Colombia desplazados por la guerra civil pidieron a los paramilitares de derecha y a los guerrilleros izquierdistas que respeten su neutralidad y levanten el bloqueo de la zona en la que han sido reasentados.
Desplazados reubicados en la región de Urabá, fronteriza con Colombia, advirtieron que se hallan en riesgo, pues los paramilitares los acusan de colaborar con los guerrilleros y éstos de ayudar a aquellos.
La amenaza pende sobre tres comunidades de paz de la cuenca del río Atrato. Los miembros de esas comunidades pretenden que las áreas que ocupan sean consideradas zonas neutrales, o espacios en que la población civil puede permanecer sin convertirse en objetivo militar de las partes en conflicto.
Según el Centro de Educación y Educación Popular (Cinep), que realiza trabajo pastoral y social en las comunidades amenazadas, en lo que va del año han sido asesinadas 11 integrantes de esos asentamientos por uno u otro bando.
Margarita Merino, investigadora del Cinep, dijo a IPS que las tres grupos de campesinos reasentados sufren el bloqueo económico impuesto por los dos bandos armados, que les impiden sacar sus productos de la zona para comercializarlos y controlan el ingreso de alimentos.
«Los campesinos están recogiendo sus cosechas en estos días, pero no cuentan con garantías por parte del Estado para poder sacarlas a los centros urbanos», señaló Merino.
Los guerrilleros y los paramilitares combaten en Urabá por el control del cañón de La Llonora, un accidente geográfico estratégico, que comunica la región del curso medio del río Magdalena, rica en recursos minerales y energéticos, con el centro de Colombia.
Un representante de la comunidad de paz de Riosucio que pidió no ser identificado por razones de seguridad, dijo que en ese asentamiento
Los paramilitares impusieron a los habitantes de las comunidades de la zona de Riosucio un tope máximo de compra de víveres de 50.000 pesos (cinco dólares) semanales por familia de cinco o seis miembros, para evitar supuestamente que suministren alimentos a la guerrilla.
«No podemos comprar alimentos ni vender nuestras cosechas, porque cada bando armado cree que estamos apoyando al enemigo», dijo un representante de Riosucio que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.
El campesino acusó al gobierno de faltar a la promesa de ganatizar la seguridad de los desplazados cuando se acordó su reasentamiento.
Las primeras comunidades de paz se crearon en 1997, conformadas por unos 5.000 campesinos que habían huido de su hogar debido al fuego cruzado de guerrilleros, paramilitares y tropas gubernamentales.
Los campesinos acordaron con el gobierno su reasentamiento en nuevas tierras de la región en que habían residido. Posteriormente sugirieron las comunidades de Riosucio, afectadas ahora por la lucha entre paramilitares y guerrilleros.
Las comunidades de paz tienen como principio no participar en forma directa o indirecta en la guerra, no portar armas, no prestar ayuda táctica, logística o estratégica a los combatientes y respaldar el esfuerzo por la solución negociada del conflicto armado. (FIN/IPS/yf/ff/pr ip/00
