Sindicatos estadounidenses comienzan a incorporar trabajadores extranjeros indocumentados, a cuya afiliación se habían opuesto en el pasado, y su nueva política es resistida por autoridades y empresarios.
Se calcula que en la actualidad hay en el país entre nueve y 11 millones de inmigrantes sin documentación.
«En la actualidad, la mayor parte de los sindicatos tratan por lo menos de organizar» a los trabajadores inmigrantes indocumentados, indicó el presidente del Sindicato de Empleados de Hoteles y Restaurantes, John Wilhelm.
Wilhelm también preside la Comisión de Inmigración de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), la mayor central sindical del país.
La creciente presencia de trabajadores indocumentados en todo tipo de actividades «determinó el fracaso de la vieja política en la materia de la AFL-CIO», dijo el sindicalista.
Los sindicatos estadounidenses no aceptaban en el pasado a inmigrantes irregulares como Matilda, mexicana, y Patricia, salvadoreña, quienes trabajan como limpiadoras de habitaciones en un motel de la ciudad de San Francisco, en la costa occidental, y pidieron que sus apellidos no fueran divulgados.
Los dueños de ese motel pagaban a las limpiadoras de habitaciones el mínimo legal, 6,25 dólares por hora, y no se preocuparon por la condición de inmigrantes indocumentadas de Matilda y Patricia hasta que ambas decidieron afiliarse a un sindicato para lograr mejor remuneración.
Entonces, sus patrones comenzaron a presionarlas, y finalmente fueron despedidas con el argumento de que la Administración de Seguridad Social había informado al motel que los números de registro de Matlida y Patricia eran falsos, señalaron fuentes sindicales.
En 1986, la AFL-CIO aún apoyaba los artículos de la Ley de Reforma y Control Migratorios, que proporcionan argumentos para despidos como los de Matilda y Patricia.
Esos artículos exigen que los empleadores mantengan un registro de la situación de sus trabajadores extranjeros en relación con las normas sobre inmigración, y establecen multas para quienes den empleo a inmigrantes irregulares.
Las multas previstas son bajas y rara vez se aplican, pero los empleadores pueden alegar que han despedido a un inmigrante indocumentado para no ser multados, y a menudo lo hacen cuando la verdadera causa del despido es un intento de sindicalización.
La AFL-CIO decidió en 2000 pedir la reforma de las normas sobre inmigración y la implementación de un programa para trabajadores indocumentados que les permita legalizar su situación. Tras esa decisión, apoyó movilizaciones en todo el país por una amnistía para los inmigrantes irregulares.
El cambio de posición de la poderosa central, hostil durante años a la competencia de los inmigrantes indocumentados por puestos de trabajo, alteró la relación de fuerzas que bloqueaba la posibilidad de aprobar leyes migratorias más flexibles.
Una de las causas de ese cambio es la tendencia al descenso de la afiliación a sindicatos, que cayó el año pasado de 13,5 a 13,3 por ciento del total de la fuerza de trabajo, y a sólo nueve por ciento en el sector privado.
Los sindicatos deberían lograr unas 400.000 nuevas afiliaciones por año sólo para frenar esa tendencia. Aumentar un punto porcentual por año la proporción de trabajadores sindicalizados requeriría unas 800.000 incorporaciones por año.
La AFL-CIO se ha fijado la meta de lograr un millón de nuevas afiliaciones por año, cantidad que no se ha registrado desde los años 40.
El resurgimiento del activismo sindical en la sudoccidental ciudad de Los Angeles y en otros grandes centros urbanos se basa en huelgas y campañas de afiliación de inmigrantes empleados como porteros, trabajadores de hoteles y de la industria de la vestimenta, carpinteros y conductores de camiones.
Inmigrantes indocumentados que se desempeñan como jornaleros, trabajadores de servicio doméstico y jardineros, han organizado sindicatos por su cuenta, aún sin amparo legal ni con apoyo de otras organizaciones sindicales.
«Cada período de crecimiento significativo del movimiento sindical ha sido impulsado por la organización de trabajadores inmigrantes. Somos y siempre hemos sido un sindicalismo de inmigrantes», enfatizó Wilhelm.
Los empleadores han respondido a la sindicalización de inmigrantes irregulares con una iniciativa para reimplantar la contratación de trabajadores extranjeros en condición de «braceros», con apoyo de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores clave del gobernante Partido Republicano.
El régimen de braceros, o sea jornaleros no especializados, se aplicó de 1942 a 1964 y garantizaba derechos laborales formales, pero establecía que los trabajadores extranjeros sólo podían residir en el país mientras conservaran su empleo.
Eso permitía que los empleadores pudieran amenazar a quienes protestaban por sus condiciones de trabajo con despidos que implicaban su deportación, y hay constancia de numerosos abusos de ese tipo.
El senador Phil Gramm, del estado meridional de Texas y uno de los legisladores más hostiles a los trabajadores inmigrantes, viajó en enero a México para reunirse con el presidente Vicente Fox, ex ejecutivo de la compañía Coca-Cola y vinculado a grandes firmas mexicanas y estadounidenses.
Gramm anunció al regresar que había discutido con Fox la posibilidad de vastos programas de contratación de braceros mexicanos, y propuso que se ampliaran las causales de despido de los inmigrantes irregulares, para obligarlos a incorporarse a esos programas.
Luego visitó México el presidente estadounidense George W. Bush, en su primer viaje oficial.
Bush destacó durante su campaña electoral que apoyaba a los inmigrantes de países hispanoamericanos, para contrarrestar la hostilidad de ese sector social hacia las severas políticas de inmigración aplicadas por el gobierno republicano del sudoccidental estado de California.
Pero el presidente no desea irritar al ala derecha de su partido, enemiga de los trabajadores inmigrantes, y trata de resolver el problema mediante programas de contratos de trabajo temporales, que ofrezcan la posibilidad de empleos legales pero no permitan la radicación permanente en el país.
Esa es la posición en la materia de los industriales agrícolas y del empaquetado de carne.
Fox apoya la amnistia para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y los contratos temporales.
Una de las razones es que desea mantener el envío de remesas por valor entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales a su país por parte de trabajadores mexicanos que residen en Estados Unidos, la tercera fuente de ingresos de México tras el petróleo y el turismo.
En 1990, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y los Integrantes de sus Familias.
Esa convención estableció el principio de «igualdad de tratamiento» en materia de empleo y educación para los inmigrantes y los ciudadanos del país en que residen, aunque cada nación mantiene su derecho a decidir a quiénes acepta como inmigrantes y en qué condiciones les permite trabajar.
Estados Unidos no ha ratificado ese tratado, que en general es apoyado por los países de origen de inmigrantes y resistido por las naciones que los reciben. (FIN/IPS/tra-eng/db/aa/mp/lb hd/01
