La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile de prohibir la venta de la anticonceptiva «píldora del día después», abrió una compleja batalla legal que podría llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo señaló la diputada socialista Fanny Pollarolo, luego de la decisión adoptada el miércoles por una sala del máximo tribunal, que por tres votos a favor y dos en contra acogió un recurso contra el fármaco, presentado por tres ONG (organizaciones no gubernamentales) que se definen como «pro vida».
Los jueces aceptaron así los argumentos de estas organizaciones conservadoras, respaldados por la Iglesia Católica, en el sentido de que esa píldora anticonceptiva de emergencia, usada por las mujeres después de una relación sexual en que se suponen riesgos de embarazo, tiene efecto abortivo.
Pollarolo dijo que los jueces desconocieron argumentos científicos que desmienten ese supuesto carácter abortivo y que su fallo constituye «un gravísimo retroceso, que cierra la posibilidad de ser mucho más democráticos y de reconocernos como adultos y pluralistas».
«Como este fallo es un atentado a los derechos humanos, vamos a evaluar la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», indicó Pollarolo, médico psiquiatra y parlamentaria de la oficialista Concertación por la Democracia.
El Instituto de Salud Pública autorizó el 19 de mayo la comercialización bajo receta (prescripción) médica del postinal, una de las versiones del fármaco levonorgestrel, componente esencial de la «píldora del día después», producida por el laboratorio Silesia.
La decisión fue bloqueada por el recurso de las ONG Investigación, Formación y Estudio sobre la Mujer, Movimiento Mundial por las Madres y Centro Internacional para el Estudio de la Vida.
La presentación de esos grupos conservadores fue rechazada en primera instancia a fines de mayo por la Corte de Apelaciones de Santiago, ante lo cual el caso pasó a la Corte Suprema, que emitió su dictamen el miércoles.
Según informes internacionales, Chile es el único país entre las llamadas democracias occidentales en que está prohibida la «píldora del día después».
De acuerdo con especialistas en salud reproductiva, el levonorgestrel tiene el efecto de bloquear la capacidad fecundante de los espermatozoides, cuando es ingerido en las primeras 12 horas tras una relación sexual. Su eficacia disminuye pasadas 72 horas de la relación.
Los partidarios de esta píldora señalan que otorga mayor libertad a la mujer para decidir sobre su sexualidad y derechos reproductivos y recomiendan su prescripción médica ante riesgos de embarazo no deseado, sobre todo en casos de violaciones.
Pollarolo y otras activistas de los derechos de la mujer sostienen así mismo que este anticonceptivo contribuirá a reducir el número de abortos clandestinos, calculado en más de 150.000 por año, realizados mayoritariamente por madres precoces.
El aborto terapéutico está prohibido en Chile desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El arzobispo de Santiago y primado de la Iglesia católica chilena, Francisco Javier Errázuriz, y otros detractores de la píldora, sostienen que la vida comienza apenas se implanta el embrión en el útero y por ello el fármaco en discusión tiene carácter abortivo.
«Tenemos una actitud pro vida en Chile no una actitud pro aborto, y creo que esto viene a confirmar la posición de nuestro país, que no quiere una actitud a favor del aborto. Esta decisión (de la Corte Suprema) tiene una gran importancia para el futuro», dijo el cardenal Errázuriz.
El médico Ramiro Molina, del Centro Latinoamericano de Salud Mujer, denunció presiones sobre los tribunales y calificó de «grave error» la decisión de los jueces, quienes «no pueden prohibir un fármaco avalado por la autoridad sanitaria».
La ministra de Salud, Michele Bachelet, deploró la decisión de la Corte Suprema y dispuso, a través del Instituto de Salud Pública, que se autorice la venta de una píldora fabricada por el laboratorio Grünenthal, cuyo componente es también el levonorgestrel.
Francisco Chauán, abogado de las tres ONG «pro vida» que triunfaron con el dictamen de la Corte Suprema, dijo que esta nueva autorización es «un acto de soberbia» de las autoridades y no descartó otra acción ante los tribunales.
Al momento no está claro si el fallo del máximo tribunal sienta una jurisprudencia aplicable a todos los fármacos que contengan levonorgestrel o exclusivamente a la pastilla denominada comercialmente postinal.
La «píldora del día después» se convierte así en el eje no sólo de una nueva batalla judicial, sino también de una prueba de fuerza entre el gobierno de Ricardo Lagos con el Poder Judicial, por una parte, y con la Iglesia católica, por otra.
La diputada María Antonieta Saá, del cogobernante Partido Por la Democracia, advirtió que el fallo de la Corte Suprema podría alentar a grupos conservadores a buscar la proscripción de otros métodos anticonceptivos utilizados desde hace décadas, a los cuales se podría tildar igualmente de abortivos.
Es el caso del dispositivo intrauterino conocido como «T», de difundido empleo entre los sectores de más bajos ingresos.
Se estima, igualmente, que la prohibición en Chile de la «píldora del día después» puede estimular el contrabando del fármaco desde los países vecinos o su adquisición en ellos por parte de mujeres de ingresos medios y altos.
En la ciudad argentina de Mendoza, situada a seis horas de autobús de Santiago, se comercializa sin restricción el imediat, un fármaco con base en levonorgestrel, a un precio equivalente a 18 dólares los dos comprimidos, señaló este jueves el diario La Tercera. (FIN/IPS/ggr/hd/01
