Un juez, su chofer y su escolta fueron asesinados hoy en la capital de España por la organización ilegal ETA, en un atentado con explosivos en que resultaron heridas otras 38 personas.
La explosión dañó también medio millar de viviendas y decenas de vehículos, entre ellos un autobús, cuyo conductor está muy grave.
Con estas muertes suman 56 las perpetradas por ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) desde que surgió en la década del 60 y 19 desde que en diciembre de 1999 rompió una tregua unilateral que mantenía desde un año y medio antes.
En esa tregua, una delegación del gobierno español se reunió una vez con la dirección de ETA para negociar el abandono total de la violencia, sin éxito.
El juez José Francisco Querol Lombardero, de 69 años, su chofer, Armando Medina, y su escolta, Jesús Escudero García, resultaron muertos y calcinados al estallar una carga explosiva colocada en un automóvil ubicado cerca de un semáforo.
El artefacto fue detonado a distancia cuando el automóvil que trasladaba a Querol a los tribunales pasaba al lado del que contenía la carga explosiva.
Armando Medina estaba afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT, afín al Partido Socialista Obrero Español), central sindical que convocó para este martes una huelga de protesta en toda España.
Organizaciones pacifistas y humanistas celebraron manifestaciones este lunes en Madrid y las ciudades vascas de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y convocaron otras demostraciones para este martes en el resto de España.
La otra central sindical mayoritaria, la procomunista Comisiones Obreras, se adhirió al llamado de UGT, al igual que todos los partidos políticos con excepción de Euskal Herritarrok, coalición vasca que apoya a ETA y que obtuvo 14 por ciento de los votos en las últimas elecciones realizadas en el País Vasco.
También condenaron el atentado el presidente del gobierno español, José María Aznar, y el rey Juan Carlos.
El atentado se produjo en la mañana, cuando la mayoría de lso madrileños iniciaba sus actividades habituales. La explosión alcanzó de lleno al automóvil en que se desplazaban el juez, su escolta y su chofer.
El vehículo que fue alzado por los aires y lanzado a ocho metros de distancia, donde se incendió de inmediato.
El conductor de un ómnibus que pasaba por allí se debate entre la vida y la muerte por las heridas sufridas. Las siete plantas inferiores de un edificio de 15 pisos quedaron inhabitables, así como otras viviendas de los alrededores.
Minutos después de la explosión, decenas de vehículos estaban en llamas, mientras los servicios de auxilio montaban un hospital de emergencia en la calle.
Un vecino, Pedro García, relató que al oir el ruido de la explosión dirigió su mirada hacia el lugar y alcanzó a ver el coche que volaba por los aires, en medio de un atronador estruendo.
Los niños que asistían a dos escuelas cercanas gritaban y corrían por los patios, pues tras el ruido llegó al lugar el humo maloliente de los incendios, dijo una maestra.
Otro vecino, Félix San Juan, tuvo la suerte de atender el teléfono antes de salir de su domicilio. «De lo contrario hubiera estado pasando por el lugar de la explosión, rumbo a mi trabajo, justo cuando ocurrió la tragedia», dijo a Radio Nacional de España.
Josu Jon Imas, portavoz del gobierno autónomo vasco, condenó el atentado. «ETA mancha la imagen del pueblo vasco, pues solo muestra desprecio hacia la democracia y reivindica el chantaje y la violencia», afirmó.
«ETA habla de democracia y la desconoce e invoca al pueblo pero no respeta la decisión de éste, favorable a la paz y la convivencia», agregó Imas. El gobierno vasco es ejercido por una coalición que integran el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su escisión, Eusko Alkartasuna (EA).
Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sostuvo que el atentado es un nuevo ataque a la convivencia en paz. En términos similares se pronunció Santiago Martínez Bares, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Martínez Bares señaló que «la barbarie terrorista no variará ni un ápice la aplicación de las leyes de acuerdo con el Estado de Derecho».
También este lunes la justicia condenó a 30 años de cárcel al etarra Francisco Múgica Garmendia, alias «Pakito», máximo dirigente de ETA hasta su detención hace dos años, por el asesinato el 12 de septiembre de 1989 de la fiscal Carmen Tagle.
La semana pasada, al celebrarse el juicio, Múgica Garmendia apuntó con su dedo a los jueces y gritó: «Todos vosotros sóis Carmen Tagle». (FIN/IPS/td/mj/ip/00
