El centrista Alejandro Toledo, que se resiste a negociar con guerrilleros, deberá resolver apenas asuma este sábado la Presidencia de Perú los problemas políticos y sociales remantentes de la guerra civil oficialmente concluida en 1996.
«Toledo deberá decidir entre el manejo militar de los rescoldos guerrilleros que aún subsisten o aceptar la propuesta de una solución política negociada con la insurgencia, planteada por los líderes presos de Sendero Luminoso, la mayor organización» rebelde, dijo la historiadora Imelda Vega.
El enfrentamiento del gobierno con el maoísta Sendero Luminoso y con el marxista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) costó más de 25.000 muertos y desaparecidos. El fugitivo ex presidente Alberto Fujimori aseguró haber acabado con la insurgencia por completo en 1996.
Toledo no está dispuesto a negociar con los líderes presos de Sendero Luminoso y del MRTA, para evitar que ese diálogo sea percibido como una muestra de debilidad, según allegados al presidente electo.
Por otro lado, algunos analistas consideran que en los últimos meses ha recrudecido la actividad de los bolsones de insurgencia, mientras dirigentes presos de Sendero Luminoso exige la amnistía de 2.000 dirigentes encarcelados como condición para transformar la organización en un partido político legal.
La policía capturó en 1992 en Lima al fundador y líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien un año después anunció su rendición a través de un mensaje televisado desde la base naval donde estaba preso, y ordenó a sus seguidores abandonar la lucha armada.
La finalidad de la renovada actividad senderista, según analistas, es respaldar, mediante la amenaza de intensificar la acción armada, las propuestas de una paz final negociada que formulan Guzmán y otros líderes rebeldes presos.
Mientras, el MRTA, que inició su actividad guerrillera en 1983, no se rindió, pero su actividad se redujo tras la captura de su líder, Víctor Polay.
Sin embargo, la organización realizó secuestros extorsivos y en diciembre de 1996 tomó la residencia del embajador de Japón en Lima, con el frustrado propósito de canjear los rehenes por Polay.
El gobierno de Fujimori restó importancia a la existencia de un sector senderista que desacató la orden de abandonar las armas emitida por Guzmán, pero debió reconocer luego la existencia de un frente armado estable en las estribaciones selváticas de las montañas andinas entre los departamentos de Ayacucho y Apurimac.
El líder de esa columna, Oscar Ramírez («Feliciano»), fue capturado en julio de 1998, pero eso tampoco significó el fin de la insurgencia. Su sucesor, «Artemio», de identidad desconocida, tiene un centenar de seguidores en el valle del Huallaga, en la selva central, emporio de la producción de cocaína.
«Aún existe presencia terrorista en por lo menos seis puntos del territorio peruano», dijo Francisco Diez Canseco, presidente del no gubernamental Consejo Peruano por la Paz.
El principal foco guerrillero es el dirigido en persona por Artemio en el valle del Huallaga, y existen otros cinco focos menores en las septentrionales serranías tropicales de Cajamarca y Amazonas, y en las meridionales provincias montañosas de Cusco y Puno. Estos focos carecen de comunicación fluida entre sí.
Al rendirse en 1992, Guzmán expresó su disposición de convertir a Sendero Luminoso en un partido político legal. La propuesta fue reiterada a comienzos de este mes por senderistas presas en la cárcel de mujeres Chorrillos, en Lima, dijo al semanario Caretas la reclusa Maritza Garrido.
Según fuentes de seguridad, las columnas senderistas activas, que reúnen unos 200 combatientes, dieron muerte a 11 personas entre noviembre y mediados de junio, en 57 operaciones de «propaganda armada» y ataques contra tres puestos policiales y varios autobuses.
Estas columnas apenas representan tres por ciento de la otrora intimidante fuerza insurgente de Sendero Luminoso, que a fines de los años 90 había creado «zonas liberadas» en varios valles andinos y selváticos y desestabilizado la autoridad del gobierno central en casi un tercio del territorio peruano.
La condición para que Sendero Luminoso se convierta en un partido legal es que el gobierno amnistíe a los casi 2.000 integrantes de la organización presos, entre ellos a Guzman, según el documento divultado por las dirigentes senderistas presas en la cárcel de Chorrillos.
Esta iniciativa ya había sido rechazada por Fujimori, quien ordenó desde 1996 la liberación de casi 4.000 senderistas «arrepentidos» tras declarar concluida la guerra civil, al asegurar que los focos entonces activos carecían de importancia militar y de futuro político.
«La caída de Fujimori y el cambio de gobierno pusieron en marcha algunos mecanismos políticos, como la Comisión de la Verdad, que podría crear condiciones favorables a la fórmula de solución negociada que ofrecen los guerrilleros presos», opinó el sociólogo Favio Solórzano.
La Comisión de la Verdad creada en junio por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, compuesta por siete personalidades independientes, investigará la violencia política surgida en 1980 y las violaciones de derechos humanos, con el fin de promover la paz y la reconciliación nacional. (FIN/IPS/al/mj/ip/01
