La violencia continúa y el cese del fuego parece aún lejano en Burundi, a pesar de que la mayoría de los bandos en pugna firmaron un acuerdo de paz el 28 de agosto en la ciudad tanzania de Arusha.
La guerra civil entre integrantes de las etnias hutu y tutsi ya lleva siete años y 200.000 muertos, pero atrajo la atención internacional pocas semanas atrás cuando el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue testigo de la firma del acuerdo en Arusha, en su gira por Africa.
También estuvieron presentes en la ocasión jefes de Estado de la región que mediaron en las negociaciones entre los numerosos bandos en conflicto.
Entre los gobernantes que participaron en la mediación, dirigida por el ex presidente sudafricano Nelson Mandela, estuvieron Paul Kagame, de Ruanda, Benjamin Mkapa, de Tanzania, Daniel arap Moi, de Kenia, y Yoweri Museveni, de Uganda.
El acuerdo de Arusha prevé un período de transición de 30 meses para establecer un nuevo gobierno en que estén representados de modo justo todas las tribus de Burundi.
Sin embargo, no participaron en las negociaciones de paz los dos principales grupos insurgentes de la etnia hutu, el Frente Nacional de Liberación (FNL) y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, brazo armado del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD.
Los hutu constituyen 85 por ciento de la población y los tutsi 13 por ciento, pero el gobierno es monopolizado por los tutsi.
Los hutu fueron consquistados y esclavizados por los tutsi hace 500 años, y su predominio fue apoyado por Alemania y Bélgica durante su dominación colonial de Burundi.
Tras la independencia del país, en 1962, se produjeron varios levantamientos hutu.
El actual presidente de Burundi, Pierre Buyoya, tomó el poder en 1996, tras matanzas que siguieron al asesinato del primer presidente hutu, Melchior Ndandaye, por parte de oficiales tutsi del ejército.
Esta semana, los mediadores regionales se trasladaron a Nairobi para el comienzo de una nueva ronda de negociaciones cuyo objetivo es lograr un cese del fuego.
Buyoya, presionó a Mandela durante las negociaciones para que el diálogo se suspendiera hasta que el FNL y el CNDD-FDD depusieran las armas y se integraran al proceso de paz.
Durante las últimas semanas se produjo una escalada de violencia, mientras el gobierno y los insurgentes se acusan en forma recíproca de lanzar ofensivas para fortalecerse en vísperas de la nueva ronda de negociaciones.
Ahora muchos en Burundi piensan que el acuerdo de Arusha sólo obedeció al deseo del gobbierno y los insurgentes de mejorar su imagen, sin intención de poner fin al conflicto.
"Las conversaciones de paz no conducen a ninguna parte, pues los participantes logran importantes sumas de dinero sólo por estar presentes. Por eso desean que el diálogo continúe", comentó Agnes Mukamusoni, una integrante de la etnia tutsi de Burundi que vive en Nairobi.
Los líderes insurgentes plantearon en Nairobi tres condiciones para comenzar a negociar un cese del fuego: que el gobierno libere a todos los presos políticos, que comparta el poder y que cumpla su compromiso de desmantelar los campamentos de desplazados en torno de Bujumbura.
El líder del FNL, Cosan Kabura, declaró en Nairobi que su grupo "no tuvo ni tendrá contactos" con el gobierno de Burundi hasta que se acepten esas demandas.
Museveni expresó su irritación por la actitud de los insurgentes, y advirtió que los países de la región pueden volver a aplicar a Burundi sanciones como las que forzaron el comienzo de las conversaciones de paz.
Buyoya firmó el acuerdo de Arusha pese a la oposición de la mayor parte de los grupos tutsi, los cuales afirman que el gobierno democrático de la mayoría no es aplicable en Burundi porque allí "no hay 85 por ciento de hutus educados", y sostienen que ambas etnias deben tener la mitad del poder.
Esos grupos tampoco aceptan que cese el control tutsi del ejército. Eso explica por qué solo un puñado de grupos tutsi se comprometieron en Arusha a compartir el poder, aunque con reservas y luego de insistente presión de Mandela, quien calificó sus posiciones de perturbadoras.
De todos modos, la guerra continúa.
La situación en Bujumbura se deteriora, lo que obliga al gobierno a trasladar la población de barrios enteros a campamentos. La casa de Buyoya está bajo custodia de al menos 900 soldados. (FIN/IPS/tra-eng/ja/sm/mp-mj/ip/00
