Nuevas revelaciones sobre la desviación de fondos públicos en la construcción de una sede judicial en Brasil provocaron una crisis en el gobierno, que afecta a un ministro y a un ex asesor del presidente Fernando Henrique Cardoso.
La revista Isto adelantó su edición de este fin de semana y comenzó a distribuirla el jueves por la noche, con la publicación de diálogos obtenidos por escucha en el teléfono del juez Nicolau dos Santos Neto, prófugo y principal acusado de los fraudes que costaron 169 millones de reales (94 millones de dólares al cambio actual) al Estado.
El ministro de Planificación, Marcus Tavares, es señalado como la autoridad que en 1995 y 1996, como viceministro, tramitaba la liberación de recursos adicionales, no previstos en el presupuesto, para la construcción de la sede del Tribunal Regional del Trabajo en Sao Paulo.
Pero el juez se presentaba a Tavares con el apoyo previo del secretario general de la Presidencia, Eduardo Jorge Caldas Pereira, asesor de confianza que sirvió a Cardoso de 1983 a 1998, acompañando su ascenso de senador a canciller, ministro de Hacienda y finalmente a presidente.
Los diálogos revelados por Isto identificaron también al senador Romeu Tuma, ex jefe de la Policía Federal, como el político que hizo gestiones en favor del juez, a cambio del nombramiento de parientes como funcionarios de la justicia.
La revista publicó lo que asegura ser una pequeña parte de 400 horas de escucha telefónica realizada durante un año por la Policía Federal y la Agencia Brasileña de Inteligencia, organismo de informaciones para la seguridad del Estado.
Sus revelaciones agravaron noticias difundidas horas antes por dos diarios, echando por tierra explicaciones de la Presidencia y dos Ministerios del área económica que negaban cualquier posibilidad de interferencia del Poder Ejecutivo en recursos destinados al Poder Judicial.
Documentos oficiales prueban que en 1995 y 1996 fueron liberados sumas suplementarias, es decir fuera del presupuesto nacional aprobado por el Congreso, para el edificio de Sao Paulo, por 36 millones de reales (20 millones de dólares al cambio actual, casi el doble en la época).
Esos fondos adicionales, pedidos por la Justicia del Trabajo, fueron acogidos por las autoridades del Ministerio de Planificación que los justificaron ante el Congreso, como indispensables para evitar una interrupción de la obra y consecuentes pérdidas.
El escándalo, en desarrollo desde el año pasado, provocó nerviosismo en el gobierno, con reuniones de miembros del gabinete para discutir medidas. Una decisión fue mantener a Tavares como ministro de Planificación.
Los temores del el mercado financiero se reflejaron en una caída de 3,57 por ciento en las operaciones del jueves en la bolsa de valores de Sao Paulo. Empresarios dijeron temer una nueva corrosión de la credibilidad del país entre inversionistas extranjeros.
Poco contribuyeron a despejar el clima de sospechas las explicaciones técnicas del ministro Tavares, quien sostuvo que su participación en la liberación de fondos es sólo formal, un eslabón no decisivo en la cadena de trámites que comienzan en el Poder Judicial y pasan por el Congreso y la firma de Cardoso.
La oposición de izquierda pidió la conformación de una comisión parlamentaria de investigación para aclarar el papel del Presidente en el caso.
Cardoso debe explicaciones a la nación y reconocer la ilegalidad que cometió al firmar la entrega de recursos adicionales para una obra cuyo aumento artificial de costos ya había sido denunciada, dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luis Inacio Lula da Silva.
"Está en juego el honor del presidente Cardoso", agregó el presidente nacional del PT, el diputado José Dirceu, quien negocia con otros partidos la creación del grupo investigador del parlamento.
El caso, que amenaza con derivar hacia una crisis institucional, se conoció el año pasado a partir de una investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades en el Poder Judicial que identificó el desvío de sumas destinadas al Tribunal de Sao Paulo.
Las actuaciones policiales condujeron al enjuiciamiento del juez Santos Neto, quien desapareció ante la orden de prisión, y a señalar la posible complicidad del legislador Luiz Estévao, empresario de la construcción que se habría beneficiado de la sobrefacturación de la obra, por lo cual fue expulsado del Senado.
Quedó por aclarar el papel del ex asesor presidencial, Caldas Pereira, quien recibió 117 llamadas telefónicas de Santos Neto durante los años de la obra en cuestión. Las sospechas desataron el actual escándalo, que se intensifica por involucrar a la Presidencia, ministros y a las máximas autoridades judiciales.
En el caso de que no se sepa quienes se quedaron con el dinero desviado y el papel de cada personaje, será dificil interrumpir la aparición de novedades en la prensa.
Ese hecho hace recordar el proceso que llevó a la destitución del presidente Fernando Collor de Mello en 1992 y de varios diputados en los años siguientes, todos acusados de corrupción.
El ex senador Estévao amenazó con hacer otras revelaciones, al decir que "no se quemará solo". El juez prófugo y el ex secretario general de la Presidencia también pueden convertirse en testigos explosivos.
Cualquiera sea el desenlace, las dudas ya agravaron la situación del gobierno de Cardoso, que enfrenta un largo período de bajísima popularidad, iniciado con la devaluación del real frente al dólar en enero de 1999. (FIN/IPS/mo/dm/ip/00
