La renuncia presentada hoy en Argentina por el cuestionado secretario de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes podría aliviar la tensión que, desde el estallido en agosto de un escándalo de sobornos en el Senado, amenazaba fracturar la coalición gobernante.
De Santibañes, un ex banquero sin trayectoria partidaria ni antecedentes en la función pública y sospechoso del pago de los sobornos, era el blanco de todas las críticas de los partidos de la Alianza oficialista.
Pero conservaba un sugestivo apoyo de banqueros, empresarios e inversores, que lo consideraban una garantía de ortodoxia fiscal, pues más que atender la Secretaría de Seguridad, De Santibañes se desempeñaba como asesor económico del presidente Fernando de la Rúa.
En momentos en que la economía permanece estancada y el desempleo supera 15 por ciento, la crisis política desalienta a la población.
De Santibañes había sugerido el jueves que, para superar el estancamiento económico, el Poder Ejecutivo debía acabar con la Alianza, que gobierna desde diciembre.
Lo hizo en un programa de televisión, "Hora Clave", apelando a una analogía. Recordó que el primer ministro alemán Gerhard Schroeder reorientó su gestión reemplazando al ministro de Finanzas Oskar Lafontaine, del ala izquierda del gobernante Partido Socialdemócrata, y agregó que algo así podria ocurrir en Argentina.
La Alianza se formó en 1997 con el acuerdo de la Unión Cívica Radical, de De la Rúa, con el Frente País Solidario, una agrupación de centroizquierda encabezada por Carlos Alvarez, y se impuso en las elecciones de octubre de 1999.
Alvarez renunció a la vicepresidencia el 6 de este mes, disconforme con una reorganización del gabinete que no había afectado a De Santibañes ni a otro colaborador de De la Rúa, Alberto Flamarique, sospechosos del pago de sobornos en el Senado para la aprobación de una ley de reforma laboral.
La decisión de Alvarez, principal aliado político del presidente y duro censor de los hechos en el Senado, precipitó la crisis política.
El ministro del Interior, Federico Storani, calificó este viernes de «grave error» los dichos de Santibañes y se apresuró a aclarar "no representan la opinión del gobierno, que cree que la Alianza es fundamental para la gobernabilidad y la legitimidad del presidente".
Flamarique, ministro de Trabajo cuando fue aprobada la reforma laboral, presentó su dimisión, pero De Santibañes se mantuvo al frente de la Secretaría de Inteligencia, transformándose en el símbolo de la crisis política.
Un informe de la banca Goldman Sachs indicó hace una semana que una eventual salida De Santibañes del gobierno mostraria la "ineficacia de De la Rúa para resistir presiones".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, Eduardo Escasany, defendió la presencia del ex banquero en el gobierno.
"Sin duda, su presencia fortalece a (el ministro de Economía, Jose Luis) Machinea", dijo Escasany. El banquero consideró a De Santibañes como una garantía ante los inversores y dijo que si finalmente renunciaba, debía de todos modos quedarse cerca del presidente como asesor económico.
La crisis no cedió desde el alejamiento de Alvarez, a pesar de otras renuncias que eran reclamadas por el ex vicepresidente y de la promesa de De la Rúa de que prescindiría de De Santibañes en un momento que él mismo quería determinar, sin presiones.
Pero dos acontecimientos aceleraron en las últimas horas la salida del gobierno del funcionario. El primero fue un documento de la Sindicatura General del Estado, que compromete a De Santibañes con los sobornos en el Senado, y el otro fue creado por las declaraciones del secretario contra la Alianza.
La Sindicatura realizó una auditoría sobre la Secretaría que comandaba De Santibañes y encontró que esa dependencia mantenía una cuenta en un banco oficial con más de 20 millones de dólares. Esa cantidad figuraba entre los gastos de la Secretaría, pero había ingresado en la cuenta.
La justicia federal investiga ahora si los fondos para el pago de los sobornos que cambiaron el voto del Senado procedieron de esa misma cuenta de esa cuenta. La denuncia de sobornos fue presentada originalmente por algunos miembros de la propia cámara alta, que aseguraron que el tema era "vox populi".
De Santibañes intentó desacreditar los datos de la Sindicatura, explicando que muchas de las informaciones en las que se basa tenían caracter secreto, como ocurre con algunas actividades de la Secretaría de Inteligencia.
No obstante, la auditoría podría derivar en un juicio por malversación de fondos contra el ahora ex funcionario.
La permancencia de De Santibañes en su cargo, según habían dejado trascender allegados a De la Rúa, estaba vinculada a la necesidad de darle tiempo para aclarar su situación ante el escándalo en el Senado.
Ahora, el presidente debe elegir un nuevo secretario de Inteligencia y sus aliados en la coalición ven el camino despejado para negociar una mayor participación en el gobierno. (FIN/IPS/mv/ff/ip/00
