La Organización de las Naciones Unidas (ONU), alarmada por la explotación de cientos de millones de niños y niñas en el mundo, decidió realizar en el verano (boreal) del 2001 una sesión especial de su Asamblea General dedicada a la cuestión.
En noviembre de 1989, la Asamblea General aprobó la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la cual ha sido ratificada desde entonces por todos los 193 países miembros del foro mundial menos Estados Unidos y Somalia, y en 1990, la ONU organizó en Nueva York la Cumbre Mundial sobre la Infancia.
Sin embargo, millones de niños y niñas carecen aún de educación, y también son millones las víctimas infantiles de explotación sexual, militar y económica, incluyendo la participación forzada en conflictos armados y el trabajo en largas jornadas o en condiciones riesgosas.
Hace una década, "el mayor desafío era lograr no sólo el reconocimiento legal de los derechos de la infancia, sino también la implementación de las leyes correspondientes", señaló la embajadora jamaiquina Patricia Durrant, quien presidió la Comisión Preparatoria de la Cumbre Mundial sobre la Infancia.
Durrant aseguró que los objetivos de aquella cumbre aún no han sido alcanzados, y que el ejercicio de los legítimos derechos de la infancia ha sido impedido por desacuerdos y conflictos.
La embajadora expresó su esperanza de que la sesión especial de la Asamblea General, que se llevará a cabo en Nueva York, contribuya a mejorar las vidas de los niños y niñas del mundo.
A fines de julio, durante un discurso ante el Consejo Social y Económico de la ONU, Durrant apuntó que el consenso sin precedentes de la cumbre de 1990 se debió a varias razones.
En primer lugar, gobernantes de las más diversas orientaciones políticas podían coincidir acerca de la cuestión de la infancia. En segundo lugar, la declaración y el plan de acción propuestos y aprobados fueron concisos y establecieron con claridad lo que se esperaba de los gobiernos nacionales y en el nivel internacional.
Aquel consenso condujo a que la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, aprobada un año antes de la cumbre, fuera la más amplia y rápida en la historia de la ONU.
La Convención reconoció los derechos de niños y niñas a la vida, a no ser víctimas de discriminación ni de explotación económica o de otra índole, a recibir protección durante conflictos armados y contra la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a educación, atención sanitaria y calidad de vida adecuada.
Sin embargo, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, afirmó en un informe divulgado en noviembre, de 32 páginas y titulado "Promesas rotas", que los resultados de aquel acuerdo internacional fueron muy inferiores a sus promesas.
"Las promesas de la Convención son aún huecas para demasiados niños y niñas, quienes sufren a diario abusos que violan los compromisos asumidos por los gobiernos. La comunidad internacional les falló", explicó Lois Whitman, directora ejecutiva de la división de derechos de la infancia de HRW.
"Es imperdonable que Estados Unidos no haya ratificado la Convención. Esa omisión socava la credibilidad del país en relación con el cuidado de la infancia", subrayó.
HRW destacó que 300.000 niños y niñas de más de 30 países participan en conflictos armados en los cuales deben combatir, espiar, llevar mensajes, transportar cargas o servir como detectores humanos de minas, expuestos a riesgo de muerte, invalidez, lesiones y trauma psicológico.
Sólo en la última década, unos dos millones de niños y niñas murieron a causa de conflictos armados, según datos de la oficina del representante especial de la ONU para la Infancia en Conflictos Armados.
Otros 12 millones quedaron sin hogar por la misma causa en ese período, durante el cual conflictos armados convirtieron en refugiados o víctimas de desplazamiento forzoso a unos 26,5 millones de niños y niñas, la mitad del total de personas en esa condición, y en muchos casos también causaron la muerte de sus padres.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se ha ocupado en los últimos años de la desmovilización de niños y niñas en los conflictos armados de República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona y Sudán.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, calculó que unos 250 millones de niños y niñas, de entre cinco y 14 años de edad, trabajan en países en desarrollo, y que por lo menos 120 millones de ellos lo hacen en régimen de jornada completa.
Según la OIT, 61 por ciento de los trabajadores infantiles están en Asia, 32 por ciento en Africa y siete por ciento en América Latina, sobre todo en la agricultura en áreas rurales y sobre todo en el comercio y los servicios en las ciudades, donde otros trabajan en fábricas, en la construcción o en el servico doméstico. (FIN/IPS/tra-eng/td/da/mp/hd/00
