La confirmación del crédito internacional que pondrá a Argentina a salvo del cese de pagos, prevista para el lunes, coronará un ciclo de poco más de un año de gobierno de Fernando de la Rúa en que la razón política no pudo imponerse a las decisiones del mercado.
Para el gobierno de De la Rúa, que al instalarse en diciembre de 1999 prometió ordenar las cuentas públicas y empujar el crecimiento y el empleo, el 2000 se consumió en una serie de ajustes para ganar la confianza de los mercados.
Pero nunca obtuvo ese aval y ahora debe aumentar su endeudamiento.
"La capitulación de la política, convertida en un modesto apéndice de los mercados, hizo que el gobierno abdicara de toda pretensión de gobernar", sostuvo esta semana el sociólogo Atilio Borón, ex decano de la Universidad de Buenos Aires, a modo de balance del primer año de gestión de De la Rúa.
"La enfermiza compulsión del gobierno es calmar a los mercados, apaciguar sus humores, ceder cada vez más a sus demandas, pero ellos exigen, sin importarles que en el camino la sociedad se desintegre y la democracia se pervierta: su aspiración es que la propia nación se convierta en un mercado", afirmó Borón.
Los dirigentes de la gobernante Alianza destacaron en la campaña electoral su afinidad con la Internacional Socialista y con los principales referentes de la Tercera Vía que promueve el primer ministro británico Tony Blair.
Pero sus decisiones, una vez en el gobierno, tuvieron casi siempre orientación conservadora, según conciden varias opiniones.
Paradigmático de una acción de gobierno alejada de las promesas de equidad fue el aumento del precio del transporte público de pasajeros, autorizado para beneficiar a las empresas, y que fue impedido por la justicia, a iniciativa de la Defensoría del Pueblo.
Estas medidas alejaron a los gobernantes de sus votantes, pero tampoco los acercaron a los inversores, supuestos destinatarios de los gestos de austeridad, disciplina fiscal y defensa de los intereses del capital por sobre las necesidades populares.
Ni la reforma laboral, ni las promesas de recortar el déficit del presupuesto vencieron la indiferencia de los mercados. Tampoco sirvieron como ofrenda un impopular aumento de impuestos ni la poda de los salarios en la administración pública, el compromiso de abatir gastos provinciales o el de reducir las pensiones.
La cúpula de la Iglesia Católica, tradicionalmente conservadora, optó esta vez por criticar al gobierno por sus alabanzas al "dios mercado" y su desinterés por las personas en un contexto en el que más de 40 por ciento de la población vive en la pobreza.
Pero aún más crítico de la subordinación de la política a los caprichos de inversores y banqueros fue Carlos Alvarez, uno de los líderes de la Alianza oficialista, que renunció a la vicepresidencia el 6 de octubre y sólo esta semana volvió a hablar ante la opinión pública.
"La política cacarea y se enoja con el fundamentalismo de mercado, pero es absolutamente funcional a lo que el mercado necesita: una política venal, perforable, sin capacidad de poner límites a la voracidad de los mercados", se quejó este jueves Alvarez, frustrado en su lucha contra la corrupción en el Senado.
La promesa de recuperar la política y la influencia del Estado contribuyó al triunfo de la Alianza en las elecciones de octubre de 1999 sobre el Partido Justicialista (Peronista), que en los 10 años anteriores había apoyado las decisiones de Carlos Menem para abrir la economía a las inversiones y privatizar las empresas públicas.
Pero la Alianza dedicó su primer año de gobierno a conseguir el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, indispensable a su entender para lograr financiamiento, atraer inversiones, generar crecimiento económico y aumentar el empleo.
La estrategia no tuvo éxito. El desempleo aumentó a 14,7 por ciento, luego de un descenso a 13,8 por ciento hace un año, y, tras dos años de recesión, se prevé para el ejercicio anual que finaliza este mes un crecimiento económico de apenas 0,2 por ciento.
