La despenalización del aborto en Colombia para casos de violación e inseminación artificial no consentida, confirmada por la Corte Constitucional, es rechazada con virulencia por sectores católicos y defendida con entusiasmo por grupos no gubernamentales.
Un fallo del tribunal que tutela el cumplimiento de la ley fundamental ratificó el nuevo Código Penal, que incluye la modificación del artículo 124 referido al aborto, lo cual restó fuerza a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Iglesia Católica.
En el código que entró en vigor el 24 de julio se indica que «cuando el aborto se realice en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto».
Ese texto sustituyó el párrafo del código penal anterior que concedía una disminución de las tres cuartas partes de la pena para el delito de aborto, cuando el embarazo fuera resultado de una violación u otra agresión.
El cambio de la legislación responde a que en Colombia se practican un promedio de 1.000 abortos diarios, y al menos uno de cada cuatro embarazos son interrumpidos en forma voluntaria, según la última encuesta sobre demografía y salud de Profamilia, organización que implementa programas de planificación familiar.
Las estadísticas también señalan que 18 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años son víctimas de violación, de las cuales 11 por ciento son responsables sus propias parejas.
El cardenal Pedro Rubiano, luego de divulgarse la decisión de del tribunal, convocó a los católicos a una vigilia de protesta, por considerar que fue un atentado contra el derecho a la vida que se inicia en el instante de la concepción, según la doctrina cristiana.
La jerarquía eclesiástica, que libra una batalla para volver a la anterior legislación, presentó el 30 de julio una demanda ante la Corte Constitucional para anular la despenalización parcial del aborto. Además, se tramita en el Congreso legislativo un proyecto de ley en ese mismo sentido, auspiciado por la Iglesia.
Monseñor Fernando Sabogal, obispo auxiliar de Bogotá, se manifestó optimista respecto del resultado del recurso de inconstitucionalidad, que se basa en supuestas fallas de procedimiento en la aprobación en el Congreso del nuevo Código Penal.
«La posición de la Iglesia es de defensora de la vida, se opone a todo tipo de aborto deliberado. Por eso no acata la validez jurídica de la decisión de la Corte», dijo el obispo Sabogal en uno de los debates sobre el asunto divulgados por medios de comunicación.
Las autoridades de la Iglesia también han proferido amenazas de excomunión para los médicos, enfermeras, jueces y mujeres que se amparen en la nueva legislación.
En cambio, varias organizaciones no gubernamentales, en especial femeninas, aplauden la flexibilización de la ley y rechazan lo que denominan «escándalo» desatado por la Iglesia Católica.
Los activistas esperan que esta modificación del Código Penal sea un primer paso para la despenalización total del aborto, cuya práctica ilegal es hoy la segunda causa de mortalidad materna en Colombia. Cálculos realizados en 1996 por el Ministerio de Salud indicaban que una mujer fallecía cada tres días por esta razón.
Norma Henríquez, de la organización no gubernamental Corporación Casa de la Mujer de Bogotá, dijo a IPS que la modificación en el tratamiento penal del aborto, aunque «no es un gran avance», es importante.
Opinó que la aplicación de la nueva norma dependerá de la calidad humana y sensibilidad de cada juez, pues el articulado no expresa obligatoriedad.
«Cada juez 'podrá', no 'deberá', no castigar a la mujer que aborta el feto fruto de una violación, y esto «no implica una despenalización, mucho menos una legalización como dice la Iglesia», aclaró Henríquez.
Por su parte, la activista feminista y abogada Ximena Castilla espera que los funcionarios judiciales sean honestos y tomen decisiones por encima de sus concepciones religiosas.
Castilla comentó a IPS que la decisión del tribunal constitucional es un avance jurídico, pues la mujer no necesita una certificación de que fue violentada para suspender el embarazo.
«A la mujer se le cree y no se le pide que haya un proceso previo, con un responsable de la violación, o una condena por ese episodio», explicó la experta al referirse al artículo 83 de la Constitución que contempla la presunción de buena fe.
Castilla entiende que se dio un paso más en la separación de la Iglesia Católica del poder del Estado y «alivió de una pesada carga a la mujer que era obligada a continuar con un embarazo producto de un delito como es la violación».
La experta cree, además, que el Estado colombiano ha comenzado a reconocer que la mujer es capaz de tomar sus propias decisiones, entre otras razones porque son ellas quienes en este país se han hecho responsables de los hijos.
«No entiendo qué pretende la Iglesia Católica con este escándalo, pero lo que queremos es que se den las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su maternidad de una manera deseada», apuntó.
Un estudio realizado en 1994 por la Universidad Externado de Colombia sobre la incidencia del aborto en Colombia dejó en claro que 50 por ciento de los embarazos son indeseados.
Las motivaciones principales para interrumpir un embarazo son los problemas económicos para educar otro hijo y la inestabilidad de la pareja, añade la investigación.
«Ni la Iglesia ni la sociedad y tampoco el Estado, que pretenden meterse sistemáticamente en la vagina de las mujeres para castigarlas, van a hacerse cargo de los hijos que las mujeres tenemos que mantener, formar y criar solas», aseveró Castilla.
Para la especialista, «la Iglesia Católica no puede pretender imponer su criterio a una sociedad civil pluralista como la colombiana».
Los defensores de la posición de la Iglesia alegan que la muerte de un sujeto inocente es más injusta que la violación. También sugieren dos formas de encarar una situación de este tipo: que las mujeres violentadas entreguen el bebé en adopción o que se sometan a un tratamiento psicológico para aceptarlo.
Hasta la entrada en vigor del nuevo Código, Colombia conformaba junto a El Salvador y Chile el grupo de países con legislación antiaborto más dura de América Latina. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/01
