Unos 1.300 teólogos cristianos exigieron en la capital de España el fin de la discriminación de las mujeres dentro de la Iglesia Católica, de modo que puedan ejercer el sacerdocio e incluso ser elegidas obispas, una posibilidad rechazada por el papa Juan Pablo II.
El 21 Congreso de Teología fue organizado por una organización seglar española, la Asociación de Teólogos Juan XXIII, dirigida por el teólogo Enrique Miret Magdalena. La cuestión central fue la democracia y el pluralismo en la sociedad y en las iglesias.
El «machismo» en la Iglesia Católica no obedece a cuestiones de fe, sino a que el ejercicio del poder, «una monarquía absoluta», funciona en contradicción con el Evangelio, dijo el sacerdote jesuita José María Castillo, de 72 años.
Para ser elegido obispo, es una condición indispensable que el religioso sea un «hombre sumiso», sostuvo Castillo.
Esa estructura de poder, además, tiende a ser «androcéntrica y machista», y por ello «crece no sólo la cantidad de quienes la abandonan, sino también el clamor de los que protestan» contra ella, agregó.
Los teólogos y teólogas reunidos en Madrid entre el viernes y el domingo no vacilaron en criticar directamente al papa Juan Pablo II por haber afirmado que las mujeres no pueden ejercer el sacerdocio y que ningún papa posterior podrá cambiar ese rumbo.
«Es una afirmación ingenua», porque «Jesús no hizo actos institucionales jurídicos, era un profeta popular que no tuvo una mentalidad jurídica. Lo que propiamente viene de Jesucristo es espiritualidad, carismático, ético. Y es fe», señaló el congreso en su mensaje final.
Los teólogos citaron en ese sentido a Jesús: «Vosotros no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del Cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque sólo uno es vuestro director, el Cristo».
Los participantes en el congreso criticaron, además, el cese de tres profesoras de religión de escuelas estatales de las provincias de Málaga, Almería y Canarias. Los despidos se amparan en un acuerdo alcanzado entre España y el Vaticano en 1979.
El despido de las profesoras responde a la condición de divorciada o de casada con un divorciado y a otras conductas —no asistir a misa o «salir de copas»— cuestionadas por los religiosos.
Según ese acuerdo, los obispos pueden hacer «extinguir» un contrato «cuando, según su criterio el trabajador haya dejado de reunir los requisitos de idoneidad que motivaron su contratación».
Tanto el gobierno español como la Iglesia Católica afirman que, según el acuerdo, la administración pública debe cumplir con la indicación de los obispos.
La profesora de religión Resurrección Galera fue despedida por haberse casado con un hombre divorciado hacía 26 años. El obispo de Almería, en la costa del mar Mediterráneo, consideró que la profesora ya no reúne las condiciones exigibles de «dar testimonio de vida».
El obispado la calificó de adúltera y ella señaló que, si no hubiera contraído matrimonio civil manteniendo la relación de pareja de hecho, habría conservado el cargo. «Si estuviésemos en la Edad Media me hubiesen quemado en la hoguera», agregó.
Mientras, María del Carmen Galayo, de 54 años y 15 dando clases de religión en Islas Canarias, se divorció y se volvió a casar. Por eso, recibió un mensaje de la diócesis: «Vives amancebada con un hombre y en pecado, no puedes dar clases de Religión».
Ese criterio no se aplica a los hombres, pues 2,5 por ciento de los profesores de religión en España son curas o frailes que abandonaron el sacerdocio. Algunos de ellos ni siquiera recibieron la dispensa papal y están casados sólo por lo civil.
La actitud de la Iglesia Católica «atenta contra la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, (…) transgrede la legislación laboral española común (…) y limita el derecho a casarse libremente conforme a la legislación española vigente», señaló el congreso.
Las profesoras despedidas se aprestan a defender sus derechos ante el Tribunal Constitucional, sobre la base de una sentencia de 1985 que anuló el despido de otra colega por sus ideas religiosas.
Según la sentencia, redactada por el jurista Francisco Tomás y Valiente, asesinado por el grupo terrorista ETA en 1996, el despido fue «sin causa y nulo de nulidad radical».
El fallo, que, como todos los del Tribunal Constitucional, es inapelable, señaló a los tribunales que debieron «amparar a la profesora en su libertad ideológica y considerar el despido como discriminatorio y contrario a la libertad ideológica». (FIN/IPS/af/mj/cr/01
