Los ministros de Desarrollo de la Unión Europea (UE) reafirmaron su compromiso de combatir la pobreza en el mundo y adoptaron un nuevo plan para aumentar la eficacia de los programas de asistencia, en su última reunión de este año.
En la reunión se confirmó la decisión de reactivar la política de la UE de asistencia para el desarrollo, adoptada en abril por la Comisión Europea, organismo ejecutivo del bloque de 15 países.
El actual diseño de esa política ubica a la erradicación de la pobreza en el centro de los programas de cooperación.
Desde abril, se presentaron numerosas propuestas para mejorar las políticas de asistencia para el desarrollo, cuya implementación se prevé comenzar el año próximo.
El gasto en asistencia para el desarrollo manejado por la Comisión se triplicó en la última década y llegó a unos 12.000 millones de dólares este año. Pero el organismo admitió que no estaba preparado para administrar recursos en esa escala, y que se resintieron la calidad y la velocidad de implementación de los proyectos.
La crítica mas frecuente a la asistencia para el desarrollo de la UE es que el proceso de adjudicación y entrega de fondos tarda demasiado.
«Debemos rever nuestras políticas y reestructurar nuestros medios y métodos», dijo Poul Nielson, comisario de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios de la UE.
«Es inaceptable, en términos políticos y morales, que más de 1.000 millones de personas del mundo aún deban sobrevivir con menos de un dólar por día. La Comisión Europea debe intensificar sus esfuerzos en apoyo de las poblaciones empobrecidas de los países en desarrollo», expresó.
«Esto se debe hacer con una estrategia clara, que se concentre en una cantidad limitada de áreas», añadió.
La UE es el mayor socio comercial de los países en desarrollo y el mayor inversor extranjero en ellos. Sus 15 integrantes y el bloque como tal brindan 55 por ciento de la asistencia oficial mundial para el desarrollo.
Sin embargo, procedimientos administrativos complicados han restado eficacia al cumplimiento de los compromisos en la materia. Nielson y el comisario de Relaciones Exteriores de la UE, Christopher Patten, lanzaron este año un amplio programa de reformas para superar ese problema.
Se estableció una nueva oficina de la UE, llamada EuropeAid, para administrar todas las etapas de los proyectos de asistencia, y se aumentó la responsabilidad de los delegados de la Comisión en los países beneficiarios.
Representantes de la sociedad civil de países ricos y pobres temen, sin embargo, que esos cambios transformen la política de desarrollo en una mera administración «técnica» de asistencia, según señalaron durante un foro organizado en otoño (boreal) por el Centro Europeo de Administración de Políticas de Desarrollo.
«La prioridad de reducir la pobreza no está bien traducida en aportes presupuestarios a regiones necesitadas y medios administrativos eficaces», afirmaron.
En noviembre, el Parlamento Europeo adoptó decisiones con la intención de impedir que la prioridad política asignada a la asistencia para el desarrollo se perdiera en el curso de la reorganización del Departamento de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.
Los parlamentarios pidieron que se asignara al comisario de Cooperación para el Desarrollo «plena responsabilidad política» en relación con los proyectos de cooperación que benefician a países pobres, desde su planeamiento hasta su concreción.
La española Francisca Sauquillo Pérez del Arco, representante socialista en el Parlamento Europea, pidió que la UE creara un Departamento Comunitario de Desarrollo Internacional, bajo la autoridad de Nielson.
«Aún no nos han convencido de que la Comisión asignará recursos materiales y humanos adecuados» a la asistencia para el desarrollo, apuntó en noviembre Simon Stocker, director de Eurostep, una red de 22 grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) desarrollistas con sede en Bruselas.
Los activistas están preocupados porque la Comisión trata de ubicar las iniciativas de la UE en el marco de los Documentos Estratégicos para la Reducción de la Pobreza elaborados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En esos documentos se establecen lineamientos que deben ser adoptados por países pobres altamente endeudados para acceder al alivio de su deuda externa, y la UE ha adoptado un criterio de condicionamiento similar en sus Documentos de Estrategia de Campo para la asistencia.
La intención del bloque europeo es promover el involucramiento de los países beneficiarios y su «enfoque integral de la reducción de la pobreza, para estimular la integración de esas naciones en la economía mundial», alegó Nielson.
También pretende lograr mayor coherencia entre las políticas de asistencia de la UE las que ésta aplica en otras áreas, como las de agricultura y comercio, para que «una mano no quite lo que da la otra», añadió.
El bloque europeo promete la apertura de sus mercados a los productos de países pobres que acepten sus condicionamientos.
Eso fue evidente en el Acuerdo de Cotonou, firmado en junio por la UE y el grupo de 77 ex colonias europeas de Africa, Caribe y el Pacífico (ACP) que reciben la mayor parte de su asistencia para el desarrollo.
El secretario general del grupo ACP en Bruselas, Robert Goulangana, señaló que dos décadas de cooperación entre ese grupo y la UE, que otorga a las ex colonias acceso privilegiado a sus mercados, no han dado resultados importantes.
«La mayoría de los países ACP aún dependen de la exportación de una limitada cantidad de productos básicos tradicionales, cuyos precios en el mercado internacional sufren constantes fluctuaciones», indicó.
El grupo ACP reanudará sus tratativas comerciales con la UE en septiembre de 2002, y la Comisión Europea creó cuatro grupos de trabajo en la materia con participación de ONG, sobre acceso a la salud, comercio de servicios, agricultura, y ambiente y desarrollo sustentable.
La UE aseguró que la liberalización del comercio, la integración de países en desarrollo en la economía mundial y la cooperación con el sector privado serán aspectos importantes de su política de asistencia para el desarrollo, en la medida en que contribuyan a elevar el nivel de vida de los pobres.
El bloque europeo se comprometió en septiembre a asegurar el libre acceso a sus mercados de los productos de las 48 naciones definidas por la Organización de las Naciones Unidas como Países Menos Desarrollados (LDC), a más tardar en 2005 y con la excepción de las armas.
Sólo nueve de esas naciones no son integrantes del grupo ACP.
La iniciativa se vincula con los esfuerzos de la UE para que los países más pobres acepten una nueva ronda de conversaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y adecuar todos los acuerdos con el grupo ACP a las normas de la OMC.
La UE, Canadá, Estados Unidos y Japón aseguraron en mayo a la OMC que estaban listos para eliminar aranceles y cuotas de importación para 99 por ciento de los productos de los LDC.
Los críticos apuntan, sin embargo, que la mitad del presupuesto de la UE se destina a su política agrícola, la cual incluye importantes subsidios a los agricultores europeos e implica menos posibilidades de acceso a los mercados de la UE de productos de países en desarrollo. (FIN/IPS/tra-eng/bk/mu/ego/mp/dv if/00)
