Un acuerdo entre Colombia y España para tramitar pedidos de extradición, prestarse asistencia penal mutua y trasladar a sus países de origen a condenados por la justicia entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre.
El ministro español de Cooperación Internacional e Iberoamericana, Miguel Angel Cortés, y el embajador colombiano en España, Carlos Julio Ardila Gaviria, intercambiaron este viernes los instrumentos de ratificación del correspondiente convenio de cooperación judicial en materia penal.
Cortés y la presidenta del Instituto de Fomento Industrial de Colombia, María Cecilia Otoya Villegas, firmaron además un acuerdo por el cual España financiará proyectos de cooperación para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas colombianas.
La extradición de personas requeridas para ser juzgadas por la justicia de un país y residentes en el otro fue una de las cuestiones más discutidas durante la negociación del acuerdo.
El interés español en el asunto se centra en el eventual pedido de extradición de acusados de integrar la organización ilegal vasca ETA (Euskadi Ta Askatasuna, o sea Patria Vasca y Libertad) y el colombiano en el eventual pedido de extradición de acusados de narcotráfico.
Hasta comienzos de los años 90, naciones de América Latina acogieron a acusados de integrar ETA o de colaborar con ella, en algunos casos por considerarlos refugiados políticos y en otros con el argumento de que los requeridos por España no habían cometido delitos en los países latinoamericanos en que residían.
Luego esa situación comenzó a cambiar, y algunos países concedieron extradiciones, como México y Uruguay, y otros se comprometieron a hacerlo, como Venezuela.
Los colombianos detenidos en aeropuertos de España cuando intentan introducir droga al país cometen un delito en territorio español, y por lo tanto son sometidos a la justicia española. Sólo al cumplir la pena que les sea impuesta puede ser extraditados.
Distinto es el caso de los narcotraficantes «mayoristas», quienes de costumbre no entran en contacto personal con los cargamentos de droga.
Fuentes policiales aseguran que jefes del narcotráfico y de otras mafias, entre ellas las de Italia y Rusia, viven en lujosas mansiones en las costas españolas del Mediterráneo, pero lavan el dinero ganado con sus delitos fuera de las fronteras de España, y no hay pruebas para acusarlos ante la justicia española.
El fiscal anticorrupción de España, Carlos Jiménez Villarejo, afirmó que uno de los paraísos fiscales en los cuales se lava ese dinero se ubica en islas del Canal de la Mancha, y que los pedidos de auxilio judicial españoles tramitados mediante Gran Bretaña ni siquiera fueron contestados.
Una investigación del diario madrileño El País reveló en septiembre que Leonid Terekhov, 44 años, a quien se considera uno de los jefes de la mafia rusa, vive en la ciudad española de Marbella, sobre el Mediterráneo sin que se le investigue, mientras es procesado en su país por quiebra intencionada de bancos y lavado de dinero.
En 1996, tres italianos fueron detenidos en Madrid a pedido de un juez de Italia que los acusó de 113 asesinatos, por varios de los cuales existe condena firme contra ellos en su país.
La Audiencia Nacional española (una especie de juzgado federal) aprobó el pedido de extradición, pero los abogados de los acusados apelaron hasta llegar al Tribunal Constitucional, el cual anuló en mayo de este año la extradición.
Cortés y Ardila Gaviria, al intercambiar los documentos que pondrán en vigencia el acuerdo judicial, enfatizaron que sus gobiernos tienen la voluntad de prestarse amplia cooperación para perseguir el delito, de acuerdo con las leyes vigentes y los ordenamientos jurídicos de cada país. (FIN/td/mp/ip/00)
