Los desplazados por la violencia en Colombia no pueden satisfacer requerimientos mínimos de nutrición, advirtió hoy el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas.
Un informe del PMA asegura que las 1.752 calorías consumidas cada día por los desplazados en áreas rurales está «muy por debajo del promedio de 2.100 recomendado en emergencias». Así mismo, en zonas urbanas ingieren incluso menos (1.694), debido al mayor costo de los alimentos.
El estudio se concentra en las familias obligadas a abandonar sus hogares hace entre cuatro meses y cuatro años, procedentes de tres departamentos del noroeste de Colombia (Antioquia, Sucre y Bolívar) donde los desplazamientos se agravaron debido a la guerra civil.
«Casi 80 por ciento de las familias consumen a veces sólo dos comidas al día, y 14 por ciento tienen a veces que consumir sólo una. A muchos extranjeros y colombianos les parece difícil creer que haya hambre en una nación con una numerosa clase media», dijo a IPS Els Kocken, directora del PMA para este país.
Según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Colombia, con cerca de dos millones de desarraigados forzosos (cuatro por ciento de la población), es el tercer país en cuanto a número de desplazados internos, después de Sudán y de Angola.
El estudio del PMA atribuyó la reducción o modificación de la dieta de las familias desplazadas al empeoramiento de su situación socioeconómica.
Las familias, la mayoría dedicadas antes del desplazamiento a la agricultura y a la cría de animales para su manutención, «tenían un promedio de 57» cerdos, gallinas, patos o pavos, pero «después del desplazamiento el promedio es de siete», señala el documento.
Según el informe, el gasto diario de los desplazados rurales en zonas urbanas es mucho mayor que sus ingresos. Sólo pueden comer las frutas, la leche y los huevos que antes producían en sus tierras si tienen dinero para comprarlos, y a eso deben sumar gastos antes inexistentes, como agua, combustible y transporte.
Así mismo, la gran mayoría de los desplazados tienen deudas, pues apelan al crédito para comprar alimentos. Pero su capacidad de endeudamiento se agota con rapidez.
La deuda de las familias es de hasta 190 dólares, con un promedio de 22, señala el informe. La canasta básica de una familia obrera equivale a dos salarios mínimos mensuales (260 dólares)
El estudio del PMA indica que la dieta familiar antes del desarraigo era más balanceada. Los desplazados producían en sus propias tierras la mayoría de alimentos que consumían.
«Después del desplazamiento es notable el alto consumo de carbohidratos, sobre todo la yuca, el arroz y el plátano», que son más fáciles de conseguir por su bajo costo, adviere el informe .
En la nueva situación, las proteínas, tanto animales como vegetales, solo integran la dieta de quienes gozan de mayor capacidad económica.
Las familias desplazadas en zonas semiurbanas invierten unos 10 dólares mensuales promedio en agua, combustible y transporte y solo obtienen cerca de 30 por ciento de su ingreso anterior al desarraigo. Los gastos casi se duplican en las zonas urbanas.
El informe señala que 60 por ciento de las mujeres desplazadas a las ciudades se dedican al trabajo doméstico, mejor remunerado que otros oficios.
La información sobre alimentación, salud, vivienda, trabajo y educación de los desplazados es aún escasa, según el PMA.
Entre los cuatro y los 24 primeros meses transcurren los momentos más críticos de inseguridad alimentaria para los desplazados, pues la asistencia de emergencia ofrecida por el gobierno cesa tres meses después de la expulsión de las familias de sus hogares.
Después de dos años, el ingreso económico de las familias comienza a mejorar, lo que les permite pagar deudas y mejorar la dieta. A los cuatro años, logran una recuperación aceptable de su calidad de vida.
El programa de ayuda alimentaria del PMA, iniciado en julio de 2000 y cuya finalización está prevista para julio de 2002, beneficia a 227.000 personas, entre las cuales las mujeres embarazadas o lactantes, los niños, los indígenas y los negros reciben atención especial.
Según el último informe de la Iglesia Católica colombiana, entre enero y marzo 55.580 personas, la mayoría campesinas, abandonaron 183.805 hectáreas de tierra a causa de los ataques de la guerrilla izquierdista, paramilitares de derecha y fuerzas de seguridad regulares.
María Teresa Uribe, directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (noroeste), los desplazados no preocupan a los gobiernos, «que siguen mirando a los desarraigados de su tierra como si fueran producto de una catástrofe natural». (FIN/IPS/yf/mj/dv pr/01
