El intento de seis dirigentes mapuches de asilarse en la embajada sueca en Chile ilustra el marco conflictivo en que se conmemoró hoy en América Latina el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, instituido por la ONU desde 1995.
Las movilizaciones de las comunidades mapuches en el sur chileno, para recuperar tierras que consideran usurpadas por empresas forestales, son uno de los focos más candentes de problemas étnicos presentes en varios países de la región.
Los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras, uno de los grupos indígenas más radicales, ingresaron el miércoles al mediodía a la embajada de Suecia en Santiago y se retiraron por la noche, luego que la encargada de negocios, Cecilia Lithander, se comprometiera a tramitar ante su gobierno el pedido de asilo.
Cuatro de los seis mapuches están encausados ante los tribunales por demandas de empresarios y del gobierno por ocupaciones ilegales de tierras.
Sin embargo, los dirigentes indígenas sostienen que las leyes por las cuales los acusan contravienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tienen un carácter discriminatorio.
Mientras sus compañeros permanecían en la embajada, el werkén (mensajero) Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, se entrevistaba con el defensor público, Alex Carocca, para denunciar el «colonialismo jurídico» de la reforma penal implantada este año en Chile.
La reforma, que permitió la creación de la Defensoría Pública, considera para la resolución de conflictos las normas consagradas por el Estado chileno y desconoce los aspectos colectivos e individuales propios de las minorías étnicas, sostuvo Huilcamán.
Las contradicciones entre los valores de las culturas ancestrales y las leyes que rigen el Estado-Nación constituyen un asunto recurrente en América Latina y el Caribe, donde casi todos los países cuentan con poblaciones étnicas, ya sea indígenas o afroamericanas.
Sólo siete países de la región cuentan con normas constitucionales relativas a las poblaciones indígenas, según una investigación de Elizabeth Peredo, difundida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta naciones son Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay.
La falta de participación y representación política de los pueblos indígenas es parte de una dinámica excluyente que los margina, al igual que a negros y mestizos, de los procesos de desarrollo, señaló Peredo en un seminario sobre Racismo y Género, realizado en junio en la sede de Cepal en Santiago.
Una de las recomendaciones fundamentales de ese encuentro fue la de impulsar transformaciones políticas, institucionales y sociales que abran paso en América Latina a democracias pluriétnicas y multiculturales.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual forma parte Cepal, proclamó a 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
La ONU instituyó luego el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo entre 1995 y 2004, estableciendo en este contexto el 9 de agosto como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
La fecha no cuenta con una gran receptividad en América Latina, donde las comunidades y organizaciones étnicas se movilizan en ocasión de otras efemérides, sobre todo el 12 de octubre, día de la llegada de Cristóbal Colón al continente.
No obstante, la conmemoración de la ONU permite refrescar los datos de la exclusión y marginalidad de los pueblos indígenas, cuyos conflictos se insertan con caracteres agravados entre los grandes déficit sociales de la globalización.
El objetivo fundamental del decenio «es el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en esferas como los derechos humanos, el ambiente, el desarrollo, la salud, la cultura y la educación», señala la ONU.
En contraste con estos buenos propósitos, se puede afirmar «con énfasis que el racismo, la discriminación étnica y cultural, la xenofobia y sus formas conexas de intolerancia perduran y se agudizan hoy en América Latina y el Caribe».
Así lo señaló en el seminario sobre racismo y género Isabel Hernández, coordinadora del Proyecto Regional de BI-alfabetización en temas productivos, de ambiente, género y salud reproductiva de Cepal.
Las legislaciones de corte liberal-humanista, que rigieron la creación de las repúblicas latinoamericanas, no consideraron el acceso igualitario a un régimen de propiedad de la tierra y despojaron a los indígenas de la propiedad comunitaria, sostuvo Hernández.
Los fenómenos sociales emanados de este tipo de «conductas etnocéntricas, universales y de larga data» se profundizaron históricamente en la región, «y actualmente subsisten como necesidad para legitimar la marginación económica presente», añadió la experta.
Los indígenas son los más pobres entre los pobres latinoamericanos, muestran los niveles más altos de analfabetismo, mortalidad materna e infantil y las mujeres experimentan las mayores márgenes de exclusión social a partir de la desigualdad de género.
La pobreza abarca a 86,6 por ciento de la población indígena de Guatemala, a 80,6 por ciento de la de México, a 79 por ciento de la de Perú, y a 64,3 por ciento de la de Bolivia.
Según datos recogidos por Peredo, en todos los otros países latinoamericanos, con excepción de Uruguay, se hablan otros lenguajes además del español.
En Brasil se hablan 208 idiomas, pero sólo siete de ellos corresponden a grupos de población por encima de las 10.000 personas, mientras en México hay 72 idiomas, de los cuales 37 cuentan con grupos mayores a los 10.000 hablantes.
En 18 países latinoamericanos existen 139 idiomas aborígenes, además del español, que son hablados por grupos de más de 10.000 personas, sobre un total de unas 500 lenguas autóctonas. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
