La Comisión de Derechos Humanos de Malasia condenó a la policía por la violenta represión de una manifestación del movimiento para la reforma política (reformasi), el pasado noviembre.
El informe de 66 páginas, publicado lunes 20, sorprendió a aquellos que consideraban a la comisión, creada por el gobierno el año pasado y conocida por su acrónimo malayo Suhakam, una organización dócil.
Ahora, el gobierno de Mahathir Mohamad deberá demostrar si respeta al organismo que puso en funciones y responder a sus conclusiones.
El informe, el segundo que la comisión publica este mes, critica a la policía por la violencia con que reprimió una manifestación programada cerca de la capital, Kuala Lumpur.
El documento anterior exhortó a Mahathir, primer ministro desde 1981, a proteger la libertad de reunión.
Las autoridades ignoraron las recomendaciones del primer informe y señalaron que la comisión no entendía las consideraciones de «seguridad nacional».
El miércoles, Mahathir afirmó que el informe está influido por el pensamiento occidental. «Suhakam no piensa en interés de Malasia», dijo a su retorno de Uganda.
Pero las autoridades quedarán mal paradas ante la opinión pública si ignoran por segunda vez las recomendaciones de la comisión. Después de todo, se trata de un cuerpo designado por el propio gobierno y nadie puede acusarlo de motivaciones políticas.
La comisión está presidida por un ex viceprimer ministro del partido de gobierno, Musa Hitan, e integrada por jueces retirados y otras figuras reconocidas, principalmente del ámbito gubernamental.
El último informe se refiere específicamente a una protesta planificada en una propiedad privada sobre la autopista Kesas, cerca de Kuala Lumpur, el 5 de noviembre de 2000.
El documento consigna una serie de violaciones cometidas por la policía, incluso el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, daños a bienes privados como automóviles y motociclos, y lesiones a personas detenidas. También citó demoras en la atención médica a los heridos.
Así mismo, denuncia que muchos detenidos fueron obligados a confesar o autoincriminarse, y que funcionarios de inteligencia de seguridad participaron de los interrogatorios.
«Los detenidos podrían haber sido liberados bajo fianza policial», pero permanecieron bajo prisión preventiva cinco días, aunque sólo fueron interrogados una o dos veces en ese período, señala el informe.
Abdullah Badawi, viceprimer ministro y ministro del Interior, arguyó que él le había recordado a la policía que observara la ley al cumplir con su deber.
Durante conversaciones anteriores sobre control y dispersión de multitudes, la policía se había quejado de provocaciones y hostilidades, agregó.
«Es una tarea muy difícil y me solidarizo con ellos, pero siempre les recuerdo que las leyes son las leyes y no deben pasarles por encima», dijo Abdullah.
El panel de investigación aceptó pruebas de que la policía roció gas lacrimógeno en un camión lleno de detenidos. Saedin Wateh, uno de los manifestantes, declaró que recibió el gas en el rostro y en consecuencia estuvo hospitalizado nueve días.
Shaiful Khairy Kamarul Zaman, guardaespaldas de Wan Azizah Wan Ismail, presidenta del opositor Partido de la Justicia Nacional y esposa del encarcelado ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim, fue golpeado directamente con un tanque de gas.
Otros testigos declararon que agentes policiales corrían a manifestantes que huían, pateaban motocicletas y saltaban sobre el capó de algunos automóviles, «en acciones para nada relacionadas con la dispersión de multitudes», observó la comisión.
En total, 46 personas, incluidos 15 agentes policiales, brindaron testimonio durante 20 días, a partir del 29 de noviembre del año pasado.
«Las observaciones de Suhakam son válidas y coherentes con el informe previo y los trabajos realizados por organizaciones no gubernamentales. Todos ellos concluyeron que la actitud de la policía es el problema», señaló S. Arutchelvan, coordinador del grupo de derechos humanos Suaram.
Pero Mahathir opinó que la comisión no consideró que la policía trabaja bajo presión. «Lo ven desde un ángulo y sólo toman en cuenta la brutalidad policial, pero a veces la policía debe recurrir a la fuerza porque los manifestantes también usan la fuerza», arguyó.
Mientras, políticos y observadores están atentos a la reacción de otras autoridades de gobierno y de la propia policía.
La actitud del gabinete «será una prueba de la seriedad del gobierno en la promoción y protección de los derechos humanos en Malasia», destacó Lim Kit Siang, presidente del opositor Partido de la Acción Democrática.
Lim sugirió que el gobierno se propone reorganizar la comisión dentro de ocho meses, cuando venza su mandato de dos años, «para designar miembros más maleables, que se ajusten a su línea». (FIN/IPS/tra-en/an/js/mlm/hd/01
