Una ley de asilo que el gobierno de Venezuela se apresta a promulgar, considerada pionera en América Latina, permitirá resolver la situación migratoria de cientos de campesinos colombianos que cruzan la frontera para escapar de la guerra civil en su país.
La ley Orgánica de Asilo y Refugio aprobada el 28 de agosto establece, entre otros puntos, que Venezuela está obligada a recibir a todos los extranjeros que lo soliciten a causa de persecución política, religiosa o de nacionalidad o por pertenecer a grupos sociales discriminados.
Quedan excluidas del beneficio las personas acusadas de delitos contra la paz, de crímenes de guerra o contra la humanidad, los delincuentes comunes y los culpables de actos contrarios a los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las personas que busquen refugio deberán informar a la cancillería, en un lapso máximo de 48 horas a partir de su ingreso al país, para que se inicie el trámite para otorgar la condición de asilado.
La reglamentación de la ley es el paso que resta para la vigencia de la iniciativa, que fue elaborada por el parlamento con la colaboración de grupos humanitarios y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Hasta ahora, sólo Brasil cuenta con una ley específica de refugio y asilo, mientras que los demás países de América Latina atienden esa situación a través de decretos, explicaron portavoces políticos locales.
La representante de Acnur en Caracas, Virginia Trimarco, dijo a IPS que «la ley es un paso adelante para dar respuesta a las personas que buscan asilo en Venezuela».
Sin embargo, Trimarco advirtió que la sola aprobación del texto legal no resuelve el problema de cientos de colombianos que cruzan la frontera con Venezuela, en la medida que el gobierno no los reconozca como refugiados.
La advertencia refiere a lo ocurrido el año pasado, cuando el entonces canciller y actual ministro de Defensa, José Vicente Rangel, negó la presencia de «desplazados colombianos» en el país, lo cual molestó a Acnur.
Igualmente, Trimarco planteó la necesidad de que las instituciones venezolanas, como la cancillería, la fiscalía y la defensoría del pueblo, atiendan los casos de manera rápida y se abran expedientes para considerar la condición de asilo.
La nueva ley de refugiados está en línea con la ratificación por parte de Venezuela del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado por la ONU en 1954, y del Protocolo de 1967, por el cual los estados se comprometen a brindar protección a quien sea declarado «refugiado» por temor a perder su vida.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (parlamento), Tarek William Saab, calificó la ley como «la muestra de un estado que cumple sus compromisos internacionales».
Venezuela ha recibido fuertes críticas en distintas oportunidades debido a la negativa de aceptar la permanencia de refugiados colombianos, catalogándolos de «desplazados en tránsito» y ordenando su repatriación.
Trimarco señaló que los afectados no se reportarán en la medida que no hayan instituciones preparadas para atenderlos. Sin embargo, destacó el trabajo que viene haciendo la fiscalía en entrevistas a refugiados colombianos que llegan a la frontera.
El desplazamiento hacia Venezuela de campesinos colombianos que huyen a causa del conflicto armado entre el ejército, guerrilleros de izquierda y paramilitares derechistas se ha incrementado en los últimos dos años, a lo largo de los 2.200 kilómetros de la frontera entre ambos países.
Sin embargo, los afectados encontraban al llegar a territorio venezolano que eran intimidados por las fuerzas militares de este país y conminados a regresar a sus hogares, sin tomar en cuenta la amenaza de muerte que ronda en la zona de combate.
A este problema se suma la xenofobia hacia los inmigrantes económicos colombianos que buscan del lado venezolano un futuro mejor, que son acusados de invadir las ciudades aumentando los cinturones de miseria.
Los occidentales estados Zulia y Táchira, limítrofes con Colombia, constituyen «la frontera viva» que alberga una inmigración frecuente, que el conflicto en el vecino país ha agudizado.
Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea, comentó a IPS la satisfacción del grupo por la aprobación de la ley, cuyo texto ayudaron a redactar junto con Acnur.
Provea informó de la existencia de 60 refugiados, con quienes mantienen comunicación y esperan que se estudien sus casos para otorgarles el asilo.
Alvarado comentó que es necesario una voluntad política para que la ley se cumpla, para ello el presidente Chávez debe dar instrucciones a los cuerpos de seguridad para recibir a las víctimas.
La llegada de refugiados colombianos originó la apertura en agosto de una oficina de Acnur en el estado de Táchira.
El presidente Chávez, en su discurso inaugural de la sede, se refirió a los militares que custodian la zona, a los cuales les indicó que «ahora les toca a ustedes ver y aplicar la ley».
Además, se estudia otorgar una carta o cédula (tarjeta de identificación) a los refugiados, con el fin de legalizar su condición al llegar a este país, y evitar que puedan ser utilizados por narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares.
El jefe de la Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX), general Marcos Ferreira, declaró que las personas que soliciten asilo «tienen que comprobar su condición, presentándose ante la oficina de Migración o ante la autoridad civil o militar más cercana».
Por su parte, Acnur, con la intención de sensibilizar a la población sobre la ayuda a los refugiados, pidió la colaboración de los medios de comunicación social para informar sobre las causas que conducen a abandonar el país de origen, de quien se considera refugiado.
Para ello se organizó una campaña en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), con sede en Ecuador, países que también recibe la oleada de ciudadanos colombianos.
El lema del programa es «refugio un lugar para la esperanza», en el que se cuentan varias historias de vida de los refugiados.
Uno de los testimonios prestado por una personas no identificada relata: «Yo trabajaba en el campo. Allí se moviliza la guerrilla. Los paramilitares empezaron a acusarme de ayudar a la guerrilla. Un día colocaron un papel debajo de la puerta de mi ranchito que decía que si no me iba del lugar, me mataban».
Otra voz que se escucha es la de Martha Torres, de 14 años y con tres hermanos, que también es colombiana y vive en Ecuador. No sabe cuando va a regresar. «A uno le da nostalgia, uno añora a su país», expresó. (FIN/IPS/mp/dm/hd ip/01
