La estrategia de lucha contra el narcotráfico de Colombia no tendrá impacto en los países vecinos, aseguró hoy el gobierno, aunque los críticos creen que la erradicación de cultivos de coca causará un éxodo de campesinos.
El consejero presidencial Jaime Ruiz explicó que el plan de fumigaciones con herbicidas sólo afectará a "las grandes extensiones de plantaciones de coca, amapola y marihuana, e incluye programas de desarrollo alternativo" para evitar que los campesinos tengan que abandonar sus tierras.
Ruiz agregó que es necesario establecer una estrategia común con Perú, Ecuador y Venezuela para combatir los problemas generados por el tráfico de drogas, que afecta a toda la región.
Los comentarios del funcionario intentan despejar los temores manifestados en Ecuador y Perú respecto de los efectos en sus territorios del llamado Plan Colombia, de desarrollo y lucha contra las drogas, calificado de "plan para la guerra" por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.
Los embajadores Alejandro Gordillo, de Perú, y Fernando Rivadeneira, de Ecuador, transmitieron el día 13 el "apoyo incondicional a Colombia", pero admitieron que se incrementó la presencia militar en las fronteras para frenar el posible ingreso de personas desplazadas, narcotraficantes y guerrilleros colombianos.
El primer llamado de atención sobre las consecuencias del plan del gobierno de Andrés Pastrana en los países vecinos lo hizo el canciller ecuatoriano, Heinz Moeller, al anunciar que su país consideraba declarar zona de emergencia al área fronteriza con Colombia para prevenir eventuales ingresos de personas.
Rivadeneira indicó que un aumento de la inmigración colombiana representaría un "duro golpe social" para Ecuador, que atraviesa una severa crisis económica.
En cuando a Perú, el embajador Gordillo informó que se ha nombrado una comisión conjunta con Bogotá, encargada de aclarar las dudas que existan sobre las posibles implicaciones del plan antidrogas colombiano.
El gobierno de Pastrana adquirió una responsabilidad frente al país y a la comunidad internacional para llevar a cabo su estrategia de lucha contra el narcotráfico y los factores generadores de violencia que le acompañan, dijeron el martes portavoces de Bogotá.
Jorge Rojas, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, dijo a IPS que aumentará el número de personas desplazadas, que hoy es de casi dos millones (cuatro por ciento de la población), si el Plan Colombia se ejecuta tal como ha sido diseñado.
Esa situación afectará las regiones fronterizas con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y generará un grave problema de seguridad regional, opinó.
Para Rojas, el plan de Pastrana a desarrollarse en el sudeste del país "está amarrado a las necesidades de la política antidrogas de Estados Unidos", que ataca a los cultivadores de coca y no a los grandes narcotraficantes.
Unas 38.000 familias residentes en el sudeste colombiano, que suman cerca de 190.000 personas, trabajan directamente en la economía de las drogas como cultivadores, recolectores y procesadores, mientras que 90 por ciento de la población del lugar está vinculada de alguna forma con esta actividad.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) anunció que tiene previsto instalar una delegación en Putumayo (epicentro del programa de destrucción de cultivos ilícitos del Plan Colombia), para llevar a cabo programas de prevención al problema del desplazamiento.
Leila Lima, delegada de Acnur, informó que "prepara planes de emergencia para la eventualidad en que haya colombianos que crucen la frontera", a raíz de los efectos que pueda tener la aplicación del Plan Colombia.
Este programa, que deberá estar listo para su implementación en septiembre, tiene un costo de 7.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno colombiano aportará 4.500 millones.
Estados Unidos ya confirmó una asistencia de 1.300 millones de dólares y el resto se espera llegue de una mesa de donantes de Europa y Asia, que ya confirmó una ayuda de unos 800 millones de dólares.
Cerca de 60 organizaciones no gubernamentales colombianas y del exterior asistirán en septiembre a un foro en Costa Rica, en el que se debatirán las posibles consecuencias del Plan Colombia en los derechos humanos y el ambiente.
Algunos críticos señalan que el plan gubernamental parte de una concepción autoritaria de la seguridad nacional, basada exclusivamente en la lucha antinarcóticos dictaminada por Estados Unidos, que llevará a una escalada del conflicto armado interno.
Las organizaciones sociales afirman también que el Plan Colombia atentará contra las comunidades campesinas, destruyendo su cultura y sus hábitos de vida, y afectará el ecosistema con la aplicación de herbicidas y otros agentes biológicos. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
