El remedio que las autoridades de Costa Rica aplican para curar la deforestación es tan o más peligrosa que la misma enfermedad.
Las políticas forestales de extracción de madera impulsadas en este país permiten talar de árboles de 500 años que luego son vendidos por 100 dólares, afirmaron biólogos, ingenieros y ambientalistas.
«Oficialmente se dice que en Costa Rica se extrae madera de forma planificada y sustentable, pero en realidad lo que existe es una deforestación legalizada», dijo a IPS Quírico Jiménez, ingeniero forestal del no gubernamental Instituto Nacional de Biodiversidad.
Costa Rica está cubierta hoy por 2,09 millones de hectáreas de bosque, de las cuales dos tercios están en manos privadas. La ley estipula que, para extraer madera en haciendas privadas, es necesario presentar a las autoridades un plan de manejo sustentable.
Jiménez admitió que la exigencia de planes de manejo tiene una buena finalidad, pero advirtió que en la práctica esos planes admiten estragos ambientales, pues son elaborados sólo por ingenieros forestales.
El experto sostuvo que, por el contrario, deberían participar equipos multidiscinarios que incluyan, entre otros, a biólogos, geólogos y botánicos, para determinar mejor cuáles son las zonas boscosas que deben preservarse.
Además, alertaron los críticos, los empresarios madereros talan más del máximo establecido, de entre dos y cinco árboles por hectárea, y no existen mecanismos estrictos que permitan supervisar adecuadamente la explotación maderera.
El gobierno reconoce que este sistema tiene fallas y que el principal obstáculo para corregir los problemas es la falta de recursos económicos.
Guido Chaves, director de fomento del Sistema Nacional de Areas de Conservación, consideró imposible el control de la gran cantidad de planes de manejo que se presentan por año, y reconoció, más bien, que se han presentado anomalías.
«Es cierto, tenemos que reconocerlo: se tala lo que se debe y lo que no se debe», admitió a IPS Elizabeth Odio, vicepresidenta y ministra del Ambiente.
Odio dijo que aunque grupos ecologistas han pedido una veda o prohibición total de corta de madera en el país, esa medida no es factible pues sería imposible de verificar y significaría un desastre económico para la economía local.
Ante la tala indiscriminada, la vicepresidenta costarricense enfatizó que se debe impulsar una campaña nacional educativa de prevención y que apoyará la idea de realizar un inventario de las especies de árboles del país, muchas de las cuales hoy se desconocen.
El no gubernamental Centro Científico Tropical (CCT) determinó que sólo en 1998 se extrajeron de los bosques costarricenses más de 447.000 metros cúbicos de madera, una cantidad considerada elevada y difícil de regenerar por los expertos.
«Lo que más lástima me da de esta tala es la pobreza que deja en las comunidades», aseguró a IPS Javier Baltodano, biólogo y ambientalista de la organización Amigos de la Tierra.
Según Baltodano, los planes de manejo no dejan beneficios en los pueblos rurales donde se los aplica, pues la actividad forestal no genera puestos de trabajo ni infraestructura, y más bien deja como saldo la pérdida de la riqueza ambiental y caminos destrozados por camiones y tractores.
Aunque ya no se registra una tala indiscriminada de los bosques como sí la hubo los años 70 y 80, la extracción legalizada a través de los planes de manejo, conocida como «madereo selectivo», se está convirtiendo en una seria amenaza para muchas especies de árboles.
En 1997, gracias a presiones ejercidas luego de la publicación de estudios independientes, el Ministerio del Ambiente prohibió la tala de 18 especies de árbol en peligro de extinción, entre ellas el bálsamo, la caoba, el guayacán real, el laurel negro y el camíbar.
Sin embargo, muchos piden que esa veda se extienda a otras especies y a las regiones donde más se tala, como la península de Osa en el sudoeste, en el Atlántico sur y las regiones Huetar norte y Tortuguero, en el norte.
Los opositores a las actuales políticas de manejo forestal en Costa Rica también cuestionan el auspicio que brindan las autoridades a diversos proyectos de desarrollo.
Los proyectos de inversión, ya sean turísticos, de infraestructura o de otra naturaleza, puede ser declarados por el gobierno como «de interés nacional». En ese caso, sus responsables reciben permiso para talar y construir en su territorio.
«Esa es una verdadera patente de corso, pues se le da más importancia a los intereses económicos que a la protección ambiental», expresó a IPS Roxana Salazar, miembro de la no gubernamental Fundación Ambio.
Tanto Salazar como los otros expertos consultados coincidieron en la necesidad de darle un cambio de rumbo a las actuales políticas ambientales, pues aunque internacionalmente se da a conocer una imagen de conciencia ecológica, dentro del país existe otra realidad.
En estos momentos Costa Rica posee 837.000 hectáreas de áreas protegidas. Los expertos prevén que, si no se revierten las tendencias actuales de tala con los planes de manejo sostenibles, aparte de esas áreas protegidas, este país podría quedarse sin bosques. (FIN/IPS/nms/mj/en/00
