La larga crisis de Argentina, alimentada por la recesión económica, el descontento social y la debilidad política, tuvo este jueves abrupto desenlace con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, empujada por un estallido popular que tuvo un saldo de por lo menos 22 muertos.
Los hechos se sucedieron con la máxima velocidad y su dramatismo evidenció que el malestar incubado durante mucho tiempo, incluso más tiempo del que llevaba De la Rúa en la presidencia, a la que llegó en diciembre de 1999 con la promesa de reactivar la economía, crear empleo y terminar con la corrupción.
«Confío en que mi decision contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República», dijo De la Rúa en la nota de dimisión que hizo llegar al presidente del Senado, el opositor Ramón Puerta.
«Pido por eso al H. (honorable) Congreso que tenga a bien aceptarla», dijo el mandatario en su breve nota manuscrita, de cinco párrafos. Luego se retiró en helicóptero de la Casa Rosada, sede del gobierno, hasta la residencia presidencial de la localidad de Olivos, en las afueras de la capital.
Hace 12 meses había renunciado el vicepresidente, Carlos Alvarez, aliado político hasta entonces de De la Rúa y alejado desde ese momento de la actividad política.
Dado que no hay vicepresidente, la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos en Asamblea Legislativa, deben designar al nuevo presidente. La Constitución también faculta a la asamblea a convocar a elecciones anticipadas.
La espontánea reacción popular del miercoles y de este jueves, traducida en el asalto de comercios y camiones de alimentos, en golpes de cacerolas y en manifestaciones en las calles, y determinada por un sin fin de medidas de ajuste presupuestario y de restricciones, recordó a muchos observadores el clima que rodeó el ocaso del último régimen militar.
Sin banderas políticas, los manifestantes cantaron contra De la Rúa y contra quien fue hasta el miércoles ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Pero también se pronunciaron contra el ex presidente Carlos Menem, contra los dirigentes sindicales y los legisladores. Cada tanto, surgia a coro la consigna «el pueblo, unido, jamás será vencido», o se cantaba el himno nacional.
Algunos representantes de la clase media decían que el hartazgo los alcanzó al ver hace pocos días a jubilados llorando por televisión porque les aplazaron por una semana el pago de sus bajísimas remuneraciones.
Otros explicaban que se unieron a la protesta porque estaban sin trabajo desde hace meses, y algunos desde hace años.
La angustia se mezclaba con la euforia de estar protagonizando un hecho histórico, una conquista. Los ciudadanos, que en los ultimos años se resisten a legitimar a dirigentes políticos y sindicales, negándose a participar activamente en los paros e incluso en elecciones, pidieron en las calles la renuncia de funcionarios y del presidente.
Una semana antes de su renuncia, el presidente tenía una imagen positiva de apenas un dígito. El analista político Rosendo Fraga advirtió entonces que en cualquier país del mundo, un mandatario con un respaldo menor a 20 por ciento ya tiene problemas de gobernabilidad y eso fue lo que ocurrió en este caso.
El mismo De la Rúa mencionó el problema de la gobernabilidad en la redacción de su renuncia, un gesto inédito tratándose de un presidente argentino.
Históricamente, los gobiernos constitucionales argentinos que no lograron controlar la economía o la situación social terminaron abruptamento su gestión, aunque no por renuncia, sino por golpe de estado.
En 1983 terminó el militarismo, pero seis años después, el entonces presidente Raul Alfonsin abandonó el gobierno antes del fin de su mandato.
No obstante, el caso de Alfonsín es distinto del de De la Rúa, a quien lo une la militancia en el mismo partido, la Unión Cívica Radical.
En medio de una crisis de hiperinflación y con su sucesor Carlos Menem ya elegido en los comicios, Alfonsín negoció con su sucesor su retiro anticipado del gobierno y la transición se redujo seis meses.
Ningún otro factor de poder se mantuvo tan al margen de esta crisis como las Fuerzas Armadas, debilitadas en su capacidad de intervención en la vida civil tras el último régimen militar (1976- 1983) por el que todavía comandantes y subordinados siguen rindiendo cuentas.
El clima opresivo se había instalado lenta y silenciosamente como consecuencia del creciente desempleo, la depresión económica, la falta de alternativas aceptadas por los acreedores externos, por las medidas de ajuste, el recorte de salarios y, en las últimas semanas, por las restricciones al uso del dinero en efectivo.
Todos los sectores sociales resultaron afectados por las últimas medidas del dúo De la Rúa-Cavallo. Empresarios, banqueros, exportadores, comerciantes, profesionales, trabajadores públicos, jubilados y sobre todo, los sin empleo, los que sobreviven con uno o dos dólares diarios de «changas», como se identifica en este país al trabajo eventual y mal retribuido.
El gobierno intentaba frenar provisoriamente una corrida bancaria por la falta de confianza de ahorristas e inversores, pero no logró el aval del Fondo Monetario Internacional para un nuevo desembolso destinado a evitar el cese de pagos de una deuda pública de 130.000 millones de dólares (45 por ciento del producto interno bruto).
El recurso de reducir 15 por ciento el presupuesto para 2002, al que apeló Cavallo el lunes último, incluía nuevos recortes de salarios y jubilaciones y prometía otro año de crecimiento negativo de la economía, que ya lleva 41 meses de recesión y alto desempleo.
Dispuesto a mantener la estrategia hasta el final, Cavallo desató la indignación de jueces, sindicatos, trabajadores y ciudadanos, al ordenar a los bancos que ignorasen una orden judicial contra las restricciones de retiro en efectivo del dinero correspondiente a salarios de millones de trabajadores.
La justicia fue entonces impotente para resguardar los derechos de los ciudadanos que reclamaban por la vía legal.
Este jueves, luego de que se conociera su renuncia, Cavallo desapareció. Evitó las cámaras de televisión y los grabadores e incluso quiso salir del país con su familia. Pero se lo impidió la justicia, que lo mantiene involucrado en una causa por contrabando de armas en los años 90. (FIN/IPS/mv/ff/ip/01
