Es preciso desarrollar instituciones con jurisdicción mundial para detectar y sancionar violaciones de los derechos humanos por parte de gobiernos y corporaciones, sostuvo Human Rights Watch (HRW), la mayor organización no gubernamental (ONG) humanitaria de Estados Unidos.
El avance de la globalización de la economía hace urgente esa tarea, para cerrar la «brecha en la aplicación de la ley» en el mundo, afirmó HRW en su informe anual sobre asuntos humanitarios, divulgado este jueves en el marco de actividades preparatorias del Día Internacional de los Derechos Humanos, este domingo.
Esa brecha se debe a la creciente capacidad de gobiernos y corporaciones para violar en forma impune las normas internacionales en materia de derechos humanos, afirmó la ONG, con sede en Nueva York.
«El alcance de los problemas humanitarios contemporáneos excede en gran medida la capacidad de las instituciones internacionales para hacerse cargo de esos problemas», arguyó HRW en su Informe Mundial 2001, de 540 páginas.
En el marco de la globalización de la economía, «un perturbador vacío institucional a menudo implica el incumplimiento de normas humanitarias», indicó.
«Claras violaciones de derechos humanos son uno de los subproductos más alarmantes de la globalización», y hay que crear un marco normativo mundial de la actividad económica que defienda derechos civiles y políticos, alegó.
Ese marco es necesario para combatir la tendencia de gobiernos y corporaciones a ganar competitividad mediante ventajas económicas debidas a la represión, subrayó.
«Este criterio daría a los países pobres base legal para incluir en el debate internacional sobre comercio e inversiones de beneficios recíprocos que les ayuden al cumplimiento de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos», dijo este jueves el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth.
El informe registró acontecimientos vinculados con asuntos humanitarios en unos 70 países.
Entre los hechos positivos se señalaron las protestas populares que forzaron la caída del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, y la redacción definitiva del tratado internacional contra el uso de la infancia en acciones bélicas.
También se destacó que hubo por primera vez una crítica formal de la Comisión de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) a un miembro permanente del Consejo de Seguridad del foro mundial, por abusos cometidos por fuerzas de Rusia en la república separatista de Chechenia.
HRW elogió la orden de arresto de una corte de Senegal contra el ex dictador de Chad Hissene Habre, residente en territorio senegalés, por violaciones de los derechos humanos cometidas durante su gobierno, pero deploró que un fallo judicial posterior haya anulado esa orden.
Otras decisiones elogiadas fueron la de Panamá al negar asilo al ex jefe de los servicios de Inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos, y la de México al arrestar al argentino Miguel Cavallo, requerido por un juez español como torturador.
«Esos y otros casos muestran crecientes esfuerzos de gobiernos del Norte industrializado y del Sur en desarrollo para llevar ante la justicia a quienes violaron derechos humanos desde posiciones de gobierno», apuntó HRW.
Esos esfuerzos aún son «rudimentarios», pero resultan estimulantes si se considera el avance en la materia desde el arresto en Gran Bretaña del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a fines de 1998 y a pedido de un juez español.
Entre los hechos negativos se señalaron el «notorio fracaso» de la comunidad internacional en su intento de presionar a Rusia para que sancionara a oficiales responsables de atrocidades en Chechenia.
También la «escasa atención internacional a cuestiones de justicia en Africa central», en especial en Burundi y República Democrática del Congo, y que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no lograra arrestar al líder serbio-bosnio Radovan Karadzic, acusado de genocidio y crímenes de guerra en Bosnia.
Karadzic «continúa durmiendo en paz todas las noches, bajo las narices de la OTAN», dijo Roth.
HRW lamentó la reanudación de abusos en Sierra Leona y la lentitud de la comunidad internacional para establecer allí un tribunal de crímenes de guerra, y que Indonesia no haya controlado desmanes de milicias en Timor Oriental y de su ejército en Aceh y Papúa-Nueva Guinea.
Otros hechos deplorados fueron la persistencia de vínculos entre el ejército de Colombia y fuerzas paramilitares de derecha responsables de abusos, así como el uso «excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de Israel contra protestas de palestinos.
La ONG formuló severas críticas a lo que llamó «una visión selectiva de la justicia por parte de Estados Unidos».
Washington insiste en que se le exceptúe de la jurisdicción de de la Corte Penal Internacional, y un funcionario de Inteligencia peruano detenido en Estados Unidos bajo la acusación de practicar torturas fue liberado con rapidez, recordó.
Estados Unidos no estableció requisitos de respeto por los derechos humanos en un plan de asistencia militar a Colombia, y se negó a dar información al fiscal investigador de posibles abusos humanitarios cometidos por fuerzas de la OTAN en los bombardeos de 1999 contra Yugoslavia.
El envío de asistencia militar a regímenes que cometen violaciones de derechos humanos es «un mensaje desastroso», dijo Roth.
«Washington apoya la creación de tribunales para juzgar violaciones de derechos humanos en países, pero sólo cuando esos abusos no lo involucran, y bloquea esfuerzos para crear un sistema judicial mundial que pueda aplicarse a estadounidenses», comentó HRW.
La ONG enfatizó la importancia de avanzar hacia instituciones o acuerdos mundiales que permitan castigar a gobiernos, grupos insurgentes o corporaciones que violen derechos humanos.
El actual sistema regulatorio del comercio mundial contempla «en forma escasa o nula» esas cuestiones, y «la integración comercial no conduce en forma necesaria a avances humanitarios», comentó.
HRW mencionó a China, a Sudán y a las economías petroleras emergentes de Asia central como ejemplos de que la inversión extranjera no implica menor represión.
Al mismo tiempo, los enemigos de la globalización no han producido un modelo alternativo aceptable, agregó.
Muchos habitantes de países en desarrollo temen que los esfuerzos del Norte para vincular normas laborales o ambientales con acuerdos comerciales se utilicen para no importar productos del Sur, señaló.
En ese contexto, propuso que Norte y Sur consideren un marco humanitario para abordar problemas planteados por la globalización.
Ese marco estaría constituido por convenios internacionales ratificados que garanticen el respeto al derecho de sindicalización, al de los ciudadanos a elegir su gobierno y a plantearle solicitudes, y al de las minorías desfavorecidas a igual trato ante la ley.
Otro desafío es el de fortalecer instituciones internacionales que garanticen el ejercicio de esos derechos, destacó HRW.
En cuanto a la protección de derechos laborales, la Organización Mundial del Comercio «no tiene experiencia, cultura ni tradición», mientras la Organización Internacional del Trabajo carece de facultades, indicó.
Las instituciones financieras multilaterales, en particular el Banco Mundial, dieron algunos pasos positivos en los últimos años, como su advertencia a Indonesia de que perdería ayuda si no se retiraba de Timor Oriental, y su insistencia en la participación de representantes de ONG en reuniones de donantes.
Sin embargo, su atención a estos temas ha sido inconsecuente y limitada a casos específicos, según el informe.
Esas instituciones señalan abusos de gobiernos pero no de corporaciones que incorporaron los derechos humanos a sus discursos pero no han hecho más que someterse a códigos «voluntarios» de conducta en algunos casos, señaló HRW.
Y así como la ONU envía fuerzas de paz a Africa y otras regiones sin mandatos ni recursos adecuados, la comunidad internacional exige respetar derechos humanos y laborales sin ofrecer un medio adecuado para garantizar que ese respeto exista, aseveró. (FIN/IPS/tra-en/jl/mp-mlm/hd-ip/00
