bolivianos que contaban con residencia definitiva en este país.
«Si bien no hay actitudes graves de xenofobia, existe claramente discriminación contra estos inmigrantes, especialmente en lo relacionado con el ejercicio de sus derechos económicos y sociales como es el acceso y condiciones de empleo, acceso a la vivienda y derecho a la salud», indica el documento.
Por otro lado, también se producen efectos en los países de salida. Es el caso de Ecuador, donde sólo a España han emigrado desde mediados de los años 90 más 150.000 personas.
El estudio «Ecuador: Pasaporte hacia España», presentado en Santiago, advierte que «la salida masiva de ecuatorianos deja pueblos enteros desolados, viejos y viejas deambulando con la esperanza del regreso, niños y niñas y jóvenes sin padres».
Según esta investigación, 36 por ciento de los hogares ecuatorianos manifestó en 1999 que al menos uno de sus miembros había cambiado de domicilio o salido del país en busca de empleo.
El estudio que la migración de los ecuatorianos a España tuvo como característica esencial «el traslado de mujeres como la punta de lanza para facilitar el traslado posterior de los hombres y de otros familiares, que cubren demandas de servicio doméstico que ya casi estaban extinguidas en España». (FIN/IPS/as/mj/pr hd/01
