Trabajadores despedidos de una fábrica en Nicaragua que abastece de pantalones vaqueros a las bases militares estadounidenses presentaron una demanda judicial en Estados Unidos contra sus antiguos empleadores amparándose en una ley del siglo XVIII.
El caso, presentado por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), una organización con sede en Nueva York que lucha contra las fábricas que explotan a sus trabajadores, es contra la compañía de Taiwan Nien Ilsing, propietaria de la planta Chentex, situada en la zona franca de Managua.
La planta llamó la atención la primavera boreal pasada cuando los obreros intentaron organizarse mediante varias iniciativas que culminaron con una huelga de dos días por aumento salarial. Desde entonces fueron despedidos 150 operarios por su actividad sindical.
El intento del sindicato de organizar a los trabajadores se convirtió en una prueba por los derechos laborales de la gente empleada en las zonas francas de los países en desarrollo, especialmente en América Central, donde se instalaron muchas compañías asiáticas para aprovechar las ventajas arancelarias de las exportaciones regionales a Estados Unidos.
El activista estadounidense Charles Kernaghan denunció que 40 por ciento de la producción de Chentex consiste en vaqueros vendidos al ejército estadounidense y al Servicio de Intercambio de la Fuerza Aérea, una cadena de tiendas minoristas del Pentágono (Departamento de Defensa) en sus bases militares.
Kernaghan, que dirige la Comision Nacional del Trabajo por los Derechos Humanos (NLC), expuso en los últimos años las condiciones de abuso que soportan los obreros en fábricas extranjeras que abastecen a grandes compañías estadounidenses como Walmart, Liz Claiborne, Nike y Phillips-Van Heusen.
El activista viajó en octubre a Managua para entrevistar a los obreros de Chentex. Kernaghan apoyó sus demandas salariales, un aumento de ocho centavos por cada par de vaqueros fabricado, y el derecho a sindicalizarse sin represalias de la compañía.
"Si este sindicato se hunde, eso repercutirá en muchos lugares más", advirtió Kernaghan, quien obtuvo el respaldo de muchos legisladores estadounidenses que aparecieron a su lado el martes cuando se anunció la demanda judicial.
"El Pentágono está convirtiendo al contribuyente estadounidense en un cómplice de la economía de explotación globalizada", declaró Sherrod Brown, representante demócrata de Ohio, que visitó la fábrica en julio.
Brown exigió una investigación de las compras que hace el Pentágono. "El público estadounidense no soporta el trabajo de explotación. No obstante, el Pentágono compra vaqueros a una compañía que despide obreros porque tratan de sindicalizarse para combatir salarios de esclavos", declaró.
Tras visitar la fábrica e informar a sus colegas, 67 legisladores de la Cámara de Representantes firmaron una carta dirigida al presidente Bill Clinton quejándose de la situación de los obreros de Chentex.
Un mes después, la Representante Comercial Charlene Barshevsky envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua informándole que si no se corregían los problemas en la fábrica, el país centroamericano podría perder preferencias arancelarias que le otorgaba Estados Unidos.
Kernaghan y Brown se reunieron el martes con la legisladora demócrata Cynthia McKinney, integrante de la comisión de las Fuerzas Armadas en la cámara que supervisa al Pentágono.
"Los obreros de Chentex son pagados 18 centavos por cada par de vaqueros vendidos a la AAFES", apuntó McKinney.
"Los obreros fueron despedidos por pedir ocho centavos de aumento. Seguramente nuestro Departamento de Defensa… puede permitirse ocho centavos más por un par de vaqueros para asegurar que los operarios que lo confeccionaron alimenten a sus familias".
Los vaqueros son vendidos por más de 20 dólares cada uno en las tiendas de la AAFES que, no obstante, defendió su derecho de abastecerse en Chemtex.
En un comunicado emitido en su sede de Dallas, la agencia dijo que envió a Nicaragua un experto para asegurar la calidad del producto, y un funcionario de compras para investigar las denuncias de condiciones abusivas de trabajo en la fábrica que emplea a 2.000 personas.
"Luego de dos días de inspección, los funcionarios de AAFES no encontraron pruebas de condiciones de trabajo abusivo", declaró la agencia.
La demanda judicial se basa en una norma federal que data del siglo XVIII para proteger a los extranjeros y los ciudadanos estadounidenses contra actos de piratería cuando viajaban por alta mar.
Prevé que cualquiera pueda entablar juicio a una persona o entidad que esté presente en Estados Unidos por secuestro, torturas y otros abusos por daños civiles.
En la última década, esa ley ha sido usada por el CCR contra gobernantes extranjeros como el extinto presidente filipino Ferdinando Marcos, así como jefes militares, incluyendo generales acusados de abusos en Guatemala, Argentina, Indonesia y Etiopía.
En la mayoría de los casos, los acusados fueron informados del pleito legal mientras visitaban Estados Unidos y luego huyeron del país para evitar el proceso.
De prosperar el caso Chentex, la ley se aplicaría por primera vez en un juicio basado en denuncias de violaciones de derechos laborales internacionalmente reconocidos.
"Este proceso enviará un mensaje ratificando que los obreros en todas partes tienen derechos fundamentales, y los proveedores de comerciantes minoristas y los militares estadounidenses deben respetarlos", dijo Ratner.(FIN/IPS/tra-en/jl/da/ego/aq/hd-lb/00
