Técnicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron al gobierno de Zimbabwe a implementar un programa de reforma agraria «creíble y transparente».
Los siete integrantes de un equipo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llegaron a Harare la semana pasada en procura de una solución al mayor problema de Zimbabwe desde que logró la independencia de Gran Bretaña en 1980.
Este país cayó en desgracia ante la comunidad internacional a causa de su polémica reforma agraria, cuya ejecución causó violentos choques en que murieron nueve agricultores blancos y tres colonos negros en granjas comerciales desde el inicio del proceso hace 18 meses.
Más de 70.000 trabajadores agrícolas y sus familias fueron desplazados y decenas resultaron heridos en ataques de veteranos de la guerra por la independencia y simpatizantes del partido de gobierno, el Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU-PF).
Los agricultores blancos, unos 4.500, ocupan más de la mitad de las mejores tierras agrícolas de Zimbabwe. Algunas parcelas fueron donadas por el gobierno británico a blancos que combatieron en la primera y en la segunda guerra mundial.
Unos 4,5 millones de campesinos negros, desplazados en la época colonial, viven en áreas áridas y semiáridas con suelos rocosos, poco aptas para el cultivo, de propiedad comunal. La oposición acusa al gobierno de politizar la cuestión de la tierra con fines electorales ante los comicios del año próximo.
«Estamos aquí para continuar el diálogo» con la intención «de asistir a Zimbabwe para que encuentre un programa creíble y transparente», dijo Abdoulie Janneh, presidente de la delegación del PNUD.
Pero el ministro de Relaciones Exteriores Stan Mudenge dijo que la tierra es un problema central que sólo puede «resolverse en el contexto de las leyes propias de este país y no con las de otro».
El equipo de la agencia de la ONU recorrerá Zimbabwe y mantendrá conversaciones con las partes involucradas en las próximas tres semanas.
«Esperamos que al final de la evaluación del programa en curso estaremos en condiciones de armar un esquema que resulte aceptable para Zimbabwe», dijo Janneh. Harare podrá entonces recibir asistencia de otros países, agregó.
Cain Nkala, dirigente de ZANU-PF que encabezó la ocupación de 1.700 granjas pertenecientes a blancos, apareció estrangulado la semana pasada.
El gobierno, sin embargo, niega que se hayan cometido actos ilegales, y acusa a los blancos propietarios de granjas comerciales y a la oposición de paralizar el proceso de reforma agraria.
La ocupación de las granjas de propietarios blancos y la violencia no se detuvo aunque se tomaron algunas medidas, dijeron organizaciones de derechos humanos.
El presidente Robert Mugabe advirtió el domingo que apelaría a las fuerzas armadas para reprimir a quienes se opongan a la reforma agraria, y acusó de «terroristas» a integrantes del opositor Movimiento para el Cambio Democrático, que es respaldado por los negros de las ciudades y por los blancos.
Mugabe se propone expropiar unas 5.000 granjas, la gran mayoría pertenecientes a blancos, sin indemnización.
Los donantes internacionales manifestaron su preocupación ante la violencia e interrumpieron la asistencia a Zimbabwe hasta que se restaure el orden.
El mes pasado, un equipo de ministros de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) llegó a Zimbabwe en procura de una solución a la crisis de la tierra, pero a su partida expresó reservas sobre la voluntad del gobierno para cumplir los compromisos asumidos en septiembre en Abuja, Nigeria.
En la conferencia de Abuja, el gobierno de Zimbabwe se comprometió a mantener la ley y el orden a cambio de asistencia financiera de Gran Bretaña para el programa de reforma agraria.
Pero el presidente Mugabe sancionó este mes una enmienda a la Ley de Adquisición de Tierras, que permite la expulsión de los agricultores blancos de sus parcelas sin que intermedie un recurso legal. Los agricultores tendrán tres meses para cumplir la orden.
La visita del equipo del PNUD comenzó una semana después de la sanción de la norma, calificada de «parodia de justicia» por la la Unión de Agricultores Comerciales (CFU), que nuclea a los agricultores blancos.
La CFU advirtió que la enmienda causará escasez de alimentos, aumentará el desempleo que ya alcanza 60 por ciento y perjudicará a la industria manufacturera, la mitad de la cual está relacionado a la agricultura.
«Esta medida pasará a la historia como un intento desesperado del gobierno por destruir los últimos vestigios del derecho de propiedad, en particular en relación a la hacienda agrícola rural. Este país nunca había caído tan bajo», indicó el presidente de la CFU, Colin Cloete, en una declaración. (FIN/IPS/tra-en/lm/mn/lp- mj/ip dv/01
