La inminente autorización en Chile del anticonceptivo RU-486, también llamada píldora del día después, abona la polémica desatada entre la Iglesia Católica y el gobierno por la eliminación de restricciones a la esterilización voluntaria.
Para suavizar los roces de las últimas semanas, el Ministerio de Salud convocó a las autoridades eclesiásticas a un diálogo sobre las nuevas normas en materia de esterilización y otros métodos de planificación familiar.
El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobará la semana próxima la venta del RU-486, también denominado «anticonceptivo de emergencia», previó su director, Gonzalo Navarrete.
Este medicamento impide el desarrollo del embarazo hasta 72 horas luego de la relación sexual e inhibe la implantación del óvulo en el útero. Hoy es muy utilizada en países industrializados, en especial en caso de violaciones.
La Iglesia Católica considera que este método anticonceptivo es, en realidad, un abortivo, pero Organización Mundial de la Salud sostiene lo contrario.
Navarrete sostuvo que el RU-486 cumple todos los requisitos para ser autorizado. No hay razones de calidad, de seguridad ni de eficacia que impidan su comercialización, que comenzaría unos dos meses luego de su registro.
A pesar de la convocatoria al diálogo, el ministro de Salud subrogante, Ernesto Behnke, sostuvo que solicitar una posición sobre estos asuntos a la Iglesia Católica resulta problemático, pues las autoridades deberían pedírsela también a representantes de todos los credos religiosos.
«En el ámbito de los derechos reproductivos uno puede tener la doctrina social de la Iglesia (Católica) como referente, pero cuando se dictan normas técnicas uno puede tenerla a la vista», sin que eso se constituya en «un poder de veto», dijo el funcionario, quien se manifestó católico.
La eliminación de restricciones para la esterilización femenina voluntaria y la introducción de la esterilización masculina, dictadas por el Ministerio de Salud a comienzos de febrero, desató una dura polémica en materia de métodos anticonceptivos.
«El hecho de que la resolución ministerial pueda determinar una materia tan delicada y de tal trascendencia valórica y cultural cuestiona éticamente el ordenamiento jurídico en vigencia», manifestó el arzobispo de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz, recién ungido cardenal.
El antiguo decreto de 1975 exigía como requisitos para la esterilización femenina voluntaria que la solicitante fuese mayor de 30 años y tuviese más de cuatro hijos vivos. El promedio en Chile es de 2,5.
Además, debía ser autorizada por su marido o, en caso de no tenerlo, por algún hombre, como su pareja, su padre, un hermano o incluso un amigo.
La nueva resolución sólo exige ser mayor de 18 años y estar en posesión de sus facultades mentales, previo paso por una consejería dada por una matrona o un médico.
Así mismo, integra la vasectomía (esterilización masculina), como una posibilidad de planificación familiar que hasta hoy no existía en el sistema público de salud.
El gobierno calificó este paso de democratizador, ya que sólo en la salud estatal se exigían tantos requisitos, mientras en el sector privado la decisión era tomada entre paciente y médico, pues el anterior decreto, por su carácter de «resolución ministerial», no regía en esas clínicas.
El Colegio Médico defendió la eliminación de las restricciones, pues, aseguró, la norma no abre camino al aborto sino al derecho de las personas a elegir libremente, sin obedecer solo al mandato religioso.
Errázuriz y otros miembros de la Iglesia llamaron la atención sobre el abuso de intervenciones médicas como la esterilización que «no atacan enfermedad alguna y procuran la amputación de un órgano sano».
El arzobispo postuló que «el ser humano, en el uso de su libertad, puede atentar contra su integridad física y ética, prescindiendo de la voluntad del Creador, inserta en su propia naturaleza».
Josefina Hurtado, directora del Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, sostuvo que hubo «todo un cambio respecto de la sexualidad y la reproducción, a lo cual la sociedad se tiene que ir ajustando».
«En ese sentido, la normativa del ministerio es moderna porque responde a necesidades sentidas de la población actual», dijo.
Organizaciones feministas saludaron el decreto sobre esterilización, pues la decisión sobre el número de hijos es un derecho reconocido por la comunidad internacional y por el Estado chileno, que ratificó en 1989 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La Iglesia Católica y la derecha política también cuestionaron la posibilidad de abusos por parte de las autoridades en relación con la esterilización voluntaria, en especial en los estratos de menor nivel educativo y entre pobres y desvalidos.
Las críticas apuntan a la posibilidad de que el Estado pretenda frenar el crecimiento demográfico utilizando su poder para esterilizar.
El senador derechista Carlos Bombal calificó de «nazi» la normativa, pues acepta la esterilización de discapacitados mentales a petición de un tercero.
La ministra de Salud titular, Michelle Bachelet, rechazó la «caricaturización» del debate, que, dijo, constituye una falta de respeto a las personas que lucharon años por el reconocimiento de este mecanismo de planificación familiar.
El gobierno sostuvo que la norma no fomenta la esterilización, y que la esterilización de personas con discapacidad mental debe ser solicitada por el paciente cuando sea posible, por su apoderado o, en su defecto, por una segunda opinión psiquiátrica.
En Chile cada año se practican abortos unas 180.000 mujeres, según cálculos del Comité Científico del Centro Latinoamericano Salud y Mujer. (FIN/IPS/tv/mj/cr hd he/01
