El paro de casi tres días de los dueños de camiones en Chile fortaleció la imagen política del presidente Ricardo Lagos, pero dejó millonarias pérdidas y grave impacto en la economía del país.
Los analistas políticos coincidieron en que el mandatario emergió en pie de este conflicto, ya que no cedió a las presiones de los transportistas, quienes depusieron la huelga en la tarde del jueves a cambio de sólo una promesa de diálogo para atender sus demandas.
Lagos dirigió un mensaje al país en la noche del jueves por una red voluntaria de televisión y radio en el cual fustigó la actitud de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que preside el empresario Héctor Moya.
El presidente reafirmó la vigencia del estado de derecho y sostuvo que la paralización iniciada el martes por unos 4.000 camioneros «no fue un paro, sino una ocupación ilegal de carreteras».
Durante las 60 horas del conflicto los seguidores de Moya bloquearon las principales autopistas del país en los tramos de acceso a las ciudades, creando graves problemas de abastecimiento de bienes esenciales y para el desplazamiento de pasajeros.
El líder de los camioneros dispuso el levantamiento de la huelga luego de una gestión mediadora en que intervinieron el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y el presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco.
En definitiva, el único logro del paro fue la próxima instalación de una comisión integrada por Moya, los dos mediadores y el ministro de Transportes, Carlos Cruz, para analizar el petitorio de ocho puntos de los camioneros.
La principal demanda de los huelguistas fue la rebaja del precio del diesel, eliminando un impuesto especial que lo grava. Exigían también el aumento de las tarifas de carga terrestre y la postergación de algunas disposiciones legales que consideran perjudiciales para sus intereses económicos.
Los transportistas exigen que se autorice una mayor antigüedad del parque de vehículos de carga y que se les exima por dos años de la obligación de capacitar a los choferes en escuelas especiales de conducir.
Ninguna de estas reivindicaciones fue atendida durante el paro por el gobierno, bajo la premisa señalada por Lagos de que no habría diálogo mientras se mantuviera el bloqueo de las carreteras.
El mandatario superó así el más grave conflicto producido en siete meses de gobierno y dio una demostración de fortaleza cuando resta poco más de una semana para las elecciones municipales del domingo 29.
Esta será la primera prueba electoral de la administración de Lagos, un socialista que gobierna con el respaldo de la alianza de centroizquierda Concertación por la Democracia.
«No quiero un país donde aquellos que tienen fuerza, porque pueden cruzar un camión en la carretera, hagan que sus demandas sean escuchadas por las autoridades», dijo el presidente en su alocución al país.
El paro tuvo un gran simbolismo, ya que trajo al recuerdo la huelga de camioneros de octubre de 1971, que fue la primera tentativa empresarial de desestabilización del gobierno del socialista Salvador Allende, derrocado en septiembre de 1973.
Pero si bien el actual gobierno emergió victorioso de este conflicto en términos políticos, la economía sumó, en cambio, una carga adicional de dificultades.
Los problemas de abastecimiento de combustibles y productos agrícolas incrementarán la inflación en octubre, advirtió el presidente del Banco Central, Carlos Massad.
Es muy probable que el índice de precios al consumidor de este mes supere el 0,7 por ciento registrado en marzo, la mayor tasa mensual de inflación de este año.
La inflación llegó en los nueve primeros meses de este año a 3,4 por ciento, frente a 2,3 por ciento en los 12 meses de 1999, uno de los registros más bajos de la historia de Chile.
En los próximos días deberá entregarse un cálculo preciso de las pérdidas causadas por las 60 horas de paro de los camioneros, que en una estimación inicial superaban los 150 millones de dólares por día.
Una de las enseñanzas positivas que dejó esta paralización fue la necesidad de rehabilitar la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que en estos días multiplicó sus precarios servicios para transportar mercancías, pasajeros y correspondencia.
Los ferrocarriles tuvieron un constante desarrollo en Chile hasta la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que optó por detener las inversiones en la empresa estatal y favorecer el transporte por carreteras, controlado por empresarios privados. (FIN/IPS/ggr/ff/tr if/00
