Los campesinos colombianos que se desplazan a Venezuela para evitar el fuego cruzado del ejército, las guerrillas y los paramilitares de su país se encuentra al cruzar la frontera con la triste realidad de que no son considerados refugiados.
La población civil expulsada por la guerra civil de Colombia descubre al llegar a este país que es «desplazada interna en tránsito», paso previo para su devolución a la zona de origen.
Ese el caso de las personas obligadas a desplazarse a Venezuela cuando las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) atacaron la localidad de La Pista, en una zona de cultivos de coca del departamento colombiano de Norte de Santander.
El ataque, ocurrido el 22 de agosto, provocó el desplazamiento de unas 500 personas hacia el estado venezolano de Zulia, a través del río Catatumbo, que cruza la frontera entre ambos países, según informes de campesinos y autoridades locales.
Organizaciones de derechos humanos en Venezuela verificaron la presencia en las riberas de ese río a 20 familias, que suman unas 100 personas oriundas de La Pista, cuyas identidades rehusaron revelar. En cambio, las fuerzas militares venezolanas en la zona no las habían ubicado.
Mientras, el diario colombiano El Espectador informó el miércoles que habían recrudecido los combates en las proximidades de La Gabarra, un puerto fluvial cercano a La Pista, entre unos 1.100 hombres de las AUC y 400 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La posibilidad de que esos enfrentamientos generen más desplazamientos de civiles, Caracas activó un «comité técnico» de apoyo, mientras la cancillería hacía frente a un aluvión de críticas de las organizaciones no gubernamentales.
La prensa venezolana informó que la presencia de efectivos del ejército colombiano disuadió a las AUC de perseguir a campesinos que se desplazaban por las riberas de los ríos de Oro y Catatumbo.
Sobre el drama de los civiles víctimas de la violencia en el oriente colombiano aparece una confrontación entre el gobierno venezolano y organizaciones no gubernamentales, tras la cual se esconden razones de política internacional.
El presidente Hugo Chávez dijo durante su visita a Brasil en agosto que su país «está lista para volver a recibir a colombianos desplazados por la violencia, respetando sus derechos humanos. No vamos a echarles plomo».
Un año atrás, unas 20.000 personas que habían llegado a Venezuela en apenas dos días fueron devueltas a Colombia, luego de darles refugio provisional y transportalos a otra zona de la extensa frontera común.
Sin embargo, esta vez el ejército venezolano fue señalado por Marino Alvarado, de la organización Provea, de disuadir a los refugiados para que ingresaran a Venezuela para luego devolverlos a su país de origen.
La representante de Acnur, Mónica Morales, dijo que funcionarios de esa entidad recorrieron en lancha la zona y encontraron desplazados, mientras que los enviados militares actuaron desde aviones y no los vieron.
Morales agregó que patrullas del ejército «amablemente invitaron» a los desplazados a volver a Colombia.
Por su parte, Alvarado afirmó que «el gobierno venezolano viola la Constitución, que obliga a brindar a los refugiados protección humanitaria y en salud, apoyo sicológico y a tramitar sus solicitudes de radicación».
El director de Provea, Raúl Cubas, dijo a IPS que el gobierno, «por desconocimiento o inexperiencia», califica a estos civiles colombianos de «desplazados internos en tránsito», mientras «una persona que sale de su país para proteger la vida, es un refugiado».
Sin embargo, una fuente de la cancillería que no quiso revelar su identidad dijo a IPS que la denominación de «desplazados internos en tránsito» obedece a una decisión política del gobierno para, deliberadamente, evitar reconocer un problema de refugiados en la zona.
«No queremos ser retaguardia, zona de alivio u hospital de campaña en la guerra civil que afronta Colombia», señaló.
«La aceptación formal de refugiados puede traernos centenares de miles de personas en poco tiempo y crearnos problemas adicionales en la frontera», explicó.
También explicó que por ello Venezuela adoptó, de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre casos en Africa, el término «desplazados internos», que lo serían en este caso del interior de Colombia, y «en tránsito», porque se propone actuar apenas como corredor humanitario.
Además, con esa concepción se mantiene distancia en la práctica con Acnur, con otras agencias de cooperación internacional y con grupos humanitarios que, de otra manera, exigirían recursos en una frontera que Chávez calificó de «la más caliente de América Latina».
El gobierno colombiano ha aceptado la calificación venezolana a las personas desplazadas, temeroso de poner sal en las heridas del vecino, pues Caracas rechaza el llamado Plan Colombia, de lucha contra el narcotráfico, por considerar que incrementará la guerra civil.
Un comunicado de la cancillería de Venezuela dijo este jueves que el gobierno confirma «la firme disposición de trabajar en estrecha cooperación con los organismos internacionales, en especial con Acnur», a la que recuerda la necesidad de actuar con apego al derecho internacional y a la soberanía de los Estados.
Los civiles víctimas de la violencia colombiana en la frontera con este país dispondrán de un «corredor humanitario» para salvar sus vidas y volver a su país por algún nuevo camino, en una fecha más segura, pero previsiblemente no resolverán el dilema de saber si son o no refugiados. (FIN/IPS/jz/dm/hd/00
