Una sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile dispuso hoy, en un fallo imprevisto, la postergación del interrogatorio que el juez Juan Guzmán debía tomar este miércoles y el jueves al ex dictador Augusto Pinochet para determinar si lo encausa penalmente por crímenes contra los derechos humanos.
La quinta sala del máximo tribunal, integrada por cinco magistrados, dispuso que el juez Guzmán deberá velar porque se realicen exámenes médicos y psiquiátricos a Pinochet antes de la llamada declaración indagatoria, para la cual la misma instancia fijó anteriormente un plazo que vence el 9 de enero.
Esta resolución, adoptada por cuatro votos a favor y uno en contra, fue calificada de «sorprendente» e «inexplicable» por los abogados acusadores del ex dictador (1973-1990) en el proceso por la llamada «caravana de la muerte».
El día 20, la misma sala señaló el plazo de 20 días para la declaración indagatoria (interrogatorio judicial) de Pinochet y estableció expresamente que Guzmán debía cumplir ese trámite, independientemente de que se le hubieran practicado los peritajes médicos al anciano general retirado de 85 años.
Fue en cumplimiento de ese fallo anterior que el magistrado fijó el jueves último un cronograma que contemplaba el interrogatorio de Pinochet los días 27 y 28 de este mes y los análisis médicos para el 22 de enero.
Con esta última resolución de la sala penal de la Corte Suprema, se posterga el interrogatorio y el juez tendrá que adelantar la fecha de los exámenes médicos y psiquiátricos al ex dictador, intentado que se realicen antes del 9 de enero.
El texto del dictamen de la Corte Suprema estableció, sin embargo, que «si los exámenes no han sido practicados en la fecha límite (del 9 de enero)», el juez podrá de todas maneras tomar la declaración indagatoria al ex dictador.
El caso Pinochet ha sido objeto en el último mes de una sucesión de resoluciones judiciales y fallos, ya sea a favor o en contra del ex dictador, lo cual tiende a reproducir el escenario que se vivió entre el 16 de octubre de 1998 y el 2 de marzo de este año, cuando el ex gobernante de facto estaba detenido en Gran Bretaña.
El «síndrome de los lores», como se llamó durante ese período a las marchas y contramarchas del proceso en la Cámara de los Lores, máximo tribunal británico, aparece ahora en su versión chilena como el «síndrome de la Corte Suprema».
Ese tribunal dispuso el 8 de agosto el cese de la inmunidad legislativa de Pinochet como senador vitalicio, dando paso así a la posibilidad de que Guzmán lo encausara por su responsabilidad en los crímenes que la «caravana de la muerte» cometió en varias ciudades de Chile entre septiembre y octubre de 1973.
La «caravana» fue una misión especial del ejército, que Pinochet, como jefe de esa fuerza, designó tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para «agilizar» procesos a prisioneros políticos.
A comienzos de este mes, y luego de un arduo debate judicial acerca de los exámenes médicos y mentales a Pinochet como requisito para su procesamiento, Guzmán expidió una orden de procesamiento y arresto del ex dictador bajo cargos de mandante y coautor de 18 secuestros y 57 homicidios de la «caravana de la muerte».
La decisión del juez fue revocada por sucesivos fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, que acogieron un recurso de amparo de la defensa de Pinochet, aduciendo vicios de procedimiento en la actuación de Guzmán.
Los tribunales compartieron el planteamiento de que Pinochet no había sido sometido a la declaración indagatoria, trámite judicial indispensable para emitir un auto de encausamiento, por lo cual la Corte Suprema ordenó a Guzmán el cumplimiento de esa diligencia.
El nuevo fallo de este martes resultó sorpresivo, porque mostró un cambio en la prioridad que el máximo tribunal daba a la diligencia del interrogatorio por sobre los peritajes médicos que deben ser realizados en el Hospital Militar, a cargo de facultativos del Instituto Médico Legal y la Universidad de Chile.
A los peritajes asistirán además como observadores dos expertos, designados por la defensa de Pinochet y por la parte querellante en el proceso.
Guzmán dijo a la prensa que estudiará detenidamente el texto de esta nueva resolución de la corte para determinar «el procedimiento que deberé seguir conforme a las nuevas instrucciones».
«No me sorprende nada», fue la respuesta del juez cuando se le preguntó sobre lo imprevisto de esta resolución.
Guzmán declinó opinar si el conocimiento de los resultados de los exámenes será un paso previo indispensable para la declaración, una materia objeto de diversas interpretaciones entre los abogados acusadores y defensores del ex dictador y que el dictamen de la corte no aclara taxativamente.
«Espero que los exámenes se hagan lo antes posible y que luego el juez proceda a interrogar a Pinochet, cualquiera sea el resultado de esos exámenes», señaló la abogada Carmen Hertz, una de las acusadoras del ex dictador, sorprendida por el dictamen del máximo tribunal.
Hugo Gutiérrez, otro acusador, consideró «inexplicable» e «indebido» este último fallo, que a su juicio está en «abierta contradicción» con la resolución de la misma corte del día 20. Según Gutiérrez, estas actuaciones afectan la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía.
Pablo Rodríguez, jefe del equipo de abogados del ex dictador, anunció que presentará un nuevo recurso para que los tribunales ordenen la realización de los exámenes médicos en el más breve plazo.
Según la estrategia de la defensa de Pinochet, si a través de los peritajes médicos se demuestra un gran deterioro en la salud física del anciano general, éste debe ser exonerado de inmediato del juicio, porque no se cumplirían las condiciones para un debido proceso.
Los querellantes, en cambio, sostienen que la única condición para declarar inimputable penalmente a Pinochet, de acuerdo con las leyes chilenas, es que los exámenes siquiátricos muestren que adolece de demencia senil u otra anomalía mental. (FIN/IPS/ggr/hd ip/00
