La represa de San Roque, en construcción en el norte de Filipinas, pretendía ser la respuesta a los problemas de energía de ese país, pero para sus constructores japoneses, se ha convertido en un monumento al dolor de cabeza.
La oposición a la represa ha sido implacable desde el comienzo, y actualmente hay al menos 44 organizaciones no gubernamentales (ONG) filipinas e internacionales que se declararon en su contra.
Según esos grupos, el proyecto hidroeléctrico, que se convertirá en la duodécima mayor represa del mundo cuando esté terminado, en 2004, tiene graves repercusiones ambientales y sociales que no han sido tomadas en cuenta.
Un legislador filipino visitó Tokio la semana pasada en un intento por impedir que Japón financie el proyecto.
«Nuestra última opción para proteger a nuestro sustento de la represa consiste en informar sobre nuestros temores al pueblo japonés», declaró a la prensa el viernes el congresista filipino Ronald Casalan.
Activistas japoneses se unieron a la campaña y arguyeron que el proyecto es un ejemplo más de cómo Japón sigue usando fondos públicos para financiar proyectos ambientalmente destructivos pese a la supuesta reforma de su política de ayuda al desarrollo.
Ikuko Matsumoto, del grupo ambientalista Amigos de la Tierra/Japón, señaló que esa política se opone a los deseos del pueblo japonés y contradice la promesa de Tokio de utilizar su ayuda oficial al desarrollo para la protección ambiental.
Por otra parte, los proponentes de la represa arguyen que ésta generará hasta 345 megavatios e irrigará 87.000 hectáreas de tierras en las llanuras.
La represa es construida sobre el río Agno, que nace en la cordillera del norte de Filipinas, a un costo de 1.190 millones de dólares. Cuarenta por ciento del proyecto ya está terminado.
Aunque la represa no constituye un proyecto oficial de ayuda japonesa al desarrollo, su financiación procede del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), considerado un equivalente del Banco Mundial.
El JBIC fue fundado en octubre de 1999, como resultado de la fusión del Export-Import Bank de Japón y el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar, las dos instituciones que ofrecían créditos preferenciales para proyectos de desarrollo.
En octubre de 1998, el Eximbank japonés aprobó un préstamo de 302 millones de dólares para los constructores privados de la represa, y luego consideró otro préstamo de 400 millones. Sin embargo, debido a las crecientes críticas al proyecto, el crédito inicial todavía no fue plenamente desembolsado.
San Roque Power Corporation es propiedad de un consorcio dominado por compañías japonesas. Marubeni Corporation posee 41 por ciento de las acciones, y Kansai Electric 7,5 por ciento.
Aunque la estadounidense Sithe Energies Inc. tiene 51 por ciento de las acciones, se cree que esta empresa es propiedad de Marubeni en 29 por ciento.
Pero el proyecto es «ilegal» porque viola la Ley de Derechos de los Indígenas de 1997, afirmó Casalan, perteneciente a la tribu ibaloi, que será directamente afectada por la represa.
Según el legislador, los ibaloi y otras tribus que viven río arriba perderán su fuente de agua una vez terminada la represa. Esas comunidades comprenden al menos 500 hogares que viven del cultivo de arroz, aunque algunas ONG afirmaron que hasta 2.000 familias serán afectadas.
La represa de San Roque también destruirá las tierras de cultivo de esas tribus como resultado de los sedimentos depositados río arriba cuando el flujo se interrumpa debido a la represa, advirtieron Casalan y varios grupos ambientalistas.
Además, hasta 1,2 millones de personas que viven en los llanos corren riesgo de inundación si se daña la represa, de acuerdo con los activistas.
Paradojalmente, funcionarios filipinos y consultores extranjeros afirmaron que la represa de hecho prevendría inundaciones en el área.
Mientras, un portavoz del JBIC aclaró que se realizaron varias evaluaciones de impacto ambiental sobre el proyecto, incluso dos este año, pero no aclaró cuáles fueron.
En respuesta a los reclamos de las comunidades indígenas, funcionarios del JBIC viajaron en una misión de estudio a Filipinas y regresaron la semana pasada, agregó otro portavoz.
Las comunidades afectadas sólo permitirán que el proyecto siga su curso bajo dos condiciones, advirtió Casalan. Una es «un plan concreto de reubicación y compensación a las miles de familias que deberán trasladarse».
La segunda, agregó, es «la realización de un estudio ambiental que garantice a los indígenas un programa de administración hídrica para poder seguir cultivando arroz una vez que la represa retenga su suministro de agua». (FIN/IPS/tra-en/sk-ccb/ccb/js/mlm/en-dv/00
