Grupos humanitarios de Argentina exhortaron hoy a los tres poderes del Estado a que cumplan con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que 14 presos políticos suspendan la huelga de hambre que realizan desde hace 53 días.
"No podemos comprender ni admitir la indiferencia de quienes tienen en sus manos las medidas necesarias para que el Estado cumpla las recomendaciones que hizo la CIDH en 1997", con el fin de revisar la sentencia contra los detenidos, dice un comunicado divulgado este lunes por varias organizaciones.
Los huelguistas reclaman una segunda instancia judicial, que les fue negada porque el juicio se realizó en el marco de la llamada ley de Defensa de la Democracia, que no lo permite.
La CIDH recomienda resarcir de algún modo a estos presos por entender que en ese juicio se violaron los derechos de igualdad ante la ley, una sugerencia que las organizaciones de derechos humanos y los detenidos interpretan como un pedido de excarcelación.
Pero el parlamento se niega desde comienzos de agosto a tratar un proyecto del Poder Ejecutivo que, si bien no los conforma plenamente, permitiría discutir el tema y levantar la drástica medida de fuerza.
Los 14 reclusos pertenecientes al izquierdista Movimiento Todos por la Patria cumplen condena de cadena perpetua por el asalto en enero de 1989 al cuartel militar de La Tablada, ubicado en las afueras de Buenos Aires.
En el episodio murieron 28 activistas y 11 miembros de las fuerzas de seguridad, y otras tres personas permanecen desaparecidas.
Los atacantes sobrevivientes fueron sentenciados en el marco de un proceso criticado por el organismo humanitario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que advirtió graves irregularidades.
La CIDH señaló la existencia de pruebas de ejecuciones sumarias realizadas por policías y militares luego de la rendición de los atacantes y de torturas aplicadas a los detenidos, quienes no pudieron apelar a una segunda instancia judicial.
Los atacantes argumentaron que su intención no era ocupar el cuartel sino que en realidad pretendían neutralizar un golpe de Estado, que dicen se gestaba contra el presidente Raúl Alfonsín (1983-89).
La norma de Defensa de la Democracia no preveía la doble instancia que la CIDH garantiza para todos los juicios, por lo cual este organismo considera que en el caso de La Tablada se violó la igualdad de derechos ante la ley.
Los presos comenzaron una huelga de hambre en mayo que se extendió por 47 días, tras los cuales el Ministerio de Justicia y el parlamento les prometieron tratar el caso. Sin embargo, el acuerdo no fue cumplido y la solución se difirió, lo cual llevó a los detenidos a que retomaran la huelga hace 53 días.
El abogado Héctor Tracktenberg, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, aseguró a IPS que la salud de los ayunantes es muy precaria. Además del peso que perdieron los 14 presos, dos de ellos debieron ser hospitalizados de urgencia y ya se temen daños irreversibles.
Tracktenberg consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo, enviado al Congreso hace dos semanas, podría ser un principio de solución, en la medida en que se abre a interpretaciones que debería hacer la justicia y no el poder político que es renuente a responsabilizarse por la liberación anticipada de estos presos.
Los ayunantes hubieran querido un indulto presidencial o, en su lugar, una ley que les permitiera apelar las sentencias, medida que los colocaría en condición de procesados y, como tales, reclamar la excarcelación por haber pasado más de 10 años presos sin condena firme.
En Argentina existe además una ley llamada de "dos por uno", la cual establece que por cada año de prisión sin condena se deben computar dos, lo cual hubiera permitido a estos presos quedar en libertad de inmediato en caso de ser considerados en proceso.
No obstante, estos proyectos fueron muy resistidos y por eso el Poder Ejecutivo envió otro más duro.
La recomendación de la comisión de la OEA de resarcir de algún modo a los presos por la violación de sus derechos es considerada por los grupos humanitarios y los presos como un pedido de excarcelación.
Ante este panorama, las organizaciones no gubernamentales reclamaron no sólo al Estado para que arbitre las medidas a tono con las recomendaciones de la CIDH, sino también para que los presos suspendan la medida de fuerza que los pone en riesgo de sufrir "daños irreversibles en su salud y su vida".
"Entre nuestras históricas consignas, la primera es defender la vida, luego la verdad y luego la justicia, y hemos puesto la vida primero por que consideramos que es el primero y principal derecho de todo ser humano", advirtieron las organizaciones en la exhortación divulgada este lunes.
El documento lleva la firma del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, aunque hay otras organizaciones que adhieren a la consigna.
De hecho, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es la encargada de la defensa de los presos, y la agrupación Hijos, que nuclea a hijos de personas desaparecidas durante la dictadura, reclamó fuertemente en Argentina y en España la semana pasada, durante una gira del presidente Fernando de la Rúa. (FIN/IPS/mv/dm/hd ip/00
