El presidente Ricardo Lagos manifestó su deseo de que Chile cuente por fin este año con una ley de divorcio, pero advirtió que no dará urgencia al proyecto de ley sobre esta materia, para evitar que «el pan se queme en la puerta del horno».
Esta cautelosa prisa del mandatario refleja la influencia que alcanza tanto entre los políticos como en la sociedad chilena la férrea oposición de la Iglesia Católica a que Chile deje de ser el único país sin legislación sobre divorcio entre las llamadas democracias occidentales.
Lagos expresó su esperanza de que en el actual periodo legislativo, iniciado el 21 de mayo, se trate el proyecto que reforma la ley de Matrimonio Civil e incorpora el divorcio vincular, como se denomina jurídicamente a la disolución del contrato matrimonial.
La iniciativa, presentada por parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda, fue aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados, en septiembre de 1997, pero aún no cumple el trámite en el Senado.
El mandatario, en declaraciones formuladas el domingo 10 al canal Chilevisión, agregó que «no es el momento de colocar urgencia (al proyecto)». «La urgencia se colocará en función de la agenda legislativa», dijo.
«Si yo le pongo urgencia (a la norma de divorcio), leyes que tengo en la puerta del horno se me pueden ir al lado», argumentó Lagos, un socialista moderado.
La Constitución aprobada en 1980 en referendo, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), es de un marcado acento presidencialista y otorga en exclusividad al Poder Ejecutivo la calificación del tiempo de debate y votación de los proyectos de ley en el Congreso legislativo.
Los pedidos para que Lagos acelere el trámite de la ley de divorcio fueron planteados por algunos de sus ministros y por varios legisladores del oficialismo, como la diputada Isabel Allende, hija del fallecido ex presidente Salvador Allende (1970- 1973) y vicepresidenta del Partido Socialista (PS).
Desde que la católica República de Irlanda aprobó el divorcio en 1996, a través de un plebiscito, Chile permanece como el único país de democracia representativa al estilo occidental que no cuenta con esta fórmula legal de disolución de los vínculos matrimoniales.
La ley de Matrimonio Civil, vigente desde hace 117 años sin enmiendas significativas, deja como única posibilidad de separación legal para los cónyuges al controvertido sistema de las nulidades.
Calificada de una «hipocresía legal», la nulidad se logra una vez que se «demuestra» ante los tribunales, generalmente con testigos falsos, que hubo vicios de procedimiento en el matrimonio civil.
Para esos efectos se puede recurrir a los recursos más fútiles. Por ejemplo, que uno de los contrayentes declaró ante el oficial civil una dirección domiciliaria que no correspondía a su lugar real de residencia.
Los cónyuges, mediante la nulidad, volvían así a ser solteros y sus hijos perdían la condición de «legítimos» para pasar a ser «naturales» o «ilegítimos», según eran reconocidos o no por ambos padres.
En 1999 fue promulgada la ley de Filiación, que puso término a esas discriminatorias categorías entre los hijos, dándole a todos iguales derechos.
Esta puede haber sido una causa para el aumento de los casos de nulidad, que pasaron de 5,27 a 10,72 por ciento entre 1998 y 2000.
En el mismo periodo, la tasa de nupcialidad por cada mil habitantes disminuyó de ocho a 4,2, lo cual implica un crecimiento de las llamadas uniones de hecho y, para muchos analistas, refleja la crisis de la institución matrimonial en Chile.
La galería de personajes públicos de Chile es una buena muestra de la relativa solidez del matrimonio, comenzando por Lagos y su esposa Luisa Durán, ambos casados en segundas nupcias después de anular cada uno su matrimonio anterior.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Adriana Delpiano, del Partido Por la Democracia (PPD), desató la nueva polémica sobre el divorcio al anunciar a fines de mayo que el presidente calificaría con urgencia el proyecto de ley pendiente desde 1997.
De inmediato, surgieron detractores a esa idea, tanto en la oposición derechista como en la alianza de gobierno, integrada, además del PS y del PPD, por los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Radical Socialdemócrata (PRSD).
El senador José Antonio Viera-Gallo, del PS, y legisladores del PDC sostuvieron que, antes de legislar sobre el divorcio, es prioritaria la aprobación de otra ley, que crea los Tribunales de Familia.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, del PS, otro con matrimonio «anulado» y casado por segunda vez, desautorizó primero a la ministra Delpiano para rectificar la semana pasada y anunciar que el gobierno impulsaría simultáneamente las leyes de divorcio y de tribunales familiares.
Jorge Morales, un abogado del PDC y asesor de la Conferencia Episcopal, en declaraciones publicadas este lunes en el diario El Mercurio, insistió en la posición de la Iglesia Católica en términos de legislar sobre las rupturas matrimoniales, pero sin instituir el divorcio vincular.
La jerarquía católica, así como algunos políticos conservadores, postulan que se debe perfeccionar el sistema de nulidades, con causales que le den transparencia legal, pero sin disolución del matrimonio que, según Morales, «es un contrato tanto individual o bipersonal como social».
En este caso, «la sociedad está representada por el otro cónyuge, por los hijos si los hay y por la sociedad propiamente tal», argumentó el abogado católico.
Para la Iglesia Católica, si el matrimonio pasa a ser «disoluble» se produce un negativo «cambio humano y cultural de gran magnitud, pues de una cultura de familia se inicia el tránsito a una cultura de pareja».
«En Estados Unidos (como consecuencia del divorcio) ya la mitad de los hijos no conocen al padre o no tienen relaciones con él o éstas son erráticas», afirmó Morales.
La diputada Allende señaló que en Chile hay un millón de personas «anuladas» o separadas de hecho, que en muchos casos han formado nuevos hogares, y que no pueden normalizar su vida ni las relaciones con sus hijos.
Esto «hace necesario modernizar una legislación que data del siglo antepasado», señaló la parlamentaria socialista al defender la ley de divorcio.
«Estamos hablando del matrimonio civil y no religioso, donde las personas creyentes y la Iglesia tienen pleno derecho a opinar. Las respetamos, pero la realidad es que en Chile ocho por ciento de los hombres y 11 por ciento de las mujeres están afectados por el rompimiento del vínculo matrimonial», subrayó Allende.
El renovado debate sobre la ley confirmó que en Chile el divorcio es una tema «transversal», con partidarios y detractores en todos los ámbitos del mapa político, que escapa a las categorías de gobierno y oposición e incluso entre religiosos y agnósticos.
Uno de los más declarados partidarios del divorcio es Iván Moreira, un diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente y declarado partidario de Pinochet. Moreira hace un año se casó por tercera vez, luego de dos matrimonios anulados. (FIN/IPS/ggr/dm/hd-ip/01
