Dos proyectos de legalización de las drogas presentados en el parlamento de Colombia, el mayor productor de coca del mundo, revivieron el debate en la materia, pese a que analistas entienden que tienen pocas probabilidades de ser aprobados.
La senadora Vivianne Morales, en uno de sus proyectos, planteó un cambio radical en la política antidrogas del gobierno de Andrés Pastrana, al proponer legalizar las drogas y que el Estado pase a cumplir una función reguladora de la producción, distribución y consumo de esas sustancias psicoactivas.
En mayo de 1994 se despenalizó en este país el consumo y porte de dosis de drogas sólo hasta un máximo de 20 gramos de marihuana, cinco de hachís, uno de cocaína y derivados y dos gramos de metacualona (hipnótico sintético de primera generación).
Morales también propuso, en otro proyecto, despenalizar el cultivo de coca, que según estadísticas oficiales cubre unas 163.000 hectáreas en la actualidad.
En ese texto se propone crear en las alcaldías un registro único de campesinos cocaleros, que tendrían el compromiso de vender toda la producción a agroindustrias de derivados de la hoja, por ejemplo el té de coca.
La cuestión económica en torno a las drogas es el argumento central que sustenta los dos proyectos de legalización presentados por la senadora Morales, del opositor Partido Liberal, pero que llegó al parlamento apoyada por la comunidad cristiana.
«La prohibición a ultranza impuesta a los países tercermundistas es por el temor económico más que por una preocupación real respecto del consumo de droga», afirmó la legisladora al presentar sus iniciativas.
Tras 30 años de lucha mediante la represión, sólo se han «fortalecido los narcotraficantes», opinó.
Esta apreciación la fundamentó con los siguientes datos: 70 por ciento del dinero obtenido por el narcotráfico circula en circuitos financieros legales de los países industrializados, y se calcula que sólo la economía de Estados Unidos se nutre con 350.000 millones de dólares de esa actividad ilegal.
Pero el planteo de legalización de las drogas tiene antecedentes en Colombia.
El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), también del Partido Liberal, planteó legalizar la marihuana en 1979, cuando se desempeñaba como director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. A partir de entonces ha sido una polémica recurrente en el país.
Las críticas a las propuestas de Morales llovieron desde distintos sectores. El principal cuestionamiento tiene que ver con la poca viabilidad de legalizar unilateralmente, mientras los países consumidores no asuman una actitud similar.
Horacio Serpa, del Partido Liberal al igual que Morales y el candidato que las encuestas otorgan más posibilidades para reemplazar el año próximo a Andrés Pastrana en la presidencia del país, afirmó que, «si se llegara a despenalizar la droga, Colombia se convertiría en la Meca de los bandidos del mundo».
«La despenalización o legalización de las drogas es un argumento que no cabe», pues este país no tiene la autoridad moral para liderar este debate, apuntó.
El analista político Hernando Gómez coincide con Serpa, al señalar que la legalización no resuelve el problema y sólo logra que se diga que la decisión fue impuesta por los narcotraficantes.
«Eso enreda completamente la política soberana de Colombia, y ese día todo el mundo nos caerá encima», comentó.
En cambio, Julio Silva-Colmenares, vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y catedrático de la Universidad Autónoma, discrepa con Gómez.
Silva-Colmenares dijo a IPS que «toda persona habitante del globo terráqueo tiene derecho a participar de la discusión de este problema, que es mundial, pues es como la discusión sobre el hambre o sobre la guerra».
El experto opinó que la legalización de las drogas permitiría conocer exactamente cuánto represente el movimiento financiero de este tipo de oferta y demanda para la economía de un país, ya sea productor o consumidor.
A Colombia le ha costado mucho reprimir la producción de coca y, «si se incorpora esta actividad a un circuito normal de la economía, es más fácil saber cuánto es el dinero que le llega a los productores primarios, quienes en este momento obtienen muy poquito», precisó
Sin embargo, Silva-Colmenares encuentra poco viable la propuesta de la senadora Morales respecto de que la producción y comercialización de los estupefacientes sean manejadas por el Estado en forma monopólica.
Los monopolios estatales no han sido trasparentes en Colombia, indicó el experto. Un ejemplo de ello es el caso del aguardiente, cuyo manejo por el Estado auspició la corrupción y clientelismo y no ha producido rentas para la salud y la educación, como se plantea en la ley.
Analistas y políticos aseguran que los proyectos presentados por la senadora Morales no tendrán andamiento en el Congreso legislativo, pero destacan que sirven para revivir y ampliar un debate que se instaló hace 22 años en el país.
Una polémica que, según el analista Juan Gabriel Tokatlián, ha quedado marginada a un estrecho círculo de periodistas, intelectuales y de algunos políticos.
Tokatlián, en un reportaje de la edición dominical del diario El Tiempo, puntualizó que el debate sobre la legalización de las drogas ha sido sistemáticamente rechazado por los diferentes gobiernos en más de dos décadas, y ha quedado limitado a una discusión circunstancial.
«En coyunturas difíciles y particularmente violentas se escucharon voces a favor de la legalización» de los estupefacientes, como ocurrió «al calor del narcoterrorismo que azotó al país entre 1984 y 1986», añadió.
Otro que valora esta nueva etapa del debate y todo lo que conduzca a la despenalización de las drogas es Luis Eduardo Garzón, candidato a la presidencia por la coalición izquierdista Frente Social y Político.
Garzón aseveró que «debe acabarse la doble moral, pues hay gente que mete (consume) drogas en la mañana, luego las vende, y en la tarde sale a condenar el consumo».
Esta nueva arremetida en favor de legalización surgió en medio de otra candente polémica, como es la discusión sobre la fumigación de cultivos ilícitos impuesta por Estados Unidos y eje del Plan Colombia, implementado por el presidente Pastrana para luchar contra el narcotráfico y desarrollar áreas rurales.
Las aspersiones pretenden erradicar la mitad de las plantaciones de coca y amapolas en un plazo de tres años.
El senador Rafael Orduz, abanderado de la causa de la erradicación manual y contrario a la fumigación, dijo que la propuesta de legalización debe discutirse en los centros consumidores: Estados Unidos y Europa.
Orduz, junto al también senador Juan Manuel Opina, presentó otro proyecto para despenalizar los pequeños cultivos de coca y amapola. Los dos legisladores consideran que el Estado no los debe tratar como criminales, sino que debe ayudarlos a salir de la pobreza.
En medio del debate de las propuestas que, por distintos caminos, buscan acabar con un problema que mucho le ha costado a Colombia, el general Gustavo Socha, director de la policía antinarcóticos se siente triunfalista.
Socha anunció que, con el apoyo estadounidense, se fortalecerán los programas de fumigación e interdicción, y en tres años y medio se podrá ver el fin del narcotráfico en el país. (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