"Tuvimos un año marcado por el fiscalismo", señaló Alvarez, en alusión a la primoridal preocupación de De la Rúa por el desequilibrio fiscal, cuya reducción fue buscada como requisito de cualquier medida que pudiera reactivar la producción, crear empleo o ayudar a los más pobres.
"Caímos en el error de pensar que si se superaba la crisis fiscal mejoraría la tasa de riesgo país y se dinamizaría el crecimiento", dijo el ex vicepresidente, quien considera ahora que los votantes de la Alianza perciben una continuidad en lugar de un cambio respecto del gobierno de Menem.
Alvarez abandonó el gobierno en medio de una fuerte crisis política por denuncias de corrupción en el Senado que él mismo presidía en su calidad de vicepresidente de la República.
Su inmediata decisión fue exigir la investigación del denunciado caso de sobornos y la sanción de los culpables, pero consideró que De la Rúa no le prestaba suficiente apoyo y dimitió. No obstante, permaneció en la coalición.
"El gobierno termina su primer año prestando toda su atención al FMI, sin ninguna consideración por ningún otro mandato, ni siquiera por el que recibió de las urnas", escribió esta semana José Pasquini Durán, columnista político del diario Página 12.
Según Pasquini Durán, la promesa oficial de no dar marcha atrás con las reformas neoliberales que impuso Menem, pero avanzando al mismo tiempo en un mayor control del Estado sobre las empresas públicas, es todavía una asignatura pendiente, para decepción de los votantes del oficialismo.
Sólo uno de cada cuatro votantes de la Alianza volvería a hoy a apoyar a la coalición, según una encuesta que el Centro de Estudios de Opinión Pública difundió el 10 de este mes, al cumplirse un año de la instalación del gobierno.
Tras un año de gestión, el gobierno sigue sin resolver el dilema entre "contentar a los mercados y mantener una buena relación con vastos sectores de la sociedad", advirtió en el diario Clarín el columnista político Eduardo van Der Kooy.
El columnista de Clarín destacó la huelga general de 36 horas comenzada el 23 de noviembre como expresión de malestar de los votantes de la Alianza.
La alta adhesión a la huelga sorprendió al gobierno. Como no se veía desde hace muchos años, y a pesar del desprestigio de los sindicalistas, la segunda jornada del paro mostró casi un panorama de día feriado en todo el país.
"El gobierno, en verdad, no logró encontrar nunca en este tiempo algún punto de equilibrio que pudiera conformar por partes iguales al mercado y a la gente", observó Van Der Kooy.
La administración De la Rúa intentó aplacar desconfianzas de los banqueros y de los organismos financieros multilaterales sobre el rumbo económico de la Alianza, agregó.
"El gobierno confiaba en que luego llegaría el flujo de inversiones, pero nada de eso ocurrió", dijo.
También Borón sostuvo que hay "un abismo" entre las promesas de pleno empleo, igualdad de oportunidades, mejoramiento de la condición de los pensionados y depuración de la corrupción, y decisiones concretas que siguieron el ritmo de los requerimientos del FMI.
Borón afirmó que desempleados, obreros calificados, jubilados, maestros, profesionales, cientificos, agricultores, pequeños empresarios, industriales y comerciantes, defensores de los derechos humanos y la Iglesia Católica, cuestionan al gobierno.
Las autoridades sólo tienen la comprensión del capital financiero y de las empresas privatizadas, que este lunes celebrarán el anuncio simultáneo en Washington y Buenos Aires del "crédito blindaje" de más de 20.000 millones de dólares para que Argentina eluda el cese de pagos en 2001 y gane tiempo para crecer.
La deuda pública de Argentina, incluidas las obligaciones de los gobiernos provinciales, suma la mitad del producto interno bruto, y los intereses son 2,7 por ciento del mismo indicador.
En cuanto a los pagos previstos para el año próximo, ascienden a 21.500 millones de dólares. (FIN/IPS/mv/ff/if ip/00
