Greenpeace Internacional y otras organizaciones no gubernamentales lanzaron hoy en la capital italiana una campaña para acabar con la «piratería» de recursos genéticos del Sur en desarrollo que atribuyen a compañías multinacionales.
Empresas privadas e instituciones de investigación pueden patentar y controlar formas de vida y su composición genética, desde que las leyes sobre propiedad intelectual contemplaron los seres vivos entre sus objetivos, advirtieron las organizaciones.
De esta manera, está en juego el libre intercambio de semillas y otros materiales para la reproducción de vegetales, uno de los mecanismos más importantes para promover la seguridad alimentaria mundial, sostuvieron.
El libre acceso a estos recursos genéticos vegetales significa el acceso a los alimentos y a los medios para producirlo, señaló Christoph Then, dirigente de Greenpeace.
En los últimos 10 años, multinacionales químicas como la estadounidense Dupont, «líder mundial de la biopiratería», han patentado semillas y alimentos, un «instrumento clave para comenzar una carrera internacional dirigida a controlar la producción alimentaria mundial», advirtió Then.
Todo esto ha conducido a la biopiratería, el robo de recursos genéticos del Sur a manos de empresas privadas de los países ricos, una actividad que tiene consencuencias nocivas para el desarrollo y para el ambiente, afirmó el activista en una conferencia de prensa.
Apenas desentrañan la composición genética de esos recursos o la modifican en laboratorios, las empresas reivindican vegetales, semillas y hasta cosechas como su propiedad intelectual, sostuvo.
Las patentes privan a los países pobres de recursos genéticos del dominio público y definen a esos recursos como propiedad privada. Al mismo tiempo, grandes multinacionales se dedican a reproducir sólo vegetales de particular interés comercial, aseguró.
De esta manera, agregó Then, serán siempre más las variedades perdidas o simplemente encerradas en bancos genéticos de empresas privadas que poseen sus derechos exclusivos.
«Si se interrumpe el libre flujo de materiales para la reproducción, como las semillas, sufrirán los más pobres de la tierra, los pequeños agricultores y los campesinos, que constituyen la espina dorsal de la seguridad alimentaria mundial» en el Sur, manifestó Henk Hobbelink, de la no gubernamental Acción Internacional de Recursos Genéticos.
La compañía Dupont presentó unas 150 solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes, simultáneamente con pedidos similates ante las autoridades de Estados Unidos y Japón, entre otros numerosos países.
En agosto del 2000, la Oficina Europea de Patentes recibió una solicitud presentada por Dupont que cubre todas las plantas de maíz que contienen cantidades específicas de aceite y de ácido oleico, sostuvieron Greenpeace y la organización católica Misereor.
El pedido cubre la siembra, la cosecha y cualquier uso, incluido para alimentación, de estas variedades. Si la solicitud recibiera el visto bueno de las autoridades europeas, esta multinacional contaría con un virtual monopolio sobre una gran gama de variedades de maíz.
En América Latina, donde existe enorme diversidad de variedades de maíz, vegetal con un papel fundamental en la economía y en la producción de alimentos, «las variedades con las características específicas de Dupont existen y son utilizadas hace tiempo», señaló Then.
Con esta patente, los agricultores que cultivan maíz con alto contenido de aceite y de ácido oleico se verían obligados a adquirir semillas nuevas y a pagar los derechos por cada cosecha.
Greenpeace pidió poner fin a los derechos de propiedad intelectual que limitan el acceso a los recursos genéticos y acabar también con las patentes de semillas y de vegetales.
Los 160 países que integran la Comisión sobre Recursos Genéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considerarán esta semana un tratado internacional para mantener la composición genética de los principales cultivos alimentarios dentro del dominio público.
En caso de acuerdo, el tratado será sometido a la Conferencia sobre la Alimentación que se celebrará en la sede de la FAO en Roma en noviembre.
Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda se oponen al convenio. En cambio, el Grupo de los 77, expresión del mundo en desarrollo, la mayoría de los países africanos y la Unión Europea promueven la constitución de un organismo multilateral especializado.
En febrero de 2001, 70 organizaciones no gubernamentales reclamaron en una carta pública a todos los ministros de de Agricultura y de Ambiente europeas la redacción de un tratado internacional. (FIN/IPS/jp/mj/dv en/01
