Las dos principales centrales sindicales de Argentina, separadas hace 18 meses, se unieron hoy en una multitudinaria protesta contra la política económica oficial, mientras el gobierno procura recuperar la confianza de sus acredores y de los inversionistas externos.
Las dos centrales, ambas denominadas Confederación General del Trabajo (CGT), reunieron este miércoles a decenas de miles de personas en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno nacional.
El acto de este miércoles se realizó dos semanas después del último de los tres que organizó el movimiento de trabajadores desempleados, cuyas protestas podrían confluir ahora con las iniciativas de los dirigentes de las dos CGT.
Poco antes de la protesta de este miércoles, el presidente Fernando de la Rúa intentó una vez más justificar el recorte de salarios estatales y jubilaciones dispuesto desde julio a causa de «la necesidad de sanear la economía» y despertar el interés de los inversionistas en la economía argentina.
El último acto público en que los dirigentes sindicales se mostraron unidos fue en 1996. Pero a principios de 2000, la CGT se dividió en dos sectores, el «dialoguista» y el «rebelde», a raíz de una reforma laboral que flexibilizó las leyes sobre contrataciones y restó poder de negociación a los sindicatos.
Este miércoles, los líderes de las dos centrales sindicales se fundieron en un abrazo, no descartaron una eventual unificación y coincidieron en la necesidad de forzar al gobierno a cambiar el rumbo de la economía para acabar con más de tres años de recesión y un desempleo de más de 15 por ciento.
Rodolfo Daer, líder de la CGT dialoguista —considerada la central «oficial»—, exigió al gobierno que termine con la política «de empobrecimiento» de la población y que busque la reestructuración de la deuda externa. «Que la deuda la paguen los que se beneficiaron con esta política económica», dijo.
A su turno, Hugo Moyano, de la CGT rebelde, advirtió que la población no acepta más ajustes, consideró que «es mentira» que el modelo económico vigente logre sacar al país de la crisis, y afirmó que el sistema cambiario es un «corsé» para la economía al que se debe modificar.
Moyano aludía así al régimen de convertibilidad monetaria, establecido por ley en 1991, que respalda cada peso (la moneda nacional) circulante con un dólar depositado en una caja de conversión y que estableció la paridad entre la moneda argentina y la divisa estadounidense.
Este sistema, que cortó un largo periodo de alta inflación, es considerado ahora un obstáculo para la competividad de las exportaciones, más aún en momentos de recesión, pero el gobierno se niega a modificarlo por temor a una corrida cambiaria.
Argentina sufre desde hace tres años una caída de su producto interno bruto.
Los dos dirigentes insistieron en la necesidad de unificar las protestas. Moyano propuso, incluso, concertar acciones con la tercera central sindical, el radical Congreso de Trabajadores Argentinos, y con el movimiento de trabajadores desempleados, cuya modalidad de protesta es el bloqueo de carreteras.
Así mismo, Moyano advirtió que el 14 de octubre, fecha en que se realizarán las primeras elecciones legislativas del periodo de gobierno de De la Rúa, iniciado en diciembre de 1999, los votantes deben «derrotar el modelo económico de manera contundente», para habilitar a políticos y sindicalistas «reconstruir el país».
La protesta coincidió este miércoles con el viaje del ministro de Economía Domingo Cavallo a Washington para reunirse con el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, y comprometerse en persona con la puesta en vigor de la política de austeridad fiscal por lo menos hasta fin de año.
El viaje se produjo luego de que el viceministro de Economía, Daniel Marx, negociara durante 12 días en la capital estadounidense las condiciones del próximo préstamo del FMI, de 8.000 millones de dólares, que deberá ser aprobado por el directorio del organismo multilateral en septiembre.
De ese monto, 5.000 millones deberán destinarse a compensar las reservas perdidas durante la crisis.
La negociación por momentos pareció fracasar, poniendo al país al borde de la suspensión de pagos, pero finalmente concluyó con éxito la semana pasada.
De la Rúa y Cavallo festejaron este acuerdo, al igual que otros anteriores cuyo efecto de generar confianza en los mercados financieros se agotó en pocas semanas.
En esta oportunidad, el gobierno puso en marcha medidas para reducir a cero el déficit fiscal aún antes de negociar un nuevo rescate. Estas medidas consisten en ordenar que el Estado deduzca los servicios de la deuda externa de la recaudación de cada mes, para con el saldo afrontar el resto de sus obligaciones.
Los mecanismos implementados determinaron en julio un recorte de 13 por ciento a los salarios de empleados públicos y las jubilaciones, y se prevé una rebaja aun mayor este mes, pues se calcula que la recaudación impositiva de agosto habrá caído otro 11 por ciento al cabo de este mes.
La economía argentina atraviesa una profunda recesión desde hace más de tres años, pero la crisis se precipitó en los últimos meses por las dificultades para contraer nuevas deudas destinadas a financiar el déficit fiscal. La deuda externa argentina suma casi 130.000 millones de dólares. (FIN/IPS/mv/mj/lb if/01
