Brasil y la Unión Europea (UE) llevan adelante iniciativas para lograr que grandes negocios vinculados con el fútbol dejen de realizarse al margen de normas laborales, fiscales y financieras de la economía formal.
Esas iniciativas tienen especial importancia porque Brasil es el principal «exportador» en las transferencias internacionales de jugadores entre clubes de fútbol, que movilizan cientos de millones de dólares, y la UE el principal «importador».
El público y los periodistas deportivos suelen hablar de compra y venta de jugadores, como si se tratara de esclavos, pero el dinero pagado por una transferencia se identifica en los documentos correspondientes como multa por rescisión de contrato entre el deportista y la institución en la cual deja de jugar.
La mayor parte de los mejores jugadores del mundo se concentran en un pequeño grupo de clubes europeos, en especial de España, Gran Bretaña e Italia.
El Congreso Nacional brasileño instaló esta semana dos Comisiones Parlamentarias Investigadoras (CPI), una de la Cámara de Diputados y otra del Senado, con la intención de aclarar numerosas denuncias y sospechas de delitos vinculados con el fútbol.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, busca a su vez que las normas de ese bloque se apliquen a las transferencias de futbolistas.
Esa preocupación se hizo más urgente hace unos tres meses, cuando se anunció que el importante pero muy endeudado club español Real Madrid había adquirido al jugador portugués Luis Figo por 53 millones de dólares.
A eso se agregan rumores de que un club italiano se dispone a pagar mucho más para adquirir al brasileño Rivaldo, quien se desempeña en la actualidad en el club español Barcelona y fue distinguido el año pasado como el mejor del mundo.
El actual sistema de transferencias y el hecho de que los contratos aten a los jugadores a los clubes violan los derechos laborales y de competencia, así como el principio de libre circulación de trabajadores vigente en la UE, según la Comisión Europea.
Joseph Blatter, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que rige la práctica del deporte en el mundo, aceptó negociar la adaptación parcial de ese sistema a las normas de la UE, pero reclama un «tratamiento de excepción» para el fútbol, aunque muchos de los mayores clubes son compañías con acciones en las bolsas de valores.
En esa negociación apunta la tendencia a mantener el pago de una compensación a los clubes que transfieren a un jugador, pero con una fuerte rebaja de las sumas que se pagan.
El hecho de que la UE sea el principal «mercado importador» de jugadores determinará que los efectos de un cambio en el sistema de transferencias se extiendan a los países «exportadores», concentrados en América Latina.
El parlamento de Brasil investigará a su vez transferencias de jugadores por grandes sumas de dinero cuyo ingreso al país no se ha registrado de modo formal en su mayor parte.
El Banco Central brasileño ha comprobado maniobras en esas transferencias que violan normas nacionales sobre evasión de divisas, y en uno de esos casos aplicó una multa de 1,35 millones de dólares.
Los delitos financieros relacionados con las transferencias estarán a cargo de la CPI del Senado, mientras la de diputados indagará el contrato que convirtió en patrocinadora oficial de la selección brasileña de fútbol a la firma transnacional de calzado deportivo Nike.
Nike se comprometió a aportar 400 millones de dólares a la selección en un período de 10 años, a cambio de que los jugadores que la integran emplearan sus productos y fueran vehículo de su propaganda.
La Confederación Brasileña de Fútbol, que rige la práctica nacional del deporte, admitió que el contrato con Nike incluye cinco cláusulas secretas, y el primer objetivo de la CPI de diputados será conocer y revelar esas cláusulas, indicó el comunista Aldo Rebelo, presidente de esa comisión.
La CPI de diputados, de 25 integrantes, también quiere saber si hubo interferencia indebida de Nike en asuntos deportivos de la selección, ante insistentes rumores de que la firma impuso, por ejemplo, la participación del jugador brasileño Ronaldinho en el partido final de la Copa Mundial de 1998, contra Francia.
Ronaldinho, famoso por sus goles en el club Inter de Italia y considerado en ese momento el mejor jugador del mundo, era uno de los contratados por Nike para hacer publicidad, pero tenía una lesión de rodilla y había sufrido una convulsión algunas horas antes del partido final.
Brasil perdió ese partido por tres goles contra cero, y su mal desempeño deportivo fue atribuido por muchos a las perturbaciones causadas por la presión de Nike y al hecho de que Ronaldinho haya jugado en condiciones físicas inadecuadas.
Es probable que los mayores escándalos surjan del trabajo de la CPI del Senado, que comenzará a fines de este mes, ya que el fútbol brasileño se rige por normas propias de la economía informal, y las irregularidades son numerosas.
El presidente de la CPI del Senado, Alvaro Dias, anunció que los primeros invitados a prestar testimonio fueron el ex director técnico de la selección, Wanderley Luxemburgo, y su ex secretaria y compañera, Renata Alves.
Alves acusa a Luxemburgo de haber aprovechado sus funciones en la selección para ganar comisiones en transferencias de jugadores.
La evasión fiscal es un delito habitual en el ambiente del fútbol. Luxemburgo admitió haberlo cometido, y debe al Estado unos 700.000 dólares por ese motivo.
El jugador brasileño Romario, considerado el mejor del mundo cuando jugaba en España hace algunos años, es acusado por las autoridades fiscales de evasión por valor de unos 540.000 dólares.
La CPI del Senado también indagará denuncias de fraude en transferencias de jugadores al exterior, en la declaración de recaudaciones por venta de entradas a partidos y en contratos con la televisión para la difusión de encuentros deportivos.
Por otra parte, el ministro brasileño de Previsión Social, Waldeck Ornellas, decidió poner fin a un régimen excepcional de aportes previsionales que beneficia a los clubes de fútbol, por considerarlos instituciones sin fines de lucro.
El aporte de los clubes al sistema previsional se limita en la actualidad a cinco por ciento de lo recaudado por venta de entradas a los partidos, mientras en general las empresas aportan 20 por ciento de los salarios que pagan a sus trabajadores.
Ornellas declaró que el beneficio concedido a los clubes implica que el sistema previsional deje de recaudar unos 33 millones de dólares este año.
En realidad, la suma que no se recauda es muy superior, ya que los clubes de fútbol están, además, entre los deudores contumaces del sistema previsional. (FIN/IPS/mo/mp/cr if/00
