La situación de los derechos humanos en Cuba es criticada en la propia capital de este país por legisladores extranjeros, que aprovechan la 105 Conferencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) cuya finalización será este sábado.
Además, mientras transcurre la Conferencia con presencia de 1.400 parlamentarios de 120 países, legisladores de Europa y América Latina se entrevistaron con representantes de la oposición interna al gobierno de Fidel Castro.
Varios parlamentarios extranjeros aprovecharon el podio para reclamar al gobierno socialista cubano una apertura democrática que incluya el pluripartidismo y pleno ejercicio de los derechos individuales, si bien el asunto no figura en el orden del día.
Delegados cubanos atribuyeron la mayoría de esas críticas a una campaña hostil, pero consideraron que algunas otras intervenciones sólo reflejan desconocimiento de la situación de este país.
«No aceptamos presiones de nadie y aplicaremos consecuentemente nuestras leyes para defendernos de quienes las violen», advirtió en una de las sesiones el vicepresidente del parlamento cubano, Jaime Crombet.
Crombet fustigó el proyecto de ley estadounidense de Asistencia a la Oposición Interna Cubana, elaborada para «alentar la subversión contrarrevolucionaria» contra el gobierno de Castro. Estados Unidos no asistió a la reunión de la UIP.
«Cuba debe estar muy atenta a los derechos de los pueblos y al respeto de los principios de libertad individual», recomendó, mientras, el parlamentario de Francia Pierre Pauchon.
A su vez, Dieter Schloten, de Alemania, consideró «insuficientes» el respeto a los derechos civiles y políticos en Cuba, y un representante de Estonia introdujo el caso de dos ciudadanos checos arrestados y expulsados a principios de año.
Ivan Pilip, parlamentario y ex ministro de Finanzas de la República Checa, y el también checo Jan Bubenik fueron detenidos el 12 de enero por violar leyes cubanas, respondió Crombet.
El legislador cubano insistió en que la organización estadounidense Freedom House había encomendado a Pilip y Bubenik la misión de «instruir, abastecer y financiar a elementos aislados que aspiran, con gran impotencia y el desprecio de nuestro pueblo, a la anexión» de Cuba a Estados Unidos.
Este caso ocupó también la atención del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, cuyo presidente, Juan Pablo Letelier, consideró «tremendamente satisfactoria» la solución del incidente.
«Se les concedió la libertad para que abandonaran el país, después fr que ellos emitieran una declaración en la cual reconocieron haber violado la ley cubana», afirmó Letelier.
Mientras sesiona la Conferencia, legisladores de al menos una decena de países de Europa y América Latina se entrevistaron con representantes de la oposición interna cubana.
«Existe un marcado interés en tener una opinión más cercana a la realidad sobre los derechos humanos», comentó a IPS Manuel Cuesta Morúa, de la opositora Corriente Socialista Democrática.
Esa agrupación integra la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, que actúa en la ilegalidad y que nuclea también al Partido Solidaridad Democrática, el Proyecto Demócrata Cubano y el Movimiento Reconciliación Nacional.
En los contactos realizados hasta este miércoles habían participado legisladores de Canadá, España, Finlandia, Holanda, Italia, México, Panamá, República Checa, Suecia, Holanda, España, Finlandia, República Checa y Uruguay.
«Hemos discutido iniciativas de estos grupos sobre la democracia y contra la pena de muerte», comentó el vicepresidente del Parlamento Europeo, Renzo Imberti, quien acudió a esos contactos acompañado de los eurodiputados Marianne Erickson y Jean Kss Wiebrgag.
Imberti aseguró que la Unión Europea intentará pronunciarse otra vez de manera común cuando, a mediados de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas someta a votación, en su sede en Ginebra, una moción de censura presentada por República Checa.
«No creo que una iniciativa en Ginebra contra Cuba pueda ser útil a la democracia» en ese país «en este momento», comentó, sin embargo, a periodistas que lo abordaron luego de su entrevista con opositores.
Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dijo haber compartido con los eurodiputados la «buena noticia» de que desde abril de 2000 no se aplica la pena de muerte en Cuba.
Dos salvadoreños condenados por su participación en una ola de atentados con explosivos contra instalaciones turísticas en La Habana, aguardan desde 1998 el cumplimiento de la sanción máxima a que fueran condenados.
Reformas al Código Penal sancionadas a fines de los años 90 extendieron la pena capital a casos agravados de narcotráfico.
«Estamos en presencia de una moratoria de la pena de muerte, pero habría que pasar a la abolición», comentó Sánchez, cuyo grupo actúa en la ilegalidad.
El orden del día de la Conferencia de la UIP incluye debates sobre derecho internacional y sobre educación y cultura como instrumentos de desarrollo.
A propuesta de la delegación cubana, se discute también la contribución de los parlamentarios del mundo en la lucha contra el terrorismo.
Se prevé que esa iniciativa podría fortalecer la solicitud de La Habana a Panamá de extradición del ciudadano cubano- estadounidense Luis Posada Carriles, supuesto autor del atentado contra un avión cubano en 1976 y de un complot contra el presidente Fidel Castro en 2000.
Posada Carriles está detenido en Panamá desde noviembre por haber planificado un atentado contra Castro durante la Cumbre Iberoamericana celebrada entonces. (FIN/IPS/pg/mj/hd ip/01
