Los negros en República Dominicana corren el riesgo de ser maltratados, despojado de sus bienes o expulsados a la vecina Haití sólo por el color de su piel, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se manifestó alarmado por las violaciones a los derechos básicos por parte de las autoridades migratorias y el ejército contra dominicanos y miles de haitianos.
La Comisión calcula que cada mes este país caribeño devuelve ilegal y masivamente a Haití a 2.000 personas negras, aunque sólo en noviembre pasado la cifra se disparó a 20.000.
"La situación es tan grave que en una redada dos mujeres negras fueron deportadas al país limítrofe sin explicación alguna, pese a que eran dominicanas", explicó a IPS el abogado Arturo Carrillo, asesor de la CIDH y profesor de la Universidad de Columbia, de Nueva York.
Carrillo explicó que la CIDH no se opone al envío a sus países de origen de inmigrantes indocumentados sino que rechaza el procedimiento violento y sumario utilizado por República Dominicana, que viola la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las acusaciones detallan que muchas personas son detenidas en forma colectiva y obligadas a abordar autobuses y otros vehículos para ser conducidos hasta la frontera, donde se les deja al desamparo.
Muchas de las víctimas pierden sus pertenencias y son separadas abruptamente de sus familiares, sin que tengan ninguna posibilidad de protestar, añadió Carrillo.
Datos oficiales estiman que en República Dominicana, con ocho millones de habitantes, residen entre 500.000 y 700.000 haitianos o descendientes de ellos nacidos en este país.
La mayoría de esta población negra forma parte de la mano de obra más barata, destinada en especial a la corta de caña y a labores en la construcción.
Las denuncias de abusos de poder por parte de militares y oficiales de migración dominicanos obligó a la CIDH a presentar una demanda de emergencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cono sede en Costa Rica.
"Todo haitiano vive con temor a ser expulsado de República Dominicana, muchas de estas víctimas reciben maltrato físico y verbal y son robadas por los mismos oficiales de migración", dijeron portavoces del organismo de la OEA.
La Corte Interamericana realizó el martes una audiencia pública en la que escuchó la acusación de la CIDH y los alegatos de los representantes de República Dominicana.
"En esta audiencia, el gobierno (dominicano) reconoció ante el tribunal internacional que es soberano para deportar a personas indocumentadas", comentó a IPS Claudia Avilés-Blonda, coordinadora del no gubernamental Centro de Trabajo Social Dominicano.
Sin embargo, a Avilés-Blonda le pareció curioso el hecho de que, mientras la CIDH sostiene que las deportaciones llegan en promedio a 2.000 mensuales, los representantes de República Dominicana aseguran que no sobrepasan las 700.
Los acusadores señalan que en estos momentos corren el mismo riesgo de ser deportados en forma indiscriminada los haitianos indocumentados o legales y los dominicanos de ese origen tengan o no documentos.
La CIDH pidió al máximo tribunal del hemisferio que se les permita a los deportados volver a República Dominicana y que se les restituyan sus bienes.
Pero los representantes del Estado dominicano son vehementes a la hora de desmentir las acusaciones y destacan el hecho de que existan miles de inmigrantes haitianos indocumentados que trabajan sin problemas en labores agrícolas.
"Es absurdo pensar que en mi país la persona de color esté temerosa, y no lo digo porque yo sea un rubio de ojos verdes, ya que también soy negro", expresó ante la Corte Interamericana Danilo Díaz, director general de migración de República Dominicana.
Todas las personas son bien recibidas en territorio dominicano, y muestra de ello son los más de dos millones de turistas que visitan el país cada año, añadió.
Es risible pensar que en República Dominicana haya discriminación racial, puesto que también está lleno de mulatos, mestizos y negros, arguyó Díaz al exponer los descargos ante el presidente de la Corte, el juez brasileño Antonio Cançado. (FIN/IPS/nms/dm/hd/00
