Un tribunal de Estados Unidos absolvió hoy a dos generales salvadoreños por los asesinatos en 1980 de cuatro religiosas estadounidenses perpetrados en El Salvador.
El jurado halló que el general retirado Carlos Vides y el ex ministro de Defensa general José Guillermo García no son responsables de los crímenes perpetrados por soldados bajo su mando, un principio que rigió los juicios de Nuremberg tras la segunda guerra mundial.
Los 10 jurados aceptaron el argumento de la defensa de que ambos hombres hicieron lo que pudieron para impedir los crímenes, pero no lograron controlar a todos los efectivos bajo su mando.
El Comité de Abogados por los Derechos Humanos, que había representado a los demandantes en el caso, apelará el veredicto.
«A pesar de nuestra profunda desilusión con el veredicto, esta era una oportunidad histórica para enfrentar -en un tribunal estadounidense- a los comandantes militares de El Salvador con sus cruentos antecedentes», declaró el director de la organización de Nueva York, Michael Posner.
Las cuatro religiosas, Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y la misionera laica Jean Donovan, fueron secuestradas de su camioneta, violadas y asesinadas por soldados de la Guardia Nacional el 2 de diciembre de 1980.
Los asesinatos se perpetraron en el contexto de una cruenta represión por parte de los militares y sus aliados de los escuadrones de la muerte, cuando hasta 800 personas eran masacradas cada mes.
En Washington, donde el entonces presidente Jimmy Carter cesó brevemente la ayuda militar a El Salvador, los asesinatos se convirtieron en una fuente de fuerte enfrentamiento entre los activistas de los derechos humanos y altos funcionarios del entrante gobierno de Ronald Reagan.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigó el caso y, a pesar de que las Fuerzas Armadas salvadoreñas intentaron encubrir su responsabilidad, cuatro efectivos de la Guardia Nacional y el subsargento Luis Antonio Alemán fueron detenidos por el crimen.
En mayo de 1984, bajo intensa presión estadounidense, los cinco fueron condenados a 30 años de prisión, en una medida considerada por el gobierno de Reagan como un gran avance para acabar con la impunidad militar en El Salvador.
En el juicio, los acusados se negaron a implicar a oficiales superiores. Pero en marzo de 1993, la Comisión de la Verdad salvadoreña concluyó, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, que los cinco efectivos habían recibido la orden superior de ejecutar a las mujeres.
La Comisión sostuvo que Vides, entonces al frente de la Guardia Nacional, ayudó a encubrir los asesinatos y que García, entonces ministro de Defensa, no hizo las gestiones debidas para investigarlos.
El caso fue planteado el año pasado en representación de las familias de las religiosas después de que éstas descubrieran que Vides y García vivían retirados en Florida desde 1989.
Las familias exigían 100 millones de dólares en daños y perjuicios y un veredicto que deportara a los dos hombres según la ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, de 1992, que permite a las víctimas de «crímenes escandalosos» y sus sobrevivientes a demandar a los oficiales que cometieron los abusos y a sus comandantes.
La ley deriva de otra de 200 años de antigüedad que habilita a cualquier ciudadano a demandar a funcionarios extranjeros hallados en territorio estadounidense por haber violado los derechos humanos, incluso si la violación tuvo lugar en otro país.
De esta manera, fallos contra funcionarios de Argentina, Etiopía, Guatemala e Indonesia exigieron el pago de decenas de millones de dólares en daños en los últimos años, pero casi todos los acusados huyeron de Estados Unidos antes del juicio.
El caso de los salvadoreños fue uno de los pocos en que los acusados se presentaron ante el tribunal.
Las pruebas producidas durante el juicio de tres semanas no ofrecieron novedades. El entonces embajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White, concordó con la conclusión de la Comisión por la Verdad de que los dos acusados habían encubierto los asesinatos, según atestiguó en Florida.
En su testimonio, Vides reconoció que sabía que sus soldados habían asesinado a civiles y que estaba al tanto de los centros de tortura en la sede de la Guardia Nacional bajo su período de mando, pero insistió en que había hecho lo posible para detener esos abusos.
«Hice todo lo humanamente posible para corregir esas deficiencias. Pero no es fácil cambiar una tradición de 50 años de un día para el otro, o de construir la democracia en un país», aseguró.
También sostuvo que nunca se comunicó durante la investigación con su primo, el coronel Edgardo Casanova, comandante de la zona donde las mujeres fueron secuestradas y asesinadas, y negó encubrir los hechos que llegó a conocer sobre el caso.
García también reconoció que la violación de los militares a los derechos humanos era generalizada, pero insistió en que, dada la confusión y el caos imperante entonces, poco podía haber hecho para ejercer el control.
También negó que hubiera encubierto los asesinatos y sostuvo que jamás tuvo los recursos necesarios para realizar una investigación cabal.
El juez había informado al jurado que debía hallar a los acusados culpables si concluía que los dos hombres no habían controlado a sus fuerzas.
«Sinceramente, estoy asombrado. Puede ser que los jurados no hayan comprendido las instrucciones del juez y que hayan pensado que si los acusados no ordenaron los asesinatos, entonces no deberían ser responsabilizados», comentó el ex embajador White. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd/00
