La expulsión por parte del gobierno de Zimbabwe de dos periodistas extranjeros es parte de una campaña del presidente Robert Mugabe para controlar la información de cara a las cruciales elecciones presidenciales del año próximo.
Las autoridades le comunicaron el fin de semana a los periodistas Joseph Winter, de la cadena de noticias británica BBC, y la uruguaya Mercedes Sayagués, del influyente semanario sudafricano The Mail and Guardian, que disponían hasta la mañana del domingo para permanecer en el país.
Los periodistas consiguieron una orden judicial que les permite quedarse hasta este viernes, aunque Winter ya viajó a Sudáfrica este lunes. «No creo que sea mejor quedarse. Con gente irrumpiendo en mi casa y hombres armados buscándome es mejor dejar el país», afirmó.
Winter y su familia se refugiaron en la casa del alto comisionado briántico en Harare, luego de que unos seis hombres intentaran ingresar por la fuerza a su hogar la noche del sábado.
Winter, que vive en Zimbabwe hace cuatro años, renovó su permiso para trabajar como periodista tres semanas atrás, pero la autorización fue cancelada por órdenes del Departamento de Información y Publicidad del gobierno.
El ministro de Información de Zimbabwe, Jonathan Moyo, dijo que se ordenó la deportación de Winter por que su permiso para trabajar tenía ciertas «irregularidades», una acusación que el periodista de la BBC calificó de «patraña».
Sayagués recibió la orden cuando se encontraba en Sudáfrica, pero se le permitió volver a Zimbabwe sólo para buscar a su hija de nueve años.
La deportación de Winter y Sayagués se enmarcan en una serie de atentados contra periodistas. En enero, la imprenta del periódico independiente Daily News fue destrozada por una bomba, pocas horas después de que Moyo advirtiera que era necesario acabar con la «locura» de los periódicos.
«Nadie (a excepción del gobierno) tiene acceso al tipo de explosivos usados en el atentado», señaló poco después el periódico African Defence Journal, de Johannesburgo. Esta opinión es también por analistas en Zimbabwe.
«Esto es una señal de desesperación como las del régimen de Iam Smith, quien hostigó a la prensa e incluso puso una bomba en la redacción de la revista Moto», recordó la politóloga Masipula Sithole, de la Universidad de Zimbabwe.
El grupo editor de Moto, el católico Mambo Press, fue víctima de un atentado con explosivos en Gweru, centro del país, en marzo de 1980. Pero ahora, 21 años después, continúa funcionando. Inspirado con su ejemplo, el Daily News decidió seguir trabajando aun el día siguiente al atentado de enero.
«Por más que aumente la violencia, no se podrá destruir el derecho de los hombres a expresarse libremente», señaló la Unión de Periodistas de Zimbabwe (ZUJ) en respuesta a los atentados.
El gobierno también lanzó un nuevo sistema de acreditaciones que dificultará el ejercicio del periodismo.
Harare pronto lanzará una ley que prohibirá todas las inversiones extranjeras en los medios de prensa privados del país, informó el secretario permanente del Ministerio de Información, George Charamba.
Pero esta medida es sólo parte de un «intento desesperado del gobierno de amordazar a la prensa hasta las elecciones presidenciales del año próximo», sostuvo un portavoz de ZUJ.
Mientras, el gobierno británico condenó la expulsión de Winter y Sayagués. «Expulsar a los periodistas no evitará que el mundo vea lo que está sucediendo en Zimbabwe», afirmó el viceministro británico de Relaciones Exteriores, Brian Wilson.
El virtual monopolio del gobierno sobre los medios de comunicación le permmite censurar noticias, en especial las relativas a la creciente oposición popular contra el gobernante Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU- PF).
La Corporación de Radiodifusión de Zimbabwe (ZBC) está por ley bajo control del gobierno, que cambia al personal constantemente y rota los cargos directivos para evitar el ingreso de opositores. (FIN/IPS/tra-eng/lm/mn/rp/mj/ip hd cr/01
